73 empresas ocultan el destino de seis millones en gastos electorales
No han remitido al Tribunal de Cuentas el detalle de sus trabajos para los partidos
Más de setenta empresas no han remitido al Tribunal de Cuentas el detalle de sus trabajos para PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos encargados con motivo de las elecciones generales del 28-A y las europeas de 2019, tal y como obliga la ley electoral. El volumen de dinero ocultado en las facturas es de más de seis millones de euros.
La fiscalización de las cuentas de los partidos políticos relativa a los procesos electorales de 2019, llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas, destapa que 73 empresas no han proporcionado al órgano fiscalizador las facturas de los servicios que, en teoría, prestaron a las formaciones durante las campañas electorales de las generales del 28 de abril y de las europeas del 26 de mayo. El volumen de dinero de las facturas ocultadas asciende a 6,4 millones de euros.
Todos los proveedores están obligados por ley a remitir al Tribunal de Cuentas información detallada de la facturación efectuada a las formaciones políticas por importes superiores a 10.000 euros. Así lo recoge el artículo 133.5 de la de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg): «Deben informar al Tribunal de Cuentas las empresas que hubieren facturado con aquellos partidos y asociaciones que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones estatales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas, por gastos electorales superiores a 10.000 euros».
Del total de proveedores que no han informado al Tribunal de Cuentas de los servicios prestados, 21 corresponden al PSOE, lo que supone un 28,7% del total de empresas. Además, el PSC también cuenta con una empresa –en concreto, Facebook– que no ha dado traslado de esa información e incumple la obligatoriedad de la Loreg respecto al trabajo realizado para varias formaciones: además del PSC, Unidas Podemos, En Comú Podem y ERC.
En el listado de proveedores del PSOE que no han informado al Tribunal de Cuentas hay tres empresas que reinciden tanto en las generales como en las europeas: Gestión y Servicios SL, Fernando Jesús García Gongora y Javier Olmo Alario (Entiak). Entre las tres suman un importe de 100.550 euros del total de los 456.167 que sumarían las facturas de las 21 empresas que han realizado trabajos electorales al partido que lidera Pedro Sánchez y que no han informado al órgano fiscalizador.
Los principales partidos del mapa político español, salvo por ejemplo Ciudadanos, han sido reprendidos de manera reiterada por el Tribunal de Cuentas para que obliguen a las empresas que contratan a que cumplan con la ley y envíen las facturas superiores a 10.000 euros por operaciones de campaña electoral.
El PP es la formación que computa la mayor cantidad de dinero facturado por empresas que no han trasladado la información. El montante asciende a 2,6 millones de euros. Se trata de 19 proveedores distintos sin que ninguno trabajara en las dos citas. Uno de ellos suma uno de los contratos de mayor cantidad no detallado al Tribunal de Cuentas: se trata de la empresa Servinform, a la que la formación de Pablo Casado pagó 1,1 millones de euros.
Con todo, la empresa que cuenta con el mayor contrato y que ha incumplido con esta obligación fue contratada por Vox para las elecciones europeas: Juan Manuel Soriano Comunica2, por valor de 1,3 millones. También es llamativo el montante que Facebook, una gran multinacional, no ha justificado ante el Tribunal de Cuentas por servicios contratados por Unidas Podemos por un valor total, entre elecciones generales y europeas, de 968.405 euros.
La ocultación de información de los contratos de empresas que facturan a las formaciones políticas no es un hecho nuevo, sino que se repite en cada cita electoral pese a las advertencias del Tribunal de Cuentas, que no son desconocidas para los partidos, puesto que, además, este órgano publica antes de cada proceso electoral las instrucciones relativas a la fiscalización de las contabilidades de los partidos en las citas en las urnas, donde les advierte con antelación: «Las empresas que les hubiesen facturado por gastos electorales superiores a 10.000 euros, deberán informar al Tribunal de Cuentas de sus respectivas operaciones».
Ocurre que en las generales de 2019 este incumplimiento de la ley se incrementó de manera considerable hasta sumar 49 empresas. En los comicios de junio de 2016 se detectaron sólo tres proveedores que no aportaron información de los servicios prestados, por un saldo de 81.014,05 euros. Dos de ellos eran de Unidas Podemos (Facebook y Prisa) y el otro fue contratado por la coalición de UPN con el PP (Brandok Comunicación). En la cita de diciembre de 2015, la cifra también fue alta: 45 empresas, resultando un saldo no informado de 3.699.460,24 euros; de ellas, 31 fueron contratadas por el PP.