Partidocracia dorada
Con descarado cinismo, la mayoría de diputados del Congreso de Jalisco aprobaron una reforma a la ley electoral del Estado para aumentar el financiamiento a los partidos políticos. Con esa aprobación, los partidos se aumentan 157% su presupuesto al pasar de 157.9 millones de pesos (MDP) aprobados para este año, a 406 MDP para 2023.
El porcentaje de aumento será más alto en los partidos que tienen también registro federal. Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde (PVEM) tendrán un incremento de 246 por ciento. MC, el partido gobernante en Jalisco, pasará de 34.6 MDP a 119.8 MDP, y Morena de 24 MDP a 83 MDP. Aunque también tendrán incremento, para los partidos que cuentan con registro local (Futuro y Hagamos) será apenas de 7 por ciento.
La auto aprobación de estos recursos es un abuso a una sociedad que cuenta con numerosas carencias y necesidades y revela las prioridades que tienen los diputados de Jalisco. En lugar de destinar recursos hacia temas prioritarios, como la crisis por desaparición de personas que existe en Jalisco, o fortalecer los sistemas de salud y educación, las dirigencias partidarias, a través de sus fracciones legislativas, deciden triplicar el financiamiento a los grandes partidos en sentido contrario a lo que demanda la sociedad.
En estos meses que se ha debatido la propuesta de reforma electoral presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los temas más sensibles que interesa a la sociedad es el elevado costo del sistema electoral en su conjunto y en particular de los partidos políticos.
De acuerdo con datos citados en la misma iniciativa de reforma presidencial, se precisa que el Estado mexicano destina alrededor de 11 mil MDP al año para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos. A lo largo de los años se han gastado enormes recursos de la sociedad en estas estructuras burocráticas controladas por élites de políticos profesionales que trabajan para acceder al poder. Entre 1996 y 2019 el Gobierno federal ha destinado 124 mil 540 MDP para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos. A esto hay qué añadir el costo de mantenimiento de los partidos por parte de los organismos electorales locales que ha sido de 56 mil 900 MDP entre los años 2004 y 2018, según el artículo “El costo presupuestario de la democracia electoral mexicana”, de Gabriel Moreno Zepeda.
El costo del financiamiento público a los partidos supera el dinero que se destina en un año a todas las universidades públicas de México: 154 mil 279 MDP en el año en curso.
Los apologistas de la llamada transición a la democracia en México alegan que este excesivo gasto en el mantenimiento del sistema político es necesario para tener una democracia liberal funcional. Entendería que se defienda el costo de un sistema electoral que garantice elecciones limpias, que evite fraudes y el robo de la voluntad popular. ¿Pero por qué se debe costear el mantenimiento de las actividades ordinarias de los partidos?
Vale la pena detenernos en qué se va el dinero de los mexicanos cuando se pagan, mediante el financiamiento público, el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos. Se pagan los altos sueldos de las dirigencias partidarias, los autos de lujo en que se mueven, los costosos celulares y las facturas mensuales, las burocracias de cada partido, sus oficinas y su mobiliario lujoso, los trabajadores de los que dependen los dirigentes, los servicios, el mantenimiento, las computadoras y los inmuebles que adquieren o rentan para sus oficinas. Por si fuera poco, con el dinero de la sociedad que mantiene las actividades de estas organizaciones políticas se pagan las facturas de los lujosos restaurantes donde suelen tener “reuniones de trabajo”, los boletos de avión para sus viajes o los abultados viáticos de sus viajes.
Por eso la mayoría de la sociedad mantiene calificación reprobatoria para los partidos como instituciones políticas y por eso la mayoría de la sociedad está de acuerdo en eliminar el costo excesivo y las lujosas prebendas con las que viven las burocracias partidarias. Se debe poner fin ya a esta partidocracia dorada.
La mayoría de la sociedad mantiene calificación reprobatoria para los partidos como instituciones políticas