Derechos y desigualdades
La imagen la vi en redes sociales, no pude verificar su origen y no se mencionaba la identidad de la persona. Es el rostro de un adulto mayor, un hombre de expresión dura enmarcada por sus arrugas, con mirada profunda y de una ternura inexplicable; portaba un cubrebocas azul, de pellón, tan desgastado que estaba completamente rasgado.
A los y las mexicanas la pandemia no sólo nos restregó en la cara las deficiencias de nuestro sistema de salud, que entre otras razones, es consecuencia de décadas de saqueo y malos manejos administrativos de quienes tuvieron la encomienda de garantizar nuestra seguridad social. También nos ha obligado a quienes todavía tenemos la capacidad de mirar más allá de nuestros privilegios, a voltear hacia esos sitios donde existe una profunda desigualdad. Nos ha hecho entender que durante mucho tiempo hemos permitido e incluso solapado esas condiciones de desigualdad.
Hace unos días el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, dio a conocer el estudio “Mortalidad por COVID-19 en México. Notas preliminares para un perfil sociodemográfico”, realizado por el doctor Héctor Hernández Bringas, el cual revela que la escolaridad del 71 por ciento de las personas que han muerto por esta enfermedad era apenas de primaria.
También la violencia de género durante el confinamiento, así como el trabajo no remunerado y de cuidados han incrementado y han marcado más la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, y sin embargo, los gobiernos de todos los niveles son omisos o ineficaces en la atención y solución integral de estos problemas.
Y mientras tanto, morenistas, emecistas, panistas, priistas y demás tribus, están inmersos en demostrar quién enfrenta de peor manera la crisis, aunque en ello se vaya la vida de las personas, la población no puede esperar más. En este país hay millones de personas que tratan de sobrevivir como pueden, sin que ninguna autoridad se tome en serio, o por lo menos no con acciones contundentes, su responsabilidad de generar las condiciones necesarias para una vida digna.
Una vida en la que no haya más personas con hambre, en la que la brecha de género se elimine y que el trabajo doméstico y no remunerado no recaiga tan sólo en las mujeres; en la que se garanticen la paz y la justicia y se prioricen los procesos conciliatorios en las comunidades, para volver a hacer comunidad.
Todos los derechos para todas las personas debería ser el principio básico para quienes ejercen un cargo público; a partir del cual se fundamenten todas y cada una de las políticas públicas, programas y acciones de gobierno. No podemos ni debemos aspirar a menos. Si de alguna forma nos cambiará esta pandemia, que sea para que nunca más cerremos los ojos ante la desigualdad.