Energía: de la aplanadora morenista a la Corte como último reducto
Al más rancio y puro estilo de los tiempos más autoritarios del PRI, las y los diputados y senadores de Morena, y sus aliados, cumplieron sin chistar el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y aprobaron sin modificar ni una coma la iniciativa que envió con carácter de preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
Como se temía e ignorando la voz de expertos que advierten de los riesgos ambientales y económicos de priorizar a las hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (para de paso inyectar recursos a la otra ineficiente empresa del Estado como es Petróleos Mexicanos (Pemex) con la compra de su contaminante combustóleo para generar electricidad) sobre las empresas privadas eólicas y solares en las compras gubernamentales de energía, las y los legisladores incondicionales del autollamado gobierno de la cuarta transformación olvidaron su labor de contrapeso y sin debate alguno aprobaron en fast-track y a ciegas la iniciativa de López Obrador. En resumen, un trabajo legislativo por encargo, lamentable.
Desde luego las inconformidades no se hicieron esperar dentro y fuera del país. De entrada los partidos de oposición ya advirtieron que presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de la Nación (SCJN), que ya había invalidado una medida que obstaculizaba la inversión en energía renovables y favorecía a la CFE que se trató de imponer desde la Secretaría de Energía que dirige Rocío Nahle.
Las cúpulas empresariales que ya habían mostrado su desacuerdo con los términos de la reforma, ayer volvieron a lamentar la actitud servil de las y los diputados morenistas y aliados, que desatendieron su llamado de hacer un ejercicio de parlamento abierto donde se pudieran ventilar, para conocimiento de la población, las argumentos a favor y en contra de la iniciativa presidencial, de la que sólo sostienen, sin confrontar datos, que es el único camino para garantizar la soberanía energética del País, cosa en la que ningún mexicano podría estar en desacuerdo.
En Estados Unidos ayer volvieron a mostrar su desacuerdo con la política energética de la 4T. Si primero fue la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie J.chung, antes del diálogo entre Joe Biden y AMLO, luego de la aprobación en el Senado los primeros minutos de ayer, fue Jon Piechowski, subsecretario adjunto de esa misma oficina del gobierno estadounidense quien expresó que con todo y que su País respeta “la soberanía de México a legislar” es importante “que haya transparencia para los inversionistas estadounidenses en el sector energético”.
Pero la reacción no quedó sólo en el tema discursivo, ya que mucho se habló ayer de un “peso electrocutado” que casi llegó a los 21 pesos por dólar, por el enorme rechazo de los inversionistas a la reforma energética dictada desde Palacio Nacional.
Así, pues, tras el inadmisible paseo legislativo que tuvo la iniciativa que pasó intacta, vendrá la prueba para saber si el Poder Judicial sigue siendo nuestro último reducto para garantizar los contrapesos y evitar el riesgo democrático del autoritarismo y la imposición, así como para conjurar presiones internacionales de pronóstico reservado.