El PIN Parental; lo público y lo privado
Ante la falta de mejores ocurrencias, el PAN Jalisco llevó al Congreso del Estado una iniciativa para aplicar el llamado PIN Parental, que no es otra cosa que establecer legalmente el derecho de los padres para decidir, en lo particular, los contenidos de educación sexual que recibirán sus hijos en las escuelas.
La idea ni siquiera es original. La están copiando de una propuesta del partido Vox en la región de Murcia, España y que el gobierno del Partido Popular aprobó. Esa misma propuesta la llevaron al Congreso de Nuevo León en mayo pasado, en una extraña alianza entre PAN, PRI, Morena, PES y PT. Tuvo que intervenir la Secretaría de Gobernación para evitar que Morena su sumara y, con ello, se aprobara la iniciativa. Se llama PIN Parental por las siglas en ingles del Personal Identification Number (Número de Identificación Personal), que se usa como clave de control en los cajeros automáticos, pero también, por ejemplo, para evitar el acceso de los hijos a contenidos de televisión. La propuesta establece el derecho de los padres a controlar lo que verán sus hijos en la escuela. El PIN no es, pues, otra cosa que buscar que los padres tengan un mecanismo de censura.
Los padres tienen derecho absoluto a educar a sus hijos en casa. La escuela, al igual que el Estado, es laica justamente para asegurar este derecho. Los contenidos de la educación deben tener perspectiva científica y, de acuerdo con nuestra Constitución, también de Derechos Humanos, merced a una reforma constitucional de principios del siglo XXI que, por cierto, se aprobó en el gobierno panista de Fox (la mejor herencia de ese sexenio). Donde la puerca tuerce el rabo y nace la discusión es, justamente, en que la ciencia y los derechos humanos no están exentos de perspectivas ideológicas y más cuando se trata de sexualidad.
Para los grupos conservadores, la sexualidad es parte esencial de sus batallas ideológicas. Podemos o no estar de acuerdo con ellos (yo en lo personal no lo estoy), pero lo que debemos discutir no es el derechos de los padres a educar a su hijos, que nadie se los niega, sino sobre el papel del Estado en la educación y la salud. Darles a los padres una herramienta de control de contenidos, como pretenden con el famoso PIN, equivaldría a renunciar a la posibilidad de generar políticas públicas en materia de salud reproductiva desde la educación.
El embarazo adolescente es un problema no sólo de salud pública, sino un gran generador de desigualdades sociales y de género. Valgan algunos datos: cada día, en este país, mil adolescentes quedan embarazadas; ocho de cada 100 terminarán siendo madres prematuras y perdiendo su posibilidad de desarrollo social, económico y laboral; las complicaciones por parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años.
Toca a los padres educar a sus hijos como quieran; al Estado le corresponde brindar educación de calidad, anteponiendo siempre el derecho de los niños a su desarrollo y a la salud. No hay, pues, qué confundir los ámbitos de lo público y lo privado: que el PIN se quede en casa y que el Estado haga lo que le toca.
No hay, pues, qué confundir los ámbitos de lo público y lo privado: que el PIN se quede en casa y que el Estado haga lo que le toca.