Por encima de ley, norma y derechos

El Parlamento de Cataluña da otro paso más hacia la ilegitimidad en su actuar representativo e institucional con la última modificación de su Reglamento para tramitar sin debate, sin enmiendas y en un solo día las denominadas «leyes de desconexión». Nadie duda de la legitimidad del Parlamento catalán fruto de unas elecciones autonómicas en el marco de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía; sin embargo, no todo lo que hace un parlamento elegido legítimamente es legítimo. Creo sinceramente que ésta es la auténtica cuestión de fondo que se desarrolla en diferentes episodios, la reforma del artículo 135.2 del Reglamento citado, el último de ellos.

El Parlamento de Cataluña olvida que su razón de ser, existencia y legitimidad viene de la Constitución Española y del Estatuto catalán que la desarrolla. Fuera de ese ámbito, el Parlamento catalán no tiene legitimidad democrática, no puede hacer ni aprobar cualquier cosa que considere. Por poner un ejemplo claro y sencillo que cualquiera puede entender: ¿Podría el Parlamento catalán aprobar una ley contraria a los derechos humanos como, por ejemplo, la libertad religiosa? Evidentemente no. ¿Un Parlamento democrático es absoluto en su actuar? Pues claro que no. Nada es absoluto en democracia, ni siquiera la propia democracia. Todo tiene sus límites. Check and

balance que decían los padres de la democracia moderna en las revoluciones liberales. Control y contrapoderes, ésa es la esencia de la democracia representativa. Esto es lo que está pisoteando el legítimo Parlamento catalán en su ilegítimo actuar.

Realmente es un caso raro y extraño en una democracia avanzada lo que estamos viviendo con el actual Parlamento de Cataluña. Tengo pocas dudas de que el nacionalismo autoritario catalán va a forzar a las principales instituciones del Estado hasta el límite, pues en su ADN está su aversión al Estado de Derecho, al pacto de convivencia que los españoles nos dimos hace prácticamente 40 años. Por ello, en su reforma del

«No todo lo que hace un parlamento elegido de forma legítima es legítimo»

Reglamento no quieren el debate ni las enmiendas, y buscan las grietas del ordenamiento jurídico para tratar de vulnerarlo y lograr así su finalidad principal: el Estado catalán a cualquier precio y por encima de ley, norma y derechos.

Busca el Parlamento catalán dar apariencia de ley a lo que tiene un claro espíritu autoritario, imponer mi voluntad más allá de las normas de convivencia que democráticamente todos nos hemos dado. Alguien tendrá que decir claramente a los nacionalistas autoritarios que lo que es de todos, es de todos y no se cuestiona ni se pregunta si ahora es sólo mío. Como español, Cataluña es mi casa, como Andalucía o Madrid, y quiero que lo siga siendo. El Parlamento catalán no tiene ninguna legitimidad para plantear cosa distinta. Se puede decir más alto, pero no más claro. No tienen legitimidad democrática en su actuar presente, están al margen de la Constitución, del Estatuto, de la ley, de los derechos de todos los españoles, incluidos los catalanes, por supuesto, y de la mínima esencia de lo que es la democracia. Democráticamente nos dimos unas normas que nos han permitido vivir en paz durante cuatro décadas, pero parece que los sentimientos y las emociones de algunos están por encima de la racionalidad democrática del Estado constitucional. Es lo que tiene el nacionalismo, que no acepta la racionalidad democrática del Estado constitucional.

Fuera del Estado de Derecho hace mucho frío, el pueblo español lo sabe por experiencia, el siglo XX no está muy lejos. No queremos volver a lo peor de nuestra Historia, a la ruptura de la convivencia, a no respetar lo básico y lo esencial de una democracia, que consiste en que las instituciones hagan lo que deben y no lo que no pueden. El Parlamento catalán tendrá que ser desautorizado por las instituciones habilitadas para ello democráticamente cuando su actuar esté al margen de la ley, ya sea a través de los tribunales, que para eso están, ya sea a través de la Constitución y su artículo 155, que también está ahí para cumplir una función que, tristemente, cada vez es más cercana. David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.