Violencia política afecta a alcaldesas de la metrópoli
María Elena Limón y Adriana Cortés son sólo dos testimonios de funcionarias violentadas En los comicios próximos se estrenan reformas que buscan prevenir y sancionar esa práctica
Pasaron 471 años desde la Fundación de Guadalajara y, finalmente, en 2015, una mujer fue electa para gobernar uno de los municipios más importantes de Jalisco: Tlaquepaque. Tres años después, otra mujer ganó la elección en Juanacatlán y hoy son dos las alcaldesas en el Área Metropolitana de Guadalajara: María Elena Limón y Adriana Cortés González, respectivamente.
A pesar de que ha crecido la presencia femenina en la esfera pública y en cargos de poder, las mujeres aún tienen que enfrentar condiciones de inferioridad y violencia política, pues se les juzga por su apariencia física, su manera de hablar, su estado civil o su atuendo, dejando de lado su formación profesional.
En la elección pasada hubo casos notorios en contra de legisladoras, presidentas municipales y consejeras electorales, entre otras mujeres que aspiraron a cargos públicos. Por ello, combatir este delito de cara a los comicios de 2021 se mantiene como el reto principal.
María Elena Limón, alcaldesa de Tlaquepaque desde hace cinco años, reconoce que ha sido víctima de violencia política en numerosas ocasiones, lo que le ha implicado un doble esfuerzo para aspirar a cargos de poder político y defender el trabajo que realiza desde la función pública.
"No una, sino muchas veces de manera permanente desde el inicio de mi carrera política. Los adversarios siempre han ejercido violencia política tratando de amedrentarme y presionar con lo que ellos consideran que puede dañar la autoestima, metiéndose en asuntos personales como el color de tu cabello, si eres delgada o tienes sobrepeso. Siempre tratan de provocarnos miedo".
Por su parte, Adriana Cortés González, presidenta municipal de Juanacatlán, admite que, en su experiencia, el trato que recibe de los ciudadanos es distinto al que el que le dan a sus compañeros políticos, pues nota que a las mujeres que ocupan cargos públicos importantes, la gente las sigue viendo “inferiores”.
Ejercer violencia política en contra de funcionarias ya es un delito sancionado con hasta siete años de prisión, pero la elección intermedia tiene como particularidad que allí se estrenarán las reformas a siete leyes para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política de género, y los órganos encargados de su desarrollo deberán atender denuncias y castigar agresiones.
Se pone en tela de juicio la vida personal de las mujeres para, de esta manera, decir que no tienen capacidad para esos cargos. A los hombres no les preguntan si son casados o divorciados, si tienen hijos fuera del matrimonio, y a nosotras sí
Alejandra Cartagena, vicecoordinadora de Cladem