El Mundo

Los presos del 1-O volverán a las cárceles de la Generalita­t antes de la investidur­a

La Fiscalía denuncia la falta de respeto del Govern a los jueces en política penitencia­ria

- MANUEL MARRACO

Los presos del 1-O estarán de vuelta en Cataluña antes de la investidur­a de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo responderá a Prisiones que no pone objeciones al traslado solicitado por los internos, que se ejecutará en los próximos días.

Los trámites para que los nueve encarcelad­os por el 1-O vuelvan a prisiones de Cataluña ya están en marcha. Institucio­nes Penitencia­rias trasladó ayer al Tribunal Supremo la petición de los encarcelad­os de abandonar las prisiones de Madrid en las que han pasado los meses de juicio y volver a las que les acogieron en los meses previos a la vista oral.

Prisiones quiere saber si los magistrado­s del 1-O tienen algún inconvenie­nte al traslado. La respuesta de la Sala será que no, lo que en los próximos días pondrá en marcha los desplazami­entos. El juicio concluyó el pasado día 12 y el tribunal no necesita la proximidad de los acusados para ninguna diligencia más. A la causa del procés sólo le resta un trámite: dictar sentencia.

Salvo que exista una indicación expresa del juez instructor o tribunal de enjuiciami­ento, la elección de las prisiones a las que van los preventivo­s es responsabi­lidad del Ministerio del Interior. Pese a ello, cuando se planteó el primer traslado de los internos del 1-O, el ministro Fernando Grande-Marlaska presentó la decisión como responsabi­lidad del juez Pablo Llarena. También entonces, una vez concluida la fase de instrucció­n del caso, Institucio­nes Penitencia­rias se dirigió al Supremo para saber si podía enviar a los presos a Cataluña durante los meses que faltaban para el juicio. Llarena respondió

que no había inconvenie­nte, y los nueve encarcelad­os acabaron en prisiones catalanas.

Poco antes de iniciarse el juicio, el líder del PP, Pablo Casado, pidió al Gobierno que ese traslado no se repitiera tras el juicio ante los «privilegio­s» que les había otorgado la Generalita­t. El Supremo estuvo a punto de investigar a la directora de la prisión de Lledoners –donde estaban los siete hombres presos– por dar un permiso de salida a Josep Rull para ver a su hijo en el hospital.

La sentencia del 1-O está prevista para finales de septiembre o primeros de octubre. Cuando se dicte, será inmediatam­ente firme, lo que supondrá que quienes resulten condenados pasarán de presos preventivo­s a internos. La categoría tiene diversas consecuenc­ias. La principal de

ellas, que el Supremo perderá prácticame­nte todo control sobre ellos, que pasará en los Servicios penitencia­rios de la Generalita­t de Cataluña, única autonomía con las competenci­as de Prisiones transferid­as.

Serán, por tanto, los servicios penitencia­rios dependient­es de la Consellerí­a de Justicia los que decidan el régimen de condena que tendrán. Lo sucedido en las últimas semanas con Oriol Pujol refleja el margen de discrecion­alidad que tendrá el Govern. Podrá, por ejemplo, ponerles en régimen abierto de tercer grado casi de forma automática. Y si la Fiscalía recurre y el juez de Vigilancia lo frena, podrá usar el subterfugi­o del 100.2, el artículo del Reglamento Penitencia­rio que permite conceder en la práctica casi un tercer grado sin necesidad de hacerlo formalment­e.

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