El Gobierno admite ahora que 13.000 limpiadoras trabajan en negro por el SMI
Noviembre cierra con la mayor destrucción de empleo desde 2013
A punto de cumplirse un año de la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aplicada de manera unilateral por el Gobierno, el Ministerio de Trabajo calificó ayer esta decisión como «un éxito», aunque admitió que ha impactado contra colectivos vulnerables como las empleadas del hogar y los trabajadores del campo.
El primero de estos colectivos, según el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha encajado la medida pasando al mercado negro en una magnitud de 13.000 personas. El segundo, dejando de cobrar horas extraordinarias como compensación por la subida de su salario básico.
Son los dos únicos «impactos» que reconoce ya abiertamente el Gobierno sobre la que fue, junto a la subida de las pensiones, la decisión estrella de su política social en diciembre de 2018, dos meses antes de convocar elecciones. Lo hace como conclusión a un informe enviado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre evaluación de la subida del SMI y en vísperas de decidir si aprueba un nuevo incremento hasta 1.000 euros en 2020 o frena. En lo que respecta al conjunto de la medida, el Ejecutivo se ratifica indicando que no ha destruido empleo y que ha mejorado las bases de cotización de las que se nutre el sistema de la Seguridad Social. «Será un caso digno de estudio», concluyó Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social.
Así, en la primera evaluación, Trabajo mantiene el foco sobre los beneficios de su medida, que señala que será analizada en la posteridad como una gran decisión de política económica, pero admite daños colaterales. «Los problemas se ven en colectivos como el de empleadas de hogar, que es un trabajo con poco reconocimiento social. Es posible que alguien prefiera ser repartidor de Glovo o Deliveroo. ¿Dónde están las 13.000 empleadas que han abandonado? Pues probablemente han pasado a la economía sumergida. Sabemos que hay el mismo número de empleadas de hogar que antes y que siguen trabajando, pero no podemos entrar en los domicilios a controlarlo porque los domicilios son un ámbito inviolable. Tenemos que convivir con esa realidad», indicó el alto cargo de Seguridad Social.
El otro colectivo más afectado son los trabajadores del sector agrario. Granado explicó que su organismo ha detectado un menor número de horas declaradas. «Podemos pensar en que hay una tentación de oscurecer el impacto del SMI con menos horas declaradas. Los trabajadores sólo han ganado el 12% en la mejora de las retribuciones», admitió. Los sindicatos como UGT llevan meses advirtiendo además de que el nuevo SMI tiene grandes dificultades para integrarse en los convenios de los trabajadores del campo. Y que perfiles como éstos o el de las empleadas del hogar iban a ser precisamente los que pagarían una de las primeras medidas laborales aprobadas por Pedro Sánchez tras su pacto con Podemos fue también advertido por instituciones como el Banco de España. Una subida tan repentina, señalaron, acabaría destruyendo empleo precisamente entre aquellos a quien anunciaba un beneficio. En 2017, tras un periodo de congelación d seis años, el SMI subió un 8 % al pasar de 655,20 euros mensuales en 2016 a 707,60 euros un año después. Este incremento fue casi triplicado hace ahora un año por Pedro Sánchez al elevar el nivel un 22% hasta 900 euros, pasando por alto los acuerdos alcanzados por patronal y sindicatos.
El supervisor se sumó a una larga lista de economistas y organismos que advertía al Gobierno de que, más allá de un rédito electoral, el tiro le saldría por la culata. Estimaba en 125.000 los empleos que se perderían –fundamentalmente mujeres, jóvenes, trabajadores menos formados y empleados con contrato temporal– aunque reconocía que el cálculo se basaba en evidencias históricas que nunca habían tomado como referencia subidas como la aplicada por Sánchez. Por otro lado, añadía que si erraba en su cálculo quizás era por quedarse corto. No estaba teniendo en cuenta el empleo que se dejaría de crear y también dejaba fuera de la estimación al colectivo de autónomos, que asciende a tres millones de trabajadores.
El Gobierno se enfrentó al supervisor por este motivo en una dura polémica en la que lo acusó de agorero tratando de forzar una rectificación. El Banco de España se ratificó a la espera de que los datos del conjunto de 2019 lo desmientan o le den la razón. Un mes después, Trabajo tenía que admitir un «enfriamiento» del mercado laboral.