Los ‘mossos’ que escoltaban a dirigentes de PP y Cs los espiaban para la Generalitat
Los documentos que se iba a incinerar revelan que escogían agentes «de marcada tendencia nacionalista»
Los responsables de los Mossos ordenaron realizar seguimientos y vigilancias a dirigentes de formaciones políticas calificadas de «españolistas». Para ello, recurrieron a los agentes autonómicos que realizaban labores de escolta a dirigentes del Partido Popular y de Ciudadanos, a los que espiaban sus movimientos para comunicárselos a los responsables políticos de la Consejería catalana de Interior. Así consta en los papeles que los Mossos d’Esquadra querían incinerar y que fueron interceptados por la Policía Nacional el pasado 26 de octubre. La juez de la Audiencia Nacional ordenó a los agentes que analizaran el contenido de las cajas que los Mossos trasladaban en dos furgonetas a una incineradora.
Según detallan los analistas, los agentes que realizaban estas labores de escolta eran seleccionados por su «marcada tendencia nacionalista».
En los informes se alude a actuaciones de espionaje político por parte de los Mossos durante los gobiernos de Mas y Puigdemont. En esta documentación figuran también seguimientos a representantes de Sociedad Civil Catalana.
Los Mossos d’Esquadra realizaron labores de espionaje político para los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, según se desprende de un reciente informe de la Policía Nacional. En concreto, aprovecharon las escoltas ordinarias a dirigentes del PP y Ciudadanos para controlar sus movimientos y comunicarlos a la Generalitat, además de realizar seguimientos a otras personas y entidades, todas ellas opuestas al proceso soberanista.
El informe trata sobre el material que se le intervino a los Mossos el pasado 26 de octubre. Aquel día, la Policía Nacional evitó que fueran destruidos documentos de la policía catalana. Bloqueó el paso a dos furgonetas repletas de carpetas y de soportes digitales cuando eran trasladadas a una planta de Sant Adrià de Besós (Barcelona) para incinerar el material. Los Mossos aún estaban bajo la batuta del ex mayor Josep Lluís Trapero.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó a la Comisaría General de Información que analizara los documentos y le enviara un informe. El informe ya ha llegado a la Audiencia Nacional y explica cómo los Mossos querían destruir documentación que apuntaba comportamientos ajenos a sus funciones, más propios de una policía política, según explican fuentes de la investigación.
En su escrito, la Policía asegura que los Mossos habían recibido órdenes de destruir documentos sobre «el seguimiento y control a personas o políticos del ámbito no independentista». Así, los que dieron la orden de destruir esta documentación «estarían vulnerando el principio básico de neutralidad política e imparcialidad», apuntan las conclusiones del informe policial, según apuntaron fuentes cercanas a la Audiencia Nacional.
Estos documentos manifiestan «una tarea de apoyo al desarrollo y ejecución de la llamada hoja de ruta del independentismo, tratando por ello de controlar las acciones de aquellas entidades o personas que mostraban oposición al mismo, con el fin de subvertir el orden constitucional y la forma de Gobierno en una parte del Estado, poniendo para ello esta parte esencial del aparato de la Administración catalana a disposición de dicho fin», concluye la Policía.
Los documentos interceptados se refieren a actuaciones de los Mossos en los gobiernos tanto de Artur Mas como de Carles Puigdemont. Y detallan seguimientos y vigilancias a representantes de formaciones políticas y asociaciones contrarias a la independencia, desde el Partido Popular hasta Ciudadanos, pasando por Sociedad Civil Catalana.
El escrito policial detalla datos de los Mossos sobre la que fue presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. La dirigente popular tenía asignado un equipo de cuatro mossos, «escogidos de marcada tendencia nacionalista», que tenían «la instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento de la protegida» al que entonces era el
conseller de Interior del Govern, Felip Puig. Este seguimiento concreto se realizó en vísperas de las elecciones autonómicas de 2012, convocadas por Artur Mas tras iniciar el proceso soberanista.
El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sufría un «tratamiento similar» cada vez que se trasladaba a Barcelona. De hecho, en otro de los documentos que iban a ser incinerados figura un esquemaorganigrama «encabezado por el ministro del Interior, comisarios del Cuerpo Nacional de Policía y distintos enlaces a otras entidades como La Traca, La Camarga. Sociedad Civil Catalana, Método 3, etc».
Los especialistas también evitaron que se quemaran documentos guardados en la caja cuatro de una segunda furgoneta, relativos al «seguimiento a varias personas, entre ellas al secretario primero de la mesa del Consejo General de Ciudadanos, David Heredia, y al inspector jefe de la Policía en segunda actividad Antonio Jiménez Raso». También se interceptaron diversas anotaciones «manuscritas» con las palabras «operación Cataluña» y la empresa «Método 3», añade el informe.
Otro de los datos relevantes que constatan los analistas de Información es lo que localizaron en el interior de la caja 11 de la segunda furgoneta interceptada. En concreto, un informe sobre el abogado José María Fuster-Fabra, que ha sido víctima también de seguimientos por parte de los Mossos. El informe detalla que el control se inició el 2 de junio de 2017. Los documentos recuperados explican seguimientos los días 6 y 7 de junio «desde su domicilio y durante todo el día». Los agentes autonómicos observaron las actividades del abogado, «sus reuniones y contactos llevados a cabo con otras personas, las cuales fueron grabadas y fotografiadas».
En dicho documento de seguimiento consta que el abogado se reunió con personas del PP y de Plataforma Per Catalunya. El texto hace constar que ese abogado ha llevado causas a empresas y activistas «del panorama político catalán del ámbito españolista».
Fuentes de la policía de la Generalitat desmintieron ayer haber realizado ningún seguimiento irregular a cargos políticos sin el consentimiento previo de estos.
Los escoltas de los políticos debían comunicar ‘cualquier movimiento’ al Govern Los agentes que se escogían tenían una «marcada tendencia nacionalista»