Puigdemont y el resto de los fugados siguen «en rebeldía»
El independentismo vivió ayer el contraste entre sus líderes encarcelados, que se enfrentan a altas penas de prisión por rebelión, y los que están fugados en diversos países europeos y que pudieron reaccionar ante la petición de la Fiscalía. El caso más evidente es el del ex presidente Carles Puigdemont, quien sigue en Waterloo buscando mantener su ascendencia –aunque su proyecto de la Crida parece que naufraga–, ya que está declarado por el juez del Supremo Pablo Llarena, como el resto de huidos, «en rebeldía». Por eso no se piden penas de prisión para el ex presidente, quien tampoco puede pisar territorio español ya que sería detenido.
PIEZA SEPARADA. El juez Llarena abrió en julio pasado una pieza separada que afectaba a Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel, todos los que están en Bélgica, Suiza y Escocia. El magistrado tomó la decisión tras constatar que el Tribunal de Schleswig-Holstein en Alemania sólo iba a autorizar la extradición de Puigdemont por malversación y no por rebelión. Por eso, retiró todas las órdenes de extradición. Llarena, quien tiene la posibilidad de reactivar la pieza separada cuando haya sentencia en el Supremo.
¿ESPERAR LA PRESCRIPCIÓN?. Se da el caso de que los fugados, que fueron incluidos en el primer auto de procesamiento por Llarena, no pueden pisar territorio español hasta que el delito prescriba, en el caso de la rebelión, 20 años y en el de la sedición, 15. Junto a Puigdemont, los otros representantes soberanistas en el extranjero acusados de rebelión son Comín, Ponsatí –reside en Edimburgo–, y Rovira, que está en Suiza. A los ex consejeros Puig y Serret, actual delegada del Govern ante la Unión Europea, les podrían procesar por malversación y desobediencia, unos delitos para los que la Fiscalía ha pedido siete años de cárcel a sus homólogos en la anterior Generalitat que fue cesada tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
HUIDA ‘SIN RAZÓN’. El caso más sorprendente es el de la ex diputada de la CUP Anna Gabriel, quien se encuentra fugada en Suiza, aunque sólo sería procesada por desobediencia y le pedirían una multa y inhabilitación para un cargo público, no cárcel.