Lo que sí contempla y los faltantes...
CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta de crear un Fondo de Pensiones del Bienestar, aunque pretende complementar las pensiones de los trabajadores que cuentan con Afore para darles una pensión de 16 mil 361 pesos, le falta especificar el mecanismo de devolución de recursos y el monto de apoyo gubernamental, dijo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Para abonar al debate de las iniciativas de pensiones que se discuten en el Congreso, el IMCO dijo que pretenden contribuir al debate público en torno al proyecto que se presentó el pasado 4 de abril y el cual se aprobó ya en comisiones de la Cámara de Diputados.
En el documento Fondo de Pensiones para el Bienestar, Implicaciones para las finanzas públicas y los trabajadores, afirmó que se pretende complementar que las pensiones de los trabajadores tengan un monto de jubilación igual o menor a los 16 mil 361 pesos, que fue el salario promedio mensual de los empleados afiliados en 2023.
Expuso que esa iniciativa beneficiará a los trabajadores que tienen cuentas individuales en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), “siempre y cuando se pensionen y el Fondo cuente con recursos suficientes”.
Para conformar el Fondo se transferirán todos los recursos disponibles en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, además de la subcuenta de vivienda, una vez que los trabajadores que cotizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social alcancen la edad de 70 años y no tengan una relación laboral activa, o cuando cumplan 75 años si están afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Aunque “se mantiene el derecho imprescriptible de los trabajadores y sus beneficiarios a recibir el saldo acumulado en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y de vivienda que administran las Afores y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, respectivamente”.
Sin embargo, “no está definido” el mecanismo de devolución de esos recursos y pudiera “implicar trámites excesivos, largos tiempos de espera y posibles complicaciones administrativas que podrían desmotivar a dichos trabajadores a ejercer su reclamo”.