Caos total en la Justicia de Alicante por los errores del jurado del ‘caso Sala’
El juicio podría repetirse por la desaparición de un acta
Miguel López tocó el cielo contra todo pronóstico a las 17.26 del domingo 10 de noviembre, justo 43 horas después de haber estado a punto de despeñarse por el crimen de su suegra, Mari Carmen Martínez, la viuda del ex presidente de la CAM Vicente Sala. Faltó muy poco para que el jurado le adosara 24 años de cárcel. Sin embargo, en dos días, pasó de tener un veredicto de culpabilidad que no prosperó –la magistrada Francisca Bru lo devolvió al considerarlo mal motivado– a otro que le exoneraba de haber matado a la mujer el 9 de diciembre de 2016 en el concesionario de coches que él regentaba.
Ese vaivén en la decisión del jurado abonó una tensa calma para Miguel que acaba de romperse ante la amenaza de una repetición del juicio. La Fiscalía y el letrado de la acusación particular que ejerce el hijo de la víctima, el abogado Francisco Ruiz-Marco, ya trabajan en ello. Ambos solicitaron el acta del primer veredicto de culpabilidad pero la Secretaría del Tribunal del Jurado les ha contestado que no consta en las actuaciones. Por tanto, la insólita desaparición del documento será motivo de recurso. Pedirán que la vista se anule, con todo lo que eso conlleva.
Ayer mismo el letrado de la Administración de Justicia (LAJ), Manuel Cerdán, encargado de custodiar el documento y la persona señalada por su pérdida, informó de que ese primer veredicto se destruyó por ser «un borrador». «Se hizo en salvaguarda del carácter secreto de las deliberaciones consagrada en la Ley del Grado», matizó. Cerdán afeó a las acusaciones que no hubieran solicitado el veredicto antes. Después echó mano de la normativa para legitimar su postura. «Habría que determinar si es posible en el procedimiento de la Ley del Jurado la existencia de ‘varias actas’ o, por el contrario, sólo debe haber un ‘acta’». «La ley es clara pues se habla de acta, como acta única» y, según su criterio, ese documento único es el veredicto final de no culpabilidad.
Ese será el primer paso después de que la sentencia reflejara que el tribunal no profesional pusiera en lugar de Miguel a un «desconocido» como la persona que apretó el gatillo. El vuelco a su favor fue un reflejo de cómo pesaron las 72 horas de deliberación en el jurado.
El tránsito por el crimen de su suegra terminó para López cuando la portavoz del tribunal popular pronunció «no culpable» con voz afinada y firme. Él se aflojó. Había sorteado el abismo. Comenzaron entonces los recelos sobre el veredicto, pues aunque en ese momento sólo la juez y el jurado sabían que la primera decisión era la de declarar culpable a Miguel, la noche en la que se retornó el veredicto todos en la Sala intuyeron que era de culpabilidad. Para López habían sido cuatro semanas difíciles de juicio que se unían a los casi tres años de la investigación. La Policía y el fiscal José Llor nunca han concebido el asesinato sin su participación. El «no culpable» lo dejó clavado en la silla, incapaz de asimilar un veredicto por el que había estado luchando desde que en febrero de 2017 le acusaron de matar a la madre de su mujer.
Tras destapar EL MUNDO que el primer veredicto era de culpabilidad, tanto el fiscal, José Llor, como el letrado de la acusación particular, Francisco Ruiz-Marco, se apresuraron a solicitar el acta para comprobar si había motivos para su devolución, si la magistrada estaba en lo cierto; querían confirmar las razones que habían llevado al jurado a tomar el camino inverso. Las acusaciones todavía tenían muy presente la tensa audiencia que habían tenido la noche del viernes donde la juez devolvió el primer veredicto aludiendo a una jurisprudencia del Supremo que ellos no compartían y por la que hicieron constar sus protestas.
Tener el acta era vital así que tanto el fiscal como el letrado pensaron que se trataría de un simple trámite y que el documento se les facilitaría sin más problemas. Pero el acta no está por incomprensible que parezca. Con una ligereza que todavía escuece a las acusaciones, Manuel Cerdán les trasladó que «no consta», sin más explicaciones. Esta réplica ha enfurecido a una Fiscalía incapaz de
El custodio del documento defiende su destrucción por ser «un borrador»
Los secretarios judiciales de Alicante detectan un «ataque institucional»
asumir una respuesta tan poco rigurosa en un asunto de estas dimensiones y más incapaz todavía de transigir con la posibilidad de que ese documento haya desaparecido. Aunque de manera oficial el Ministerio Público mantiene las formas, de puertas para adentro arde. Lo considera un escándalo, un hecho tan insólito como grave. Su sentir se resume en el acuerdo de su cúpula, reunida de urgencia, de dar un ultimátum: o aparece ese veredicto o incoará diligencias de investigación. Incluso pedirá la nulidad del juicio, según ha podido saber este periódico. La acusación particular ya lo ha hecho.
La firmeza de la Fiscalía se ha interpretado como un ataque por parte del colectivo de secretarios judiciales de Alicante. La mitad entiende que Cerdán «está siendo víctima de un ataque institucional» y pide que se cree un protocolo que clarifique hasta dónde llega la responsabilidad del LAJ en la custodia de documentos judiciales. Un extremo que la Fiscalía tiene claro.
La desaparición del primer veredicto de culpabilidad ha terminado de poner la puntilla a un proceso intenso de principio a fin. El jurado estuvo incomunicado desde el mediodía del jueves 7 de noviembre hasta las 17.30 horas del domingo 10. El primer sobresalto llegó el viernes a las diez de la noche. Tras diez horas había veredicto. La juez citó al jurado y a las partes: las acusaciones y la defensa. Pero no a Miguel. Sabía que el veredicto no iba a prosperar. Bru no quería arriesgarse a una posible nulidad por parte de una instancia superior en caso de recurso. El fiscal Llor y Francisco Ruiz-Marco consideraron que las bases que enumeró la magistrada para retornar el veredicto no se ajustaban a la ley. El jurado dio validez a la prueba de cargo y no valoró la prueba de descargo, la que apoya la inocencia del acusado, pero no abundó en el por qué. Bru les invitó a valorar los contraindicios. Las acusaciones entendían que no era necesario; que el jurado, insistieron, «no se tiene que pronunciar sobre los hechos no probados».
Los integrantes del tribunal habían regresado al hotel pensando que ya se iban a casa tras cuatro semanas cuando comenzó una contrarreloj para debatir sobre si Miguel López disparó o no a su suegra, con la idea muy presente de que «mejor un culpable en la calle que un inocente en prisión». La intensidad de los días de incomunicación hicieron mella en las seis mujeres y tres hombres del jurado. Tanto, que el domingo por la mañana una de las mujeres se vino abajo. Comenzó a tener tarquicardias y se declaró incapaz de ser objetiva. Una médico certificó su estado. Hubo que recurrir a un suplente. Se reanudó una deliberación que era contraria a la del viernes. El cansancio y los nervios eran palpables. A mediodía, el jurado abrochó su decisión. Se dio aviso a la magistrada que, tras analizar el veredicto, convocó a las partes. Esta vez sí, Miguel López estaba incluido. El acusado había estado 75 horas en manos de nueve legos en Derecho encargados de decidir sin pruebas pero con abundantes indicios y con una magistrada que buscaba una precisión casi profesional. ¿Se le pidió demasiado al jurado?
Con un veredicto a favor, López abandonó la sede judicial sin grandilocuencias. Ni suyas ni de su abogado Javier Sánchez-Vera. Más bien todo lo contrario. El triunfo fue tan discreto como potente.