Disputas políticas agravan la inseguridad
Ala mala noticia de los pocos resultados que han dado hasta hoy las políticas y la estrategia de seguridad pública del gobierno de la autollamada cuarta transformación ahora tenemos que sumar el riesgo de las divisiones y la falta de coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales por pugnas políticas como pasa en Chihuahua donde el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de esa entidad Javier Corral reconocen que la comunicación está rota, y los mandos militares y policiales del gobierno federal se retiraron de la mesa de seguridad estatal.
Como se sabe, este rompimiento vino luego de que un matrimonio que participó a principios de septiembre en la toma de la presa La Boquilla, inconformes por el trasvase de agua a los Estados Unidos, fue atacado a tiros presuntamente por parte de elementos de la Guardia Nacional, cuando regresaban a su comunidad a bordo de su camioneta, provocando su muerte. Este hecho, tensó aún más las de por sí ríspidas relaciones entre el gobierno federal y el de Chihuahua y por las críticas a la GN, el gobierno federal abandonó las reuniones cotidianas de seguridad.
Esta tensión escaló a nivel nacional luego de que el jueves pasado los gobernadores que integran la Alianza Federalista (Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Aguascalientes y Tamaulipas) manifestaron su respaldo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, también integrante de ésta, y en un comunicado reclamaron al gobierno federal que la seguridad en sus estados no debía estar condicionada ni afectada por disputas políticas, ya que la politización de este tema sólo creaba condiciones favorables para el crecimiento de la delincuencia en detrimento de la sociedad. Reprobaron la decisión “unilateral” de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de eliminar la coordinación que constitucionalmente es obligada entre las autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública, y de paso reiteraron su inconformidad con la desaparición del Fondo para la Seguridad Pública del paquete económico para el 2021 que estaba destinado a apoyar a los municipios para el fortalecimiento de sus policías, por lo que exigieron que en la Cámara de Diputados se restablezca.
Habrá que ver, pues, cómo se reestablece la coordinación policial entre el gobierno federal y el de Chihuahua, primero, y después cómo responde el gobierno de la 4T a los reclamos que en materia de seguridad le hicieron en bloque estos 10 gobernadores, que temen que en sus estados pueda darse una situación similar por las diferencias políticas.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a hacer a un lado las disputas políticas y cumplir su obligación constitucional de dar seguridad a los ciudadanos como la principal tarea del Estado, que están lejos de cumplir, y que en vez de mejorar podría venir a peor si los intereses político partidistas se imponen por el actual proceso electoral.