UN REY RENOVADOR EN UNA ESPAÑA CONVULSA
CINCO AÑOS DE FELIPE VI
una entrevista en el EL MUNDO en octubre de 2018, el veterano periodista del corazón y buen conocedor de los asuntos referentes a la Casa Real española, Jaime Peñafiel, afirmaba que la Princesa de Asturias, Leonor, nunca iba a ser reina. Y, acto seguido, añadía: «La Monarquía se acabará, lo veremos y no será una tragedia». ¿Tiene futuro la Monarquía en España? Aunque los historiadores no nos ocupemos normalmente del futuro y aunque este, evidentemente, no está escrito, me atrevo a contradecir las opiniones siempre interesantes de Peñafiel y a afirmar que la Monarquía del Rey Felipe VI y de su sucesora es una Monarquía de hoy y para mañana. Una Monarquía que, al igual que otras monarquías parlamentarias europeas, representa una adecuada garantía para afrontar los retos del siglo XXI.
Aseguran algunos políticos, periodistas y académicos, con la irresponsable seguridad que otorga olvidarse de aportar o simplemente carecer de argumentos sólidos, que la Monarquía, al contrario de la República, es anacrónica e incompatible con la democracia, el progreso y la modernidad. Toda comparación o contraposición generales y abstractas resultan problemáticas. Ni todas las repúblicas son democráticas y modernas, ni todas las monarquías representan lo contrario. Encontramos buenos ejemplos de excepciones, en el primer caso, en la RDA o en la URSS, en el pasado, o, en el presente, en Venezuela, China o Irán. Por lo que a las monarquías se refiere, mientras que los regímenes absolutistas de ayer o los países del Golfo de hoy niegan la democracia, no ocurre lo mismo, sino todo lo contrario, en las monarquías parlamentarias.
Decir Monarquía parlamentaria equivale a decir democrática. En el índice de calidad de la democracia en el mundo de 2018, elaborado por The Economist, se identifica a 20 «democracias completas». Las principales monarquías forman parte de este selecto grupo: Noruega en el puesto uno, Suecia en el tres y Dinamarca en el cinco; Holanda, Luxemburgo, Gran Bretaña y España, entre los puestos 11 y 19. En cambio, repúblicas vecinas como Francia e Italia o EEUU se consideran «democracias imperfectas», al igual que las monarquías belga y japonesa.
Los ciudadanos europeos de países con sistema monárquico muestran mayor satisfacción y afección al régimen democrático y a sus instituciones. Prueban algunos trabajos que las monarquías parlamentarias, gracias a la estabilidad, la neutralidad política –en contraste con el inmediatismo electoral republicano– y la capacidad de representación simbólica, convierten la democracia en más eficiente. Negar el carácter democrático a las monarquías parlamentarias de nuestros días o bien otorgarles un displicente trato de democracias incompletas, imperfectas o de baja calidad resulta, por tanto, impertinente. Lo anacrónico hoy no es la Monarquía, sino afirmar que la Monarquía es anacrónica.
La Monarquía española actual puede ser caracterizada, teniendo en cuenta el lustro transcurrido desde la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación como Rey de Felipe VI, en junio de 2014, como parlamentaria, democrática, republicana, moderna y ejemplar. Ante todo, España es una Monarquía parlamentaria. Esta fórmula, a diferencia de las monarquías simplemente constitucionales o absolutistas, corresponde a una forma democrática de gobierno en la que el jefe del Estado es el Rey, que no ejerce ningún poder político, pero sí tiene funciones y deberes. El Rey no es elegido por el conjunto de ciudadanos, en el cual reside la soberanía, sino designado, por lo que carece de poder y responsabilidad políticas. De esta manera, sucesión hereditaria y principio democrático devienen compatibles política y teóricamente. El Rey reina, en palabras de Manuel Jiménez de Parga, pero no gobierna. De su manera de reinar y de administrar su autoridad e influencia depende en buena medida la legitimidad popular, esencial en las monarquías parlamentarias de hoy. La pérdida del enorme prestigio acumulado desde la Transición democrática y de la popularidad de la Corona juancarlista, entre 2010 y 2014, terminó con una abdicación real.
