Gobierno dice atender la situación; colectivos lo desmienten
CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado las críticas y ha asegurado que su Gobierno está comprometido en atender la problemática de los desaparecidos en el país.
Tras la polémica que se desató a fines del año pasado por la decisión del Gobierno de realizar un nuevo censo de personas desaparecidas —algo que activistas y organizaciones humanitarias consideraron un intento por reducir las cifras de personas no localizadas—, López Obrador defendió la medida, asegurando que lo que se quería era “poner orden”.
Pero en marzo las autoridades presentaron un nuevo censo que redujo la cifra de desaparecidos de casi 111 mil el año pasado a 99 mil 729. El Gobierno atribuyó el descenso a que las personas localizadas y así registradas fueron más de cinco mil 500 desde agosto a marzo.
Aunque las autoridades reiteradamente negaron que se vayan a eliminar datos, Data Cívica presentó en marzo un estudio que reveló que faltan 10 mil 953 nombres de desaparecidos en el censo.
Ante el hallazgo, algunas asociaciones humanitarias locales y familiares de personas desaparecidas exigieron al Gobierno preservar los diferentes registros, e instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité contra la Desaparición Forzada a actuar para proteger los datos de los miles de mexicanos que aún no han sido localizados.
El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas de 1960 y 1980, pero los registros se dispararon a partir de la década de 2000, con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los cárteles que emprendió el Gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012).
El problema tuvo su expresión más controversial en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el Estado de Guerrero.