El engaño de López-gatell
Como todos los martes de mañanera en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-gatell, repitió su reporte nocturno sobre la COVID-19, donde el énfasis no fue lalapan-pandemia, demia, sino el inicio de la vacunación contra la influenza. Sin embargo, escondido entre los acentos de la narrativa, la verborrea, las gráficas de múltiples colores, y la sobre saturación de información, abundó, sin decirlo claramente, lo que había anticipado desde el domingo: que hay una importante cifra negra en los posibles casos positivos que nunca serán contabilizados, porque no tuvieron una muestra para el diagnóstico, por lo que la estadística final sobre el número de contagios del coronavirus, se infiere, jamás los sumará de manera oficial. O sea, ¿cuántos muertos habrá por la pandemia? No lo sabremos.
Para el récord, y para cuando llegue el momento que sin la protección presidencial rinda cuentas políticas por su manejo, esto fue lo que dijo el martes el zar del coronavirus: “Tenemos un conjunto de muestras que han sido tomadas de estas personas (los casos sospechosos) y están en proceso de resultado de procesamiento en laboratorio, pero también tenemos un conjunto de personas que, teniendo las características clínicas de la enfermedad -y siendo todas ellas consideradas en la estadística necesaria para la vigilancia epidemiológica-, no tuvieron una muestra para el diagnóstico.
“Esto no es inconveniente desde el punto de vista de vigilancia epidemiológico, porque son contabilizadas, son identificadas, el lugar donde fueron atendidas, el lugar donde residen, brinda información sumamente valiosa para las acciones de prevención y control, pero sencillamente no tienen una muestra de laboratorio, o bien la muestra biológica sí se tomó, pero cuando se procesó en el laboratorio no se identificó que fuera viable”.
López-gatell no lo ventiló públicamente, pero de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud, el 7% de las personas que no tuvieron muestra, fueron hospitalizadas ante la gravedad de sus síntomas, y fuera del tiempo máximodemáximode procesamiento de la muestra, el total de decesos suma los dos mil 025 desde el inicio de la crisis sanitaria, que representa el 2.6% del total de fallecidos.
La deficiencia en las muestras no había sido admitida por el gobierno, y tuvo que ventilarse en público ante la reclasificación de los casos sospechosos de la COVID-19, empujada por el inicio de la temporada invernal, periodo en el que suben drásticamente los padecimientos por la influenza, con lo que los números del SARS-COV-2, pariente de ella, tendrían un incremento. La reclasificación y las declaraciones de López-gatell pasaron desapercibidas, pese a la enorme revelación que nos dijo, que una gran parte de pacientes sospechosos de COVID-19, no tendrán un resultado definitivo sobre la enfermedad por falta de muestra o porque la misma no pudo ser procesada.
La reclasificación que esbozó López-gatell el martes, divide a los pacientes entre quienes no tuvieron una prueba, pero sí presentaron síntomas, y aquellos que a pesar de realizarse una prueba, no recibirán sus resultados por errores en el procesamiento o transportación de la muestra. Esto significa, de acuerdo con los mismos datos de la Secretaría de Salud, que hasta el domingo pasado, 93 mil 803 personas que se realizaron la prueba de la COVID-19, o sea, el 75.3% de quienes se sometieron a estudio, no conocerán su resultado debido a esos errores.
De esta forma, como explicó Elizabeth Velázquez el domingo pasado en la edición nocturna de Eje Central, el cambio de definición de sospechosos que no tienen prueba de laboratorio para confirmar, incluyó a los sospechosos sin prueba, por lo que el número total pasó de 82 mil 914, a 310 mil 42, de los cuales la mayoría no tiene muestra, ni esperanza de recibir un resultado. Entre los sospechosos se contabilizan 185 mil 320 personas que no formaban parte de las estadísticas porque son precisamente aquellos casos sin una muestra, admitió José Luis Alomía, director general de Epidemiología.
López-gatell estuvo ocultando estos datos durante más de cinco semanas, mientras hacía malabares con las cifras y las estadísticas. El 21 de agosto, Velázquez y otra reportera, Olinka Valdés, adelantaron que habría sospechosos que jamás podrían recibir un resultado por el mal manejo de las muestras, lo que se sumaba a que México era uno de los países que menos pruebas ha hecho para detectar la COVID-19, al haberse planteado desde un principio la estrategia de sólo realizarlas en su totalidad en personas con síntomas graves, y en el 10% de los pacientes leves.
El retraso en la entrega de resultados de las pruebas de PCR, el acrónimo en inglés para Reacción en Cadena de Polimeras, que diagnostica el patógeno del coronavirus, comenzó en enero, reportaron Velázquez y Valdés, a partir de la base de datos abiertas de la Dirección General de Epidemiología, que fue mostrando los rezagos de manera progresiva hasta su pico en julio, cuando se realizó la prueba de detección de la COVID-19 a 23 mil 399 personas, de las cuales 598 fallecieron sin resultado.
Los verdaderos números de la muerte de la COVID-19 y sus estimaciones han sido ocultadas por López-gatell, como en el tema de las muestras, donde Alomía estima pérdidas de 28 millones de pesos –originalmente se calculaban 50 millones- por los estudios que resultaron fallidos. El dinero, en todo caso, es irrelevante frente a las vidas perdidas por la COVID-19, y el número de víctimas está directamente relacionado con la estrategia que se siguió para enfrentar la pandemia.
López-gatell ha defendido contra todo y todos su estrategia –no podía decir otra cosa-, y públicamente López Obrador lo ha respaldado. Pero apoyo político no significa eficiencia o un diseño certero para la contención y el combate al virus. La pandemia no ha terminado y vendrá la segunda ola. También llegará el momento del juicio final al subsecretario, cuando explique qué hizo y por qué lo hizo.