El artículo 56 de la Constitución define al Rey como jefe del Estado y como símbolo de su unidad y permanencia. Y le asigna, a continuación, el arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones, además de asumir la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Los actos del Monarca deben resultar impecablemente constitucionales, como lo han sido, sin duda, los de Felipe VI durante los difíciles 300 días de gobierno provisional, en 2015-2016, o bien el 3 de octubre de 2017.
Complementando lo anterior, la Monarquía española puede definirse, en segundo lugar, como democrática. Del texto constitucional deriva la principal legitimidad del Rey, eliminando toda otra de origen. La consolidación de la democracia en España, tras el largo periodo de dictadura franquista, está indisolublemente asociada a la figura de Juan Carlos I. Una mirada global sobre su reinado, que vaya más allá de la óptica presentista que considera generalizables los años críticos finales –en donde los errores en la institución sumaron más que los aciertos–, debe reconocer necesariamente que la etapa juancarlista constituye un momento histórico excepcional, en el que se consolidó una España democrática, moderna, estable y abierta al mundo. El compromiso de la Corona con la democracia deviene fundamental a la hora de superar los efectos, en todos los terrenos, del escenario de policrisis evidenciado desde 2008.
Las monarquías de Juan Carlos I y Felipe VI han sido y son, además, republicanas. La Monarquía republicaEn na –o República coronada– y la República monárquica conviven, en nuestra época, sin demasiadas diferencias entre una y otra. España y Francia constituyen dos casos claros. No existen en ninguna parte, excepto como tipos ideales, líneas nítidas de separación en la práctica entre República y Monarquía, sino hibridismos múltiples. La Monarquía española es republicana, empero, sobre todo, por el hecho de integrar, defender y garantizar los valores fundamentales de libertad y democracia, dos elementos atribuidos en lo teórico y en lo abstracto al republicanismo.
El cuarto de los elementos característicos más arriba evocados es el de la modernidad. Felipe VI es un Rey de su tiempo y para su tiempo. La experiencia de los últimos lustros del reinado de su padre enseña, entre otras cosas, que el exceso de confianza y la pérdida de contacto con las evoluciones de la sociedad resultan a la postre negativos. El siglo XXI exige una Monarquía del siglo XXI, síntesis de una tradición irrenunciable y de una indispensable modernidad. Las aportaciones de la Reina Letizia a la institución merecen, en este punto, ser destacadas. Cuestiones como la transparencia, la atención a las nuevas generaciones o la incorporación a la Casa Real de las pautas rectoras de la gestión económica del sector público ejemplifican bien dicha naturaleza moderna.
La ejemplaridad es, finalmente, uno de los pilares esenciales que sostienen la Monarquía felipista. Esta precisa un metafórico techo de cristal –en España más incluso que en otras monarquías parlamentarias europeas, con solidez y tradición mayores–. Si la palabra más asociada a Juan Carlos I fue campechanía, su sucesor está más ligado al término rigor. Desde 2014 los cambios se antojan evidentes. La acción pública de los soberanos Felipe VI y Letizia y las reformas en la propia institución monárquica han permitido, en los primeros cinco años del reinado, recuperar una parte importante de la dignidad y popularidad perdidas. La reconstrucción real y simbólica emprendida, lenta pero sólidamente, ha dado buenos resultados. La suma de la media decena de características aludidas –parlamentaria, democrática, republicana, moderna, ejemplar– convierten la Monarquía en útil y en necesaria, tanto en la España de hoy como para la de mañana.
Felipe VI ya ha tenido dos crisis, afrontadas de forma impecablemente constitucional: los difíciles 300 días de gobierno provisional en 2016 y el 1-O en Cataluña