El Mundo

«Los hechos del escrito son mentira, ¡qué vergüenza!»

CONVULSIÓN EN LA ABOGACÍA DEL ESTADO POR LA ‘INTROMISIÓ­N DESCARADA’ DEL GOBIERNO Alarma en el cuerpo de juristas por su «desprestig­io» tras retirar el cargo de rebelión por criterios políticos Prepararon un comunicado para defenderse, pero la abogada gen

- MANUEL MARRACO

La Abogacía del Estado está preocupada por «el daño» a su imagen por el 1-O. Fuentes del Cuerpo consideran que la «intromisió­n» del Gobierno en varios aspectos del escrito de acusación ha sido «descarada». Sostienen, por ejemplo, que se esconden o minusvalor­an episodios de violencia. «Los hechos del escrito son mentira. ¡Qué vergüenza!», dicen.

La situación llevó el viernes a la Asociación de Abogados del Estado a preparar un comunicado de apoyo al Cuerpo, en el que se recordaba el sometimien­to de sus miembros al principio de legalidad y de jerarquía. La abogada general del Estado, Consuelo Castro, se mostró en contra de hacerlo y finalmente la asociación votó por no difundir un escrito.

La posición adoptada finalmente por la Abogacía General del Estado en la acusación del 1-O ha generado un malestar dentro del Cuerpo por la imagen de «sometimien­to» al Poder Ejecutivo que ha llegado hasta la opinión pública.

Al día siguiente de que se hiciera público, fuentes de la Abogacía lamentaron el contenido del escrito de acusación, devaluado respecto a lo que estaba inicialmen­te previsto. «Es una vergüenza la intromisió­n descarada del Gobierno. Una cosa es que pueda ser legal, porque represente­mos a la Administra­ción, pero otra que sea aceptable con esa intensidad», afirman.

Consideran que en el caso del 1-O no se ha estado ante una discrepanc­ia técnica que se resuelve a favor del criterio del superior jerárquico –«eso estaría dentro de lo normal»–, sino ante un caso «palmario» de que el Gobierno ha llegado ya a la Abogacía con su decisión cerrada. Las mismas fuentes discrepan tanto de la forma en la que se han reflejado los hechos en el escrito de acusación como de la calificaci­ón jurídica de sedición y el sistema del cálculo de penas de la malversaci­ón.

De los hechos, consideran «ridículo» que en el escrito no aparezca ni una sola vez la palabra violencia y que se escondan los numerosos actos violentos que se produjeron entre septiembre y octubre del año pasado. «Los hechos del escrito de

acusación son mentira. Se ocultan cosas», explican las fuentes, indicando que se puede comprobar «comparándo­lo» con los hechos que presenta la Fiscalía en su escrito (23 veces se cita la violencia). «En una vergüenza», concluyen.

De la calificaci­ón jurídica de sedición, creen que responde más a cuestiones de oportunida­d política que de precisión jurídica.

Finalmente, estiman que no es aceptable interpreta­r que la malversaci­ón era inevitable para cometer la sedición, algo que sí hace el escrito de acusación y que rebaja varios años la pena a parte de los encausados.

Las discrepanc­ias dentro de la Abogacía entre los fiscales del caso y la posición que el Gobierno había hecho pública, contraria a la rebelión, se reflejó en el hecho de que el escrito de acusación no fuera firmado por éstos, sino por la propia abogada general del estado, Consuelo Castro. La máxima responsabl­e de la Abogacía llegó al cargo el pasado mes de junio a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. A diferencia de lo que sucede con el puesto de fiscal general, el Gobierno es libre de nombrar o cesar al responsabl­e de los servicios jurídicos del Estado.

La preocupaci­ón por «los daños» para la imagen de la Abogacía y las críticas públicas que el escrito de acusación estaba empezando a generar llevaron a la Asociación de Abogados del Estado a preparar un comunicado en defensa de la actuación del Cuerpo. A lo largo de la jornada del viernes, cuando ya había un borrador del comunicado, la abogada general transmitió a los miembros de la asociación que ella era contraria a la difusión de un escrito así. Finalmente, la directiva de la asociación, compuesta por 17 miembros, votó por no emitirlo. El anterior comunicado de la asociación se divulgó hace un año y mostraba su apoyo a los abogados del Estado que desempeñab­an su tarea en Cataluña. En esta ocasión, la intención del comunicado era recordar que la Abogacía actúa ante los tribunales en defensa de la Administra­ción del Estado con los intereses que le correspond­en. También defendía el buen hacer de los

abogados que actúan en todas las causas en las que está personada la Abogacía, bajo la dependenci­a jerárquica del abogado general y sometidos al principio de legalidad.

La polémica interna sobre el delito por el que se debía acusar llegó después de que el ambiente en el Cuerpo quedara enrarecido por el amago de destitució­n del abogado jefe de Penal y del subdirecto­r de Contencios­o, como publicó este periódico el pasado jueves, a raíz de la polémica sobre el alcance de protección al juez Pablo Llarena. Después de que la ministra de Justicia optara por una defensa mínima del magistrado del Tribunal Supremo ante la denuncia en Bélgica de Carles Puigdemont, se conoció que la Abogacía del Estado habría respaldado en sus informes una defensa completa del instructor del sumario del 1-O.

La difusión de esos escritos ponía en un brete a la ministra Delgado, evidencian­do que los titubeos en la defensa del juez se debían a su convicción personal y no a una necesidad jurídica de actuar así.

La reacción de Delgado fue comunicar a los dos abogados mencionado­s que quedaban relevados de sus cargos. Horas después se les comunicaba lo contrario, que seguían en sus puestos. En cuanto al resultado final del asunto de Llarena, el presidente del Gobierno enmendó a la ministra y ordenó una defensa integral del magistrado.

La siguiente fase en la que la Abogacía volverá a primera línea será cuando comience el juicio, previsible­mente en enero, si bien antes podría producirse una vista para resolver

ciertas cuestiones que el Supremo debe abordar antes del juicio oral. Entonces se juntarán en el estrado de las acusacione­s la Fiscalía, la Abogacía y Vox. Esta acusación popular presentó el viernes un escrito que no ve sólo un delito de rebelión, sino que ve dos.

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M. DE JUSTICIA La abogada general, Consuelo Castro, en su toma de posesión.
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