Los presos del 1-O volverán a las cárceles de la Generalitat antes de la investidura
La Fiscalía denuncia la falta de respeto del Govern a los jueces en política penitenciaria
Los presos del 1-O estarán de vuelta en Cataluña antes de la investidura de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo responderá a Prisiones que no pone objeciones al traslado solicitado por los internos, que se ejecutará en los próximos días.
Los trámites para que los nueve encarcelados por el 1-O vuelvan a prisiones de Cataluña ya están en marcha. Instituciones Penitenciarias trasladó ayer al Tribunal Supremo la petición de los encarcelados de abandonar las prisiones de Madrid en las que han pasado los meses de juicio y volver a las que les acogieron en los meses previos a la vista oral.
Prisiones quiere saber si los magistrados del 1-O tienen algún inconveniente al traslado. La respuesta de la Sala será que no, lo que en los próximos días pondrá en marcha los desplazamientos. El juicio concluyó el pasado día 12 y el tribunal no necesita la proximidad de los acusados para ninguna diligencia más. A la causa del procés sólo le resta un trámite: dictar sentencia.
Salvo que exista una indicación expresa del juez instructor o tribunal de enjuiciamiento, la elección de las prisiones a las que van los preventivos es responsabilidad del Ministerio del Interior. Pese a ello, cuando se planteó el primer traslado de los internos del 1-O, el ministro Fernando Grande-Marlaska presentó la decisión como responsabilidad del juez Pablo Llarena. También entonces, una vez concluida la fase de instrucción del caso, Instituciones Penitenciarias se dirigió al Supremo para saber si podía enviar a los presos a Cataluña durante los meses que faltaban para el juicio. Llarena respondió
que no había inconveniente, y los nueve encarcelados acabaron en prisiones catalanas.
Poco antes de iniciarse el juicio, el líder del PP, Pablo Casado, pidió al Gobierno que ese traslado no se repitiera tras el juicio ante los «privilegios» que les había otorgado la Generalitat. El Supremo estuvo a punto de investigar a la directora de la prisión de Lledoners –donde estaban los siete hombres presos– por dar un permiso de salida a Josep Rull para ver a su hijo en el hospital.
La sentencia del 1-O está prevista para finales de septiembre o primeros de octubre. Cuando se dicte, será inmediatamente firme, lo que supondrá que quienes resulten condenados pasarán de presos preventivos a internos. La categoría tiene diversas consecuencias. La principal de
ellas, que el Supremo perderá prácticamente todo control sobre ellos, que pasará en los Servicios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, única autonomía con las competencias de Prisiones transferidas.
Serán, por tanto, los servicios penitenciarios dependientes de la Consellería de Justicia los que decidan el régimen de condena que tendrán. Lo sucedido en las últimas semanas con Oriol Pujol refleja el margen de discrecionalidad que tendrá el Govern. Podrá, por ejemplo, ponerles en régimen abierto de tercer grado casi de forma automática. Y si la Fiscalía recurre y el juez de Vigilancia lo frena, podrá usar el subterfugio del 100.2, el artículo del Reglamento Penitenciario que permite conceder en la práctica casi un tercer grado sin necesidad de hacerlo formalmente.