El PAN busca su PIN electoral
La presentación de la iniciativa del PIN Parental con la que se pretende que los padres de familia decidan qué contenidos de educación sexual, reproductiva y sobre temas de diversidad sexual reciban sus hijos, y si toman y cursan, o no, esas materias y sus actividades (vulnerando el derecho constitucional de niños, niñas y adolescentes a la educación), parece ser un claro intento del Partido Acción Nacional (PAN) para retomar viejas banderas y buscar recuperar parte de una clientela electoral que lo convirtió, hace 25 años, en la primera fuerza política de Jalisco.
La apuesta es, a todas luces, de alto riesgo y se le pudiera revertir por partir de una hipótesis y una lectura equivocada de la realidad al dar por hecho que, más de dos décadas después, esa agenda contraria a la preservación y ampliación de derechos y libertades volverá a ser redituable en el electorado jalisciense y nacional.
Más aún porque si eventualmente ganaran ciertas simpatías en sectores y organizaciones civiles que gravitan en torno a agrupaciones como el Frente Nacional por la Familia, cuyos representantes acompañaron la presentación de la iniciativa que hizo ayer el diputado Gustavo Macías, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, ningún derecho humano, y menos los de la infancia, pueden someterse a votación y el Estado tiene la obligación de tutelarlos y garantizarlos.
Por eso suena sumamente arbitrario y regresivo que con el llamado PIN Parental se quiera anular esta garantía individual de los menores, incluyendo párrafos al Artículo 125 de la Ley de Educación, y al Artículo 4to. Constitucional, con la absurda pretensión de que el Estado deje de ser el rector de las políticas educativas y sea sólo “coadyuvante” en la formación escolar de los menores.
Todo este movimiento, que en España enarboló el partido de ultraderecha Vox, y que como en Chihuahua, Aguascalientes y ahora Jalisco, los diputados del PAN buscarán replicar en todas las entidades de la República, alega que esos contenidos se deben dar conforme a las convicciones éticas y religiosas de los padres, y que el Estado debe abstenerse de “imponer ideologías”.
Esa postura va en contra de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materia de derechos humanos, que reconocen como titulares de ellos a los niños, las niñas y adolescentes, independientemente de los derechos que se quieran abrogar sus padres como en esta inaceptable intentona. Sobre el interés superior de la niñez hay también ya pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y apenas en el 2011 se adicionó al Artículo 4to. Constitucional y en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco el derecho a una educación encaminada, entre otras cosas, a conocer, cuidar y respetar su sexualidad de acuerdo a su madurez.
La educación sexual, lejos de disminuir, debe aumentar en la niñez para tratar de abatir los crecientes embarazos en niñas y adolescentes, que tienen a México en el primer lugar de estos catastróficos casos entre los países de la OCDE.
Por eso el PIN Parental y electoral del PAN, que lo que inevitablemente generará será más polarización (como si nos faltara con la 4T), no debe pasar.