Moncloa defiende el indulto para «resolver la crisis con Cataluña»
Calvo afirma que la medida de gracia es una «vía de salida» y que «está dentro de la Constitución»
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió ayer «la figura constitucional del indulto», una medida de gracia que «no perdona el delito» aunque sí la pena de prisión, para «resolver la crisis con Cataluña».
El Gobierno ha echado mano de toda la retórica jurídica para intentar situar en el ámbito de la normalidad la enorme discrepancia entre la Fiscalía del Estado y la Abogacía General a la hora de imputar delitos a los líderes secesionistas. Además, ha defendido por boca de la vicepresidenta, «la figura constitucional del indulto» que «no perdona el delito» aunque sí la pena de prisión.
Carmen Calvo obvió ayer las declaraciones de los miembros del Ejecutivo que apostaron públicamente por rebajar el nivel de las acusaciones al grado de sedición e incluso cuestionaron la decisión del magistrado Llarena de mantener a los acusados en prisión provisional.
El Gobierno considera que tras la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía –que mantiene el delito de rebelión–, y de la Abogacía del Estado –que opta por la sedición–, la situación es distinta ya que se entra en una fase del proceso en la que, ahora sí, debe mantenerse un «escrupuloso respeto» a la acción de la Justicia.
Más aún, la vicepresidenta no dudó en calificar los pronunciamientos de los partidos de la oposición como «presiones a la Justicia» y, sin embargo, justificó abiertamente el cambio radical de criterio de Pedro Sánchez, que el pasado mes de mayo defendía con contundencia la existencia de un delito de rebelión, argumentando que entonces era líder de la oposición y no jefe del Ejecutivo.
«Nosotros somos el Gobierno ahora y respondemos de la posición del Gobierno y como tal vamos a respetar el punto en el que entra este proceso y la independencia judicial», afirmó. Además, rechazó la iniciativa del PP, a la que se ha sumado Ciudadanos, de modificar el llamado derecho de gracia para prohibir la concesión de indultos a los condenados por rebelión y sedición. La oposición interpreta que esta negativa no hace sino esconder la intención del Gobierno de reservarse ese instrumento para poder utilizarlo tras las sentencias. El Ejecutivo, lejos de negarlo, insiste en que utilizará cuantos medios tenga a su disposición en el marco constitucional para «resolver la crisis con Cataluña».
Calvo y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, pusieron todo su empeño en negar que el Gobierno haya impuesto su criterio a la Abogacía, aun cuando ésta depende de aquel y actúa en su nombre, y defendieron que el escrito de acusación que ha presentado se ha elaborado con parámetros de estricta profesionalidad y argumentos «técnico jurídicos».
Sí admiten ambas que el debate entre juristas y expertos en torno a los delitos que se deben imputar a los procesados «se ha trasladado» a la Abogacía del Estado y a los «operadores jurídicos» que intervienen en el proceso. Así se explicaría, por tanto, que haya sido la propia abogada general, Consuelo Castro, y no otros abogados de los servicios jurídicos que han trabajado en el procedimiento, quien haya tenido que asumir sola con su firma el escrito de acusación que diverge tan llamativamente del presentado por la Fiscalía.
Las dos se esforzaron en señalar que la Abogacía nunca antes se había pronunciado sobre el contenido de la causa y explican que en agosto asumió el auto judicial que recogía el delito de rebelión sólo para dar por concluida la fase de investigación.
Calvo no dudó en culpar al anterior Gobierno de la «tremenda herencia» que ha dejado al «abandonar a su suerte» las vías políticas con las que podría haberse solucionado el conflicto. Y dijo que pretende resolverlo con «criterios democráticos».