La Policía Judicial implica a Mas en la financiación ilegal de CDC
La Udef plantea al juez «atribuir nuevas responsabilidades» al ex ‘president’
La Policía Judicial implica al ex presidente Artur Mas en la financiación irregular de las campañas de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC). La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha presentado un nuevo informe ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que sostiene que «se tienen que atribuir nuevas responsabilidades» al ex presidente catalán por mantener el sistema instaurado por Jordi Pujol para financiar a los proveedores de las campañas electorales de la formación nacionalista. También considera responsable de esta operativa al ex tesorero Daniel Osácar.
El juez José de la Mata considera ya acreditado que Jordi Pujol Ferrusola intervino para avalar a varias de las empresas que llevaban a cabo actos electorales de CDC en la campaña para los comicios generales del 2000. El primogénito del clan catalán utilizó para ello la fortuna familiar oculta en Andorra y consiguió que se otorgara una línea de crédito de 336 millones de pesetas a través de entidades financieras del Principado.
La Policía Judicial ha descubierto ahora la existencia de un nuevo aval bancario posterior, esta vez conferido por el Banco Sabadell de Andorra a las mismas empresas proveedoras, ya en época de Mas como presidente. La Policía apunta que los avalistas vuelven a enclavarse en el entorno de los Pujol y, según ha podido saber este diario, entre ellos se encuentra el empresario Francesc Robert, ex socio de Pujol Jr y ex director de la televisión andorrana.
La Udef considera que esta práctica consistente en avalar a los proveedores de CDC desde Andorra con fondos bajo el control de los Pujol y su entorno más próximo se mantuvo en el tiempo al menos «hasta febrero de 2006». Por lo que, además de ampliar la responsabilidad de estos hechos a Mas, la Udef arguye que debe afectar también al ex tesorero Daniel Osácar, que controló las finanzas del partido «desde marzo de 2005», sustituyendo a Carles Torrent, que se encargó personalmente de instrumentar la financiación de los referidos comicios del año 2000.
Explican los investigadores al juez De la Mata que «gracias a la cumplimentación del requerimiento judicial» se ha podido conocer ahora que una de las empresas de publicidad que trabajó para CDC, Altraforma, se benefició de «una póliza de préstamo» suscrita ante notario el 19 de marzo de 2004 por importe de
400.000 euros. «La posición financiera» anterior, que había permitido financiación para cobrar los trabajos de las elecciones de 2000, «había permanecido en estado durmiente desde junio de 2003 hasta que se registra el abono de la nueva liquidez».
A juicio de la Udef, la cuenta en la que se articula esta operación «se descapitaliza inmediatamente después del flujo de entrada de los 400.000 euros, reflejando cargos que agrupados ascienden a 393.263,29 euros». Según la Policía, la operativa se presenta «muy sospechosa, ajena a la práctica económica normal y muy similar a la que se observó durante la investigación del caso Palau». En dicho proceso «se acreditó el libramiento masivo de instrumentos formales de pago como cheques, con el único objeto de presentarlos a cobro en ventanilla y subsiguientemente disponer de los reintegros en efectivo, de forma que se hizo imposible seguir el rastro del dinero».
La Udef subraya que «la sentencia reconoce el esquema operativo a la hora de disimular la transferencia de fondos con la utilización de talones al portador hechos efectivos en ventanilla y posterior entrega en
efectivo al tesorero de la formación política y que entre las mercantiles involucradas en este sistema estaban Altraforma e Hispart», entidades avaladas por los Pujol.
En paralelo, el juez De la Mata acaba de dictar un auto en el que conecta el cobro de una comisión del 5% por parte de Jordi Pujol Ferrusola de manos de la constructora EMTE con dos contratos adjudicados cinco y seis años después por el Gobierno de Mas. El primero, de 2,6 millones para la reforma energética del CAR de Sant Cugat y, el segundo, una contratación de 2,7 millones adjudicada a la misma empresa por la Agencia Catalana del Agua. El magistrado solicita los expedientes de ambas licitaciones para intentar acreditar si Pujol Jr. cobró por anticipado un soborno para unos contratos que se otorgarían años después.