El Gobierno borró «violencia» del escrito de la Abogacía
Moncloa eliminó la palabra clave para boicotear la acusación por rebelión y minimizar las penas
La Fiscalía ignora la presión del Gobierno y pide 177 años para los procesados por el 1–O
Acredita que hubo «actos de fuerza, agresión y violencia» y destaca el papel de los Mossos
El Gobierno presentó ayer ante el Tribunal Supremo, de mano de la Abogacía General del Estado, un escrito de acusación del 1-O en el que no aparece la palabra «violencia» ni «rebelión». El delito principal que la abogada general atribuye a los procesados es el de sedición, lo que implica reclamar unas penas sustancialmente más bajas que las de la Fiscalía. En el caso de Oriol Junqueras, la mitad.
La primera propuesta de acusación de los abogados del Estado encargados del caso sí sostenía que se habían producido actos de violencia y que, por tanto, correspondía acusar por el delito más grave de rebelión. Así lo confirman fuentes próximas a la Fiscalía, conocedora de ese escrito. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó esa posibilidad y ordenó presentar un escrito de acusación más suave. Eso supuso borrar toda referencia a la palabra violencia y suavizar la calificación jurídica de los hechos.
Las mismas fuentes indican que también se trabajó sobre un escrito de acusación que se limitaba a acusar por malversación. Eso hubiera supuesto optar por una vía intermedia que encajaba en el proceder habitual de la Abogacía ante los tribunales y evitaba el choque directo con la Fiscalía. La posibilidad se acabó descartando.
El escrito de acusación presentado finalmente no está firmado por los abogados del Estado que han seguido el caso, sino por la máxima responsable de la Abogacía General, Consuelo Castro, designada el pasado junio por el Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. A diferencia de la Fiscalía, como representante de la Administración, la Abogacía debe seguir las indicaciones que le dé el Ejecutivo.
ACUSADOS DEL GOVERN. Para el principal acusado a disposición de la Justicia española, Oriol Junqueras, la petición es de 12 años de cárcel, frente a los 25 de la Fiscalía. Para los ex consellers Joaquim Forn, Raul Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa se piden 11 años y medio, por debajo de 16 que reclama la Fiscalía.
Para lograr una rebaja tan espectacular respecto a la petición del Ministerio Público, el Gobierno no se limita a sostener que no hubo rebelión, sino que aplica a la malversación, un sistema de cálculo de las penas especialmente favorable para los acusados.
Lo hace al considerar que este delito fue simplemente «un medio» necesario para perpetrar el más grave de sedición. Ese llamado concurso medial implica que la condena debe ser inferior a la que resultaría de castigar los dos delitos de forma independiente. En este caso, bastante inferior. En principio, la sedición debería de partir para ellos de un mínimo de 10 años, y la malversación de un mínimo de seis. Sin embargo, frente a la petición mínima de 16 años la finalmente presentada queda entre los 11 y medio y los 12. Al menos cuatro años de rebaja.
El Ministerio de Justicia se justifica diciendo que «es una obviedad decir que el proceso descrito [de sedición] es imposible que se realizara sin la realización del correspondiente gasto público», lo que a su juicio obliga a ese cálculo favorable a los procesados.
Frente a esa tesis, discutida dentro de la Abogacía, fuentes jurídicas consideran que no está justificado aplicar el supuesto de concurso medial, ya que sí era posible cometer un delito de sedición sin comprometer partidas de fondos públicos. Por ese motivo, sedición y malversación tenían que haberse penado por separado, dando lugar a una pena mínima de 16 años.
Justicia explica que las penas para estos acusados es más elevada porque, además de haber malversado fondos, jugaron «el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias» para la sedición el 1-O. Además, tenían el carácter
de autoridad, la «autoridad», al haber «inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno». Para el caso de los otros tres ex consellers que sólo fueron procesados por malversación y desobediencia (Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Borrás), la Abogacía les reclama siete años de prisión. En este caso, la cifra coincide con la solicitada por la Fiscalía y está cerca del mínimo posible (seis a 12 años).
La Abogacía no reclama cantidades concretas a los acusados de malversación y deja al Tribunal de Cuentas «el establecimiento y reclamación definitiva de las cantidades totales desviadas». Aun así, detalla que se gastaron ilícitamente al menos 1,9 millones de euros, lo que implica que deba aplicarse el tipo agravado de malversación.
FORCADELL Y ‘LOS JORDIS’. Hay tres acusados por sedición que no deben responder por malversación: Carme Forcadell, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Para la ex presidenta del Parlament, la Abogacía pide 10 años de cárcel. Para los responsables de ANC y Òmnium, ocho años. En los tres casos las cifras están muy por debajo de los 17 años que reclama para cada uno de ellos el Ministerio Público. En los tres casos las penas planteadas por el Gobierno son las más bajas posibles. La ley impone que la de Forcadell sea algo más alta porque ella sí tenía el estatus de «autoridad». De los tres se dice que habrían «inducido, sostenido y dirigido» la sedición.
Sobre los Jordis se indica que su actuación permitió que se produjeran «actos contra decisiones judiciales legítimas y contra la actuación de autoridades públicas que pretendían dar cumplimiento a esas resoluciones judiciales».
LOS ‘DESOBEDIENTES’. Otro apartado en el que la Abogacía no es más suave que la Fiscalía es en las acusaciones que no conllevan prisión. Para cuatro miembros de la Mesa del Parlament solicita, como el Ministerio Público, un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros por desobediencia grave. Para otro de ellos y la líder de la CUP Mireia Boya la pena sí baja en el caso de la Abogacía hasta los ocho meses de inhabilitación. De todos ellos, la Abogacía dice que «debían haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional».
El balance numérico de la acusación de la Abogacía arroja un total de 116 años y medio de prisión, frente a los 177 que reclama la Fiscalía. Según resaltan fuentes jurídicas próximas al caso, más allá de la diferencia cuantitativa la trascendencia de lo sucedido se percibirá cuando durante el juicio el representante del Gobierno quede alineado con una tesis clave de los acusados: que en el 1-O no hubo actos de violencia.