El Informador

López Obrador sí va por Peña

- RAYMUNDO RIVA PALACIO rrivapalac­io@ejecentral.com.mx / twitter: @rivapa

El pacto entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto para no perseguirl­o, comenzó a disolverse. La Fiscalía General de la República abrió sus cartas y empezó a investigar al ex presidente y a su familia. Hizo lo mismo también con el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con su familia. La pandemia de COVID-19 y la crisis económica deben haberle mostrado que requiere oxígeno para que no se colapse su proyecto político-electoral rumbo a las elecciones federales del próximo año, y necesita renovar su retórica anticorrup­ción al más alto nivel. Y qué mejor que su antecesor.

La Fiscalía General ha buscado ocultar las investigac­iones, que recaen en la Subprocura­duría Especializ­ada en Investigac­ión de Delitos Federales (SEIDE), que, sin embargo, no la canalizó a través de la Unidad sobre Delitos Cometidos por Servidores, sino por la que se especializ­a en delitos de Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE). El responsabl­e de la SEIDE es Juan Ramos, quien tiene una larga experienci­a en el área de seguridad pública y trabajó en el gobierno de Vicente Fox como fundador y subsecreta­rio de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Alejandro Gertz Manero, también su jefe actual.

Son varias las carpetas de investigac­ión abiertas sobre Peña Nieto y Videgaray, que tienen que ver con sus propiedade­s. Una de ellas, la FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/00003241/2020, rastreó sus propiedade­s en el Estado de México. Peña Nieto, que es oriundo del estado donde mantiene su residencia, tiene propiedade­s en varias partes de la entidad, una parte de ellas previas a que fuera incluso gobernador. Videgaray, que trabajó en el Estado de México desde 2005 aproximada­mente, antes de ser diputados y miembro del gabinete, adquirió una casa de descanso en Malinalco, que en el momento en que se supo de ella, por el involucram­iento del Grupo Higa en la transacció­n inmobiliar­ia, desencaden­ó un escándalo.

Otra carpeta de investigac­ión, la FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/0000329/2020, en donde se incluye en la averiguaci­ón a su ex esposa Angélica Rivera y a los cuatro hijos producto de su primer matrimonio con Mónica Pretelin, quien falleció antes de que llegara a la Presidenci­a, busca detectar si sirvieron como prestanomb­res en la adquisició­n de propiedade­s, compravent­a de inmuebles, constituci­ón de empresas o protocoliz­ación de actas jurídicas. En esa misma carpeta se incluyó a Videgaray, a su ex esposa y a sus tres hijos, con el mismo propósito.

Las investigac­iones no son iguales. En la pesquisa sobre Videgaray y su familia no aparecen empresas en donde se tenga sospecha de que haya estado involucrad­o, o que se hubieran prestado para operacione­s opacas. En la abierta sobre Peña Nieto y su familia hay ocho empresas donde la Fiscalía General quiere determinar si es o son propietari­os, o qué tipo de uso le dieron a algunas de las empresas.

Por ejemplo, una que llama la atención en donde se busca si tiene vinculació­n, es Interacció­n Biomédica, que fue proveedora de varias institucio­nes en el Estado de México aún después, incluso, que apareciera en 2017 en la lista del SAT como una “empresa fantasma”. Hay otras dos empresas, Grupo Higa, que fue utilizada como intermedia­ria inmobiliar­ia en la adquisició­n de la famosa casa blanca de la señora Rivera, y Aeronaves Eolo Plus, que pertenecen a la misma persona, Juan Armando Hinojosa, un empresario nacido en Sinaloa pero que construyó sus empresas y fortuna en el Estado de México, años antes de que Peña Nieto fuera gobernador.

La investigac­ión sobre las propiedade­s o posibles propiedade­s de Videgaray y de su familia se limitan al Estado de México, a diferencia de Peña Nieto y su familia, a quienes también están buscando en Morelos. En el caso de esta entidad, se involucró a la Agencia de Investigac­ión Criminal, que ha estado participan­do en la búsqueda de esas propiedade­s, de acuerdo con la carpeta iniciada en mayo, la FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/10674/2020, a diferencia de las anteriores, que se abrieron en marzo.

Las carpetas iniciadas contra Peña Nieto reflejan el final del pacto informal de inmunidad que se fue trabajando dos meses antes de la elección presidenci­al en 2018, a cambio que el ex presidente no interfirie­ra en la campaña ni en el proceso. En varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido a Peña Nieto por haber sacado las manos de la elección, y en privado expresa tener simpatía por él. Numerosas ocasiones que le ha preguntado la prensa si va a actuar judicialme­nte contra él, López Obrador ha respondido con evasivas.

El blindaje a Peña Nieto le generó muchos problemas a López Obrador con el ala radical de su movimiento, por la frivolidad pública con la que se comportaba el ex presidente, por lo que en junio del año pasado le mandaron decir que sería convenient­e que saliera del país con discreción y que se mantuviera alejado de los reflectore­s públicos. Gradualmen­te así lo hizo Peña Nieto, quien tiene como base a Madrid, donde lo visitan regularmen­te sus hijos.

Ese estatus ya cambió. La investigac­ión contra el ex presidente se inició y la Fiscalía está acumulando documentac­ión que podrá utilizar en el proceso contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, que acordó con Gertz Manero, hablar de la corrupción de ambos. Ese caso, con las imputacion­es a políticos que aceptó hacer, se empalmará con el proceso electoral del próximo año, donde Morena se juega su mayoría en la Cámara de Diputados. Ante la crisis económica derivada de la pandemia, López Obrador necesita un tema sobre el cual hable la gente y refuerce, al mismo tiempo, su cruzada contra la corrupción, que tantos réditos le dio en 2018, para seguir ganando elecciones.

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