La Seguridad Social, con un agujero patrimonial récord
El Ministerio de Trabajo asegura que cumplirá con sus obligaciones de pago
El sistema de la Seguridad Social dispara en un 142% su agujero patrimonial hasta el récord de 33.260 millones. El pasivo es muy superior al activo y el desajuste supera con creces los 13.721 millones del año anterior.
El sistema de la Seguridad Social dispara en un 142% su agujero patrimonial hasta el récord de 33.260 millones. Así aparece en la cuenta general correspondiente a 2018 aprobada ahora por la Intervención General de la Seguridad Social para su remisión al Tribunal de Cuentas.
El sistema se ha quedado sin fondos propios. El pasivo es muy superior al activo y el agujero supera con creces los 13.721 millones del año anterior, cuando se registró, por primera vez, este pésimo síntoma de la salud financiera del sistema. El aumento es aún mayor si en vez de esta última cifra se toma en cuenta una reexpresión contable de 2017 de la Intervención General que situó el agujero de entonces en 8.700 millones.
Si se conforma un nuevo Gobierno del PSOE con Podemos con abstención de Esquerra deberá afrontar un reto descomunal de saneamiento del sistema que requerirá pactos de Estado con el Partido Popular, entre otros, para lograr una solución sostenible a uno de los grandes problemas de la economía española. De hecho, descontados ajustes contables, el patrimonio neto negativo se acerca a 40.000 millones.
La resolución del interventor general de la Seguridad Social. Manuel Rodríguez, enviada hace unos días al Tribunal de Cuentas, certifica el mayor patrimonio neto negativo nunca registrado en el sistema de la Seguridad Social en España y supone una situación contable tan deteriorada que, si fuera una empresa, implicaría la quiebra y la disolución, según ha puesto como ejemplo en el pasado el propio secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado. No obstante éste y la Intervención desdramatizan al tiempo la situación al recordar que cuenta con la garantía del Estado. «Conviene destacar que la trascendencia en el ámbito de la Seguridad Social de un patrimonio neto negativo no es comparable al ámbito de entidades privadas donde la garantía del Estado no se encuentra presente», subraya el interventor en sus comunicaciones con el Tribunal de Cuentas.
Otro matiz es que el Estado tiene contraídas deudas s no reconocidas con la Seguridad Social no contabilizadas adecuadamente que, si se pagaran, ofrecerían una imagen muy distinta de las cuentas, según el Ministerio. Pero son vasos comunicantes con efecto final en las cuentas del Estado.
La dura factura de la crisis ha venido deteriorando el patrimonio neto de la Seguridad Social, que había permanecido en valores positivos, aunque decrecientes, a lo largo de la década. Se mantuvo entre los 65.000 y los 75.000 millones en positivo entre 2008 y 2013, según las cuentas oficiales de la Intervención, hasta la caída a partir de ese año tras el fuerte descenso del empleo y ajuste salarial de los ejercicios precedentes.
Granado culpa de la caída a los efectos de la reforma laboral que hicieron disminuir sueldos y cotizaciones, mientras que en el PP advierten que el actual frenazo en el empleo por la caída de confianza que genera en su opinión el actual Gobierno va a complicar el saneamiento del sistema, que necesita un mínimo de 20 millones de afiliados para sostener las pensiones.
Los recursos propios de la Seguridad Social, constituidos principalmente por las cotizaciones sociales, no han cubierto ni cubren las obligaciones de pago, por eso se genera un déficit anual superior a los 15.000 millones que requiere de préstamos para cubrirlo y se forma el colosal agujero patrimonial certificado ahora.
El interventor señala como dato clave que la deuda de la Seguridad Social con el Estado pasó de los ya considerables 27.458 millones de 2017 a 41.302 millones en 2018 y el peso de la mochila continúa aumentando en 2019.
El ejercicio contable ahora cerrado fue el que compartieron el último Gobierno de Mariano Rajoy y el de Pedro Sánchez que han compartido la misma política: recurrir a la llamada hucha de las pensiones (fondo de reserva) y, para no vaciarla del todo, completar las necesidades de la Seguridad Social con préstamos del Estado. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que mientras continúe esta práctica de préstamos y no transferencias, la Seguridad Social continuará con agujero patrimonial. No obstante, aseguran que el sistema «ha pagado, paga y pagará puntualmente las obligaciones».
El propio Tribunal de Cuentas desaconseja que la solución sea endeudar a la Seguridad Social hinchando su agujero: «La vía de financiación estatal debería tener esta misma naturaleza económica y presupuestaria, esto es, proceder de transferencias corrientes de la Administración General del Estado, no de la concesión de nuevos préstamos».
El problema es endiablado, porque la vía de las transferencias complica la elaboración de los Presupuestos y pone aún más en peligro la consecución de los objetivos de déficit. Por eso, una de las prioridades de la legislatura es alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo que hagan posible la sostenibilidad del sistema con nuevas reformas.
El partido en el poder, el PSOE, se ha limitado a prometer en la campaña electoral la revalorización anual de las pensiones con la inflación, pero sin esbozar las medidas de ajuste que hagan financiable y sostenible esa promesa y, tal y como ha publicado este diario, está dispuesto a desgajar la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo si es necesario para que no quede bajo control de un ministro de Podemos, que habla abiertamente de subir impuestos para tapar el agujero del sistema.
De momento, tanto el déficit del Estado en su conjunto como de la Seguridad Social en particular está aumentando este año en vez de experimentar reducción. La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social presentó hasta octubre de 2019 un déficit del 0,50% del PIB, superior al del mismo periodo de 2018 que fue del 0,44%, según datos oficiales desvelados la pasada semana por el Ministerio de Hacienda. Los ingresos están creciendo un 6,4% en términos interanuales, impulsados por las cotizaciones sociales, que aumentaron un 8,0%, pero los gastos lo hacen en mayor medida. Estos se incrementaron un 6,9%, «destacando la evolución de las pensiones, que crecieron un 5,3% interanual», según el Ministerio.
El desequilibrio afecta también a la deuda del Estado, que también está creciendo en vez de la prometida reducción que hizo el Gobierno. Actualmente se sitúa en 1,05 billones, frente a los 1,02 billones de octubre de 2018.