Nicolás Maduro impone el voto del miedo en Venezuela
El chavismo amenaza con despedir a funcionarios y quitar ayudas sociales a quienes no avalen su proyecto constituyente el domingo «Es una política del chantaje», denuncia la oposición
«El 30-J va a ocurrir un milagro más de la revolución». Nicolás Maduro ha insistido en invocar a la metafísica para explicar cómo llevará adelante la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, prevista para el domingo, pese a contar con el rechazo del 80% del país. Un milagro con truco, ya que es la mano de la revolución, y no la de Dios, la que está detrás de la nueva cruzada bolivariana.
El oficialismo ha diseñado una gigantesca operación de amenaza y chantaje para obligar a que beneficiados de las bolsas de comida CLAC, empleados públicos, favorecidos de las misiones sociales y adjudicatarios de viviendas públicas voten este domingo porque «el que no lo haga está traicionando a la revolución», tal y como insiste el radical Diosdado Cabello.
Ocho millones de personas con la espada del Damocles bolivariano sobre sus cabezas, según los cálculos de Control Ciudadano. «El miedo funciona como política de Estado. Gente con hambre y gente que pierde su empleo, un escenario que no ha visualizado la oposición», destacó Rocío San Miguel, directora de la ONG.
La operación es tan descarada que ha obligado a la Fiscalía General de la República a tomar cartas en el asunto por primera vez. Testimonios le sobran, empezando por las propias palabras del presidente: «Y al final del día revisen la nómina, si tenemos 15.000 trabajadores, sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía, vamos todos a votar por la Constituyente. ¿Se entiende?».
A buen entendedor, pocas palabras, se dice también en Venezuela, pese a las dos horas diarias que el presidente dedicó a hablar al país por televisión durante el primer mes de protestas.
«Las presiones del Gobierno no son nuevas, pero ahora han arreciado. Es una política del chantaje: obligatorio votar y si no pierdes trabajo o beneficios, y además no puedes ir solo, debes llevar a 10 personas», detalló a EL MUNDO Marino Alvarado, de la ONG de derechos humanos Provea, que ha recogido más de 40 casos colectivos de amenazas de despido.
El oficialismo necesita llenar unas urnas trucadas en unas elecciones donde sólo concurren sus candidatos, unos comicios con los que intenta demostrar un apoyo que ya no tiene. «Quien no vaya a votar téngalo por seguro, se lo aseguro que el día 31 está botado [despedido]. Tenga el carnet de la patria o no lo tenga. Aquí nosotros no estamos jugando», vociferó un jefe laboral de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ante un auditorio de trabajadores de la mayor empresa pública del país. Uno de los presentes no dudó en grabar las amenazas con su teléfono y subirlas más tarde a la red.
En el Instituto Nacional de Tierras (Inti) han creado una sala situacional no solo para controlar el voto de sus 3.000 trabajadores, sino también para teledirigir la presencia en las urnas de 100.000 campesinos. José Rafael Ávila es su presidente, una de las piezas maestras de Cabello en el Gobierno. «Aquí no puede haber ningún escuálido [opositor], quieran o no tienen que votar», amenazó a su plantilla, incluso dibujando un panorama apocalíptico: «Prepárense porque en cualquier momento viene una confrontación cruda, una guerra civil».
«La coacción es directa y descarada, ya no guardan las formas», describió a EL MUNDO uno de los presentes, que guarda el anonimato. «Ya el año pasado nos advirtieron de que aquí no habría elecciones hasta que la revolución no sea capaz de ganarlas», añade. Este informante llenó con datos falsos la cuartilla del 1x10, por la que debería empujar al voto a 10 allegados.
Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se ha puesto al frente de un operativo que este año cuenta con una nueva herramienta: el carnet de la patria. Quince millones de venezolanos, de un universo de votantes de 30 millones, corrieron a expedirlo ante las promesas de más alimentos y ayudas. A través de él reciben la comida subvencionada de los CLAP (adaptación de la libreta de racionamiento cubana) gracias a su código QR, una evolución del código de barras usado como instrumento de control político.
«Es un mecanismo de control», confirmó el propio Cabello. «Con él llevarán una estimación en caliente, en vivo y en directo [de la participación] y para movilizar donde sea necesario», añadió. Recapitulando: el oficialismo sabrá quién no ha ido a votar el domingo y le conminará a hacerlo a lo largo de la jornada, incluso proporcionando transporte con dinero público.
En un país donde el Supremo ha sentenciado que burlarse de Chávez es motivo de despido, la amenaza luce más que posible. En los edificios de la Gran Misión Vivienda de Caracas, los oficialistas han recorrido apartamento por apartamento. «Al mío llegaron médicos cubanos y nos registraron. Y nos dicen que el domingo toca ir a votar. Yo también estoy obligada, incluso nos han dicho que nos van a trasladar hasta el centro», describe María a EL MUNDO, un nombre supuesto. «Estamos pasando mucha hambre, yo quiero que Maduro se vaya, pero…», subraya.
El operativo gubernamental consta de tres apartados: control inicial, amedrentamiento y remate final. A través del primero se han movilizado todos los resortes para que las personas en su área de influencia se vean obligadas a votar. Con el segundo, dejan claro que quien no lo haga sufrirá las consecuencias. Y el tercero mejorará la efectividad de la histórica Operación Remate, que en las presidenciales de 2012 y 2013 trasladó a millón y medio de personas hasta las urnas. Ya lo avisó el presidente: «La maquinaria 4x4 (consejos comunales de los CLAP, unidades de batalla Bolívar Chávez, brigadistas de Somos Venezuela e integrantes de los congresos de la Patria) tiene que ir a todos los hogares».
De las amenazas no se libra nadie, ni siquiera los jubilados. «[Si no participan] ponen en riesgo su pensión», advirtió públicamente el candidato y ex ministro Ricardo Molina.
Un apartheid social y económico para todos los díscolos, sin excepciones. «Hay que poner una cláusula donde se establezca que empresa, industria o persona natural que no vaya a votar, no se le otorguen más beneficios del Dicom. Es injusto que estemos dando dólares a la derecha criminal y terrorista», aportó el gobernador fronterizo Vielma Mora, también militar. El Dicom es la subasta de dólares que realiza el Gobierno, la única forma de conseguir divisas en un país que sufre control de cambios hace más de una década.
El chavismo afirma que quien no vote «está traicionando la revolución» Las ONG calculan que ocho millones de personas están bajo la amenaza estatal