Grave, muy grave
Preocupación permanente de las sociedades contemporáneas es evitar que los gobernantes abusen del poder. En el siglo XVIII, Louis Charles de Secondat, barón de Montesquieu, planteó, para evitar la concentración de poder en unas manos y, por tanto, el riesgo del despotismo, la división del poder público en tres: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada uno ejercido separadamente y ajustándose en su desempeño a las facultades expresamente conferidas en la Constitución, de tal suerte que, a manera de pesos y contrapesos se limiten entre sí. Bajo esta lógica, el encargo del Poder Legislativo es formular las leyes; el del Ejecutivo, hacerlas cumplir y la función del Judicial, el control de la constitucionalidad de los actos de los anteriores siendo, además, garante de los valores fundamentales de la sociedad: la libertad y la justicia.
Hace unas semanas, hablábamos en esta columna sobre la importancia de las instituciones, esas construcciones jurídicas que permiten el funcionamiento del Estado y dan certidumbre a la vida de quienes integramos la sociedad. Vuelvo al tema porque, días atrás, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la más importante de las instituciones públicas, la encargada de vigilar que la actuación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se ajuste al marco constitucional, resolvió la procedencia de la consulta planteada por el Presidente de la República cuyo objetivo implica “la posibilidad de investigar y, en su caso, sancionar a los ex presidentes, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, por la comisión de posibles delitos antes, durante y después de sus gestiones”. ¿Por qué a Echeverría, el héroe del 68, no? La resolución del pleno de la Corte no solo obsequia la voluntad del titular del ejecutivo, sino también, en un hecho sin precedente, le enmienda la plana y reformula la pregunta, substituyendo los términos en los que fue originalmente redactada, supliendo de facto, sin ser sus facultades, las deficiencias y omisiones contenidas en el documento inicial. Ese hecho es gravísimo porque la Corte, yendo más allá de sus atribuciones, deja de ser un tribunal jurisdiccional para convertirse en un tribunal político supeditado al Poder Ejecutivo.
Días atrás, se rindió homenaje a la Ministra de la Corte Suprema de los EUA, Ruth Bader Ginsburg, recientemente fallecida y notable por sostener, incluso frente al poder del Presidente, posiciones no solo críticas sino enfrentamientos en defensa de los valores de la sociedad norteamericana. En reconocimiento a su honestidad y a sus aportaciones, recibió en el Capitolio el mayor de los homenajes y ha sido objeto de innumerables muestras de admiración aun por quienes no compartieron sus ideas: lo que enaltecen es el valor de su congruencia. Bien harían los señores Ministros que votaron a favor en entender que su responsabilidad no es condescender con los despropósitos del inquilino de Palacio Nacional. Su compromiso es con México; que una lealtad mal entendida haya nublado su inteligencia es grave, muy grave.
“No existe peor tiranía que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia.”- Montesquieu.