La Policía espió a varios periodistas económicos para negocios de Villarejo
Los profesionales vigilados son especializados en Economía y tienen amplia experiencia
La Audiencia Nacional ha acreditado que la Policía investigó para el ex comisario y sin autorización judicial el tráfico de llamadas entrantes y salientes de periodistas especializados en Economía de diferentes medios de comunicación.
La Audiencia Nacional acaba de acreditar que la Policía investigó para el ex comisario José Manuel Villarejo el tráfico de llamadas de periodistas de diferentes medios de comunicación sin autorización judicial.
La Unidad de Asuntos Internos ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 6 que instruye el caso Tándem en el que revela que entre el material intervenido al abogado Rafael Redondo, socio del ex comisario, se encontraba un archivo remitido por el ex policía Antonio Bonilla en el que se adjuntaba un listado de las llamadas entrantes y salientes de un grupo de periodistas de varios medios efectuadas a lo largo del mes de julio de 2016.
La información telefónica fue facilitada previamente a Bonilla por el policía en activo Constancio Riaño, adscrito a la Comisaría General de Información en el área de Relaciones Institucionales, y antiguo compañero de Bonilla en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). No es la primera vez que figura el nombre de Riaño como suministrador de información privilegiada de la Policía a Villarejo, ya que apareció también en la investigación vinculada con el BBVA.
Los terminales telefónicos espiados se encuentran a nombre de Ediciones El País y correspondía al periodista Íñigo de Barrón; otro era propiedad del adjunto al director de El Confidencial Jorge Zuloaga mientras trabajaba en el diario Expansión y un tercero estaba dado de alta a nombre de la sociedad Titania, editora de El Confidencial, y era utilizado por el periodista José Antonio Navas. Todos ellos son periodistas especializados en economía y con amplia experiencia.
Esta documentación fue confiscada por la Policía en el ordenador personal de Redondo en su domicilio particular en la localidad madrileña de Galapagar en forma de archivos encriptados que han sido recientemente desbloqueados por la Unidad de Asuntos Internos.
Uno de los principales pilares del sumario en el que se investiga a Villarejo es la comercialización de información confidencial procedente de los archivos de la Policía por parte del ex comisario. Tal y como se ha podido acreditar hasta el momento, el grueso de dicha información era el tráfico de llamadas de particulares.
El Grupo Cenyt, propiedad del ex comisario encarcelado ahora en la prisión de Estremera acusado de liderar una organización criminal, procesaba acto seguido los datos y los vendía a sus clientes. Así lo hizo, por ejemplo, en el marco del contrato que suscribió con el BBVA durante la presidencia de Francisco González para rastrear los contactos establecidos por el grupo liderado por el empresario Luis del Rivero que pretendía asaltar la entidad financiera y descabalgar a González de la presidencia.
La información vinculada con periodistas facilitada por Riaño al grupo de Villarejo se encuentra archivada junto a datos confidenciales de terceras personas investigadas vinculados con vehículos e información notarial. La Unidad de Asuntos
Los documentos han sido intervenidos a Rafael Redondo, socio del ex comisario
El listado, remitido por el ex policía Bonilla, fue facilitado antes por Constancio Riaño
Internos deja constancia de que las búsquedas de datos utilizando la logística de la Comisaría General de Información por parte de este inspector eran masivas y afectaban a decenas de personas.
Asimismo, han sido intervenidos los correos electrónicos en los que Riaño enviaba al Grupo Cenyt la información y en los que figuran también consultas a la base de datos de Seguridad Social. Entre las identidades rastreadas se hace referencia a Pedro Zoido, un «prejubilado de La Caixa» y a personas vinculadas con la empresa Balder Ip Law.