EL ESTADO QUIERE QUEDARSE “A LARGO PLAZO” EN EL CAPITAL DEL SUPER BANCO
Moncloa prevé mantenerse como segundo mayor accionista / Descartó la unión con el Sabadell, donde el Estado hubiera sido socio mayoritario
“No había otra opción posible”, justifica el Ejecutivo tras haber dejado a Podemos al margen
Cunde la satisfacción en el Gobierno de Pedro Sánchez tras la mayor operación bancaria de los últimos años. El anuncio de la fusión de Caixabank y Bankia (esta última, controlada por el Estado, con un 62% del capital) ha tenido una resonancia positiva tanto en la Bolsa como en el orbe financiero. En La Moncloa bendