La Corte revierte el nocturno atraco electoral
Como en su momento lo consigné aquí, la madrugada del viernes 19 de junio pasado, mientras los jaliscienses dormían, las y los diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN) no sólo fueron cómplices para atracar el Consejo de la Judicatura imponiendo en un desaseado proceso a Tatiana Esther Anaya Zúñiga, a Iván Novia Cruz y a Claudia Esperanza Rivera Maytorena como consejeros de esa institución clave para limpiar el Poder Judicial, sino que ya encarrerados, decidieron sacar ventaja y enlodar el proceso electoral del 2021, al aprobar una reforma que bajaba de dos meses a uno la duración de las campañas electorales.
La iniciativa fue presentada por la bancada panista con toda la bendición, más bien indicación, de la fracción mayoritaria naranja con la coartada de la pandemia del coronavirus, pero que para los opositores, sobre todo para las organizaciones políticaspolíticasqueque entonces buscaban su registro como partidos políticos estatales, como Futuro y Hagamos, fue una reforma con la que se intentó que los candidatos de oposición no tuvieran el tiempo suficiente para remontar una campaña a la que llegarían con ventaja los candidatos de MC y PAN que buscarían la reelección o que estarían proyectados desde algún puesto público de los gobiernos municipales y del estatal.
El tufo oportunista y ventajoso de la iniciativa quedó aún más en evidencia por la prisa con la que se procesó y sin entrar al debate de fondo de las reglas electorales, como el tema del financiamiento a los partidos políticos, su rendición de cuentas y los gastos de campaña. De hecho pese a que se recortaba a la mitad el tiempo de las campañas, nunca se planteó disminuir el dinero que recibirían los partidos políticos y sus candidatos y candidatas.
Todo eso lo evaluaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y le dieron un correctivo más, palo pues, a la LXII Legislatura de Jalisco.
Ni más ni menos es el apoyo que dieron los ministros al proyecto de su colega Jorge Mario Pardo Rebolledo el lunes que invalidó la reforma con la que el Congreso del Estado aprobó acortar de 60 a 30 días las campañas electorales locales, con el pretexto abusivo y falso de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La Corte, para bien, logró revertir parte del asalto de aquella madrugada negra, pero nos hizo recordar el asalto a la Judicatura, como un golpe consumado sin reversa que exhibe la sumisión del Legislativo frente al Poder Ejecutivo y la anulación de facto del principio de la separación y autonomía de poderes locales, que la Corte hizo efectiva.