La asfixia del Gobierno a las CCAA dispara su morosidad
Las facturas pendientes de pago suben un 9,6% y se acercan a los 5.000 millones Las autonomías tardan en pagar unos 45 días y Valencia y Murcia superan los 50 Montero avisa de que sin investidura habrá más retrasos y el PP le acusa de «chantaje»
Repunta peligrosamente la tendencia de gobiernos autonómicos a guardar facturas en el cajón y demorar los pagos a miles de empresas en España.
La tensión de tesorería que están sufriendo las comunidades por el bloqueo político está disparando la morosidad a ritmos cercanos al 10% en los últimos meses, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avisa de que los pagos a proveedores se van a dilatar aún más al no haber aún un Gobierno central en funciones que pueda desbloquear los fondos. El Partido Popular, Ciudadanos y Podemos coinciden en calificar de «asfixia» la situación financiera de las comunidades por esta negativa del Gobierno central y urgieron ayer a Pedro Sánchez en el Congreso a que busque una solución. Según los últimos datos oficiales, la deuda comercial pendiente de pago de los gobiernos autonómicos con sus proveedores se acerca a 5.000 millones de euros tras aumentar un 9,6% con respecto al último mes y un 17% con respecto al mismo periodo del último año.
En una nota oficial difundida esta semana por el Ministerio de Hacienda, correspondiente al pasado mes de junio, se señala que «el importe de la deuda comercial de las Comunidades Autónomas asciende a 4.898,54 millones de euros, equivalente al 0,39% del PIB nacional». Son 429,75 millones de euros más que en mayo, en que ya creció también a ritmos cercanos al 10%.
El periodo de pago previsto en esas operaciones sube a 44,89 días, un 13.16% peor que en mayo y el más alto en lo que va de año. En junio de 2018, el periodo de pago era de 38,18 días y la deuda comercial pendiente ascendía a 4.197 millones, un 0,35% del PIB. Si se analiza el llamado Periodo Medio de Pago (PMP), que engloba las operaciones pagadas y las pendientes, es de 36,21 días, pero hay fuertes diferencias entre los 13 de Galicia o los más de 50 de Valencia y Murcia. Destaca también Cataluña con 46 días. El teórico plazo legal establecido para las administraciones en la Ley de Morosidad es un máximo de 30 días.
Hacienda resta importancia al incremento del PMP en junio en las CCAA por «la necesidad de atender en dicho mes un mayor volumen de pagos de naturaleza no comercial, con la consiguiente incidencia en el PMP y en la deuda comercial». Sin embargo, el dato de junio es muy similar a los 4.926 millones que se registraron en diciembre de 2018, considerado como el mes de más acumulación de compromisos de pago y donde es más habitual que aumente la deuda comercial de forma puntual.
Montero avisó ayer de que la imposibilidad legal de desbloquear las entregas a cuenta a las comunidades por estar en funciones «puede elevar el periodo de pago a proveedores» y auguró que ya el mes que viene estallará el problema al Gobierno valenciano y al de Murcia, por su alta desviación
del objetivo de déficit este año y por ser, en su opinión, las comunidades más perjudicadas en el actual sistema de financiación.
Montero aprovechó el aumento de morosidad para elevar la presión al resto de partidos para que apoyen la investidura. «La solución más sencilla que tienen las entregas a cuenta es que ustedes apoyen la investidura de Pedro Sánchez y el resto de formaciones se abstengan», dijo a la diputada de Podemos, Aina Vidal. Al portavoz de Hacienda del PP, Mario Garcés, la ministra le pidió «una abstención patriótica». No obstante, dijo que ella seguía «buscando sin descanso» una solución legal por si no hay investidura para entregar fondos antes de fin de año, aunque siga en funciones. Según Garcés, «es un chantaje» y cree que los fondos bloqueados este año a las comunidades ascienden a 9.170 millones, entre las entregas a cuenta y liquidaciones y compensaciones de «IVA previstas y no entregadas a los gobiernos autonómicos. Barones del PSOE, como Ximo Puig, también reclaman una solución a la asfixia.
Un informe del pasado año del Banco de España resaltaba las comunidades que habían logrado bajar su deuda comercial al 0,3% del PIB. Ahora, sin embargo, repunta y roza el 0,4% del PIB en una morosidad que no sólo perjudica a miles de empresas proveedoras, sino que ofrece una mala imagen exterior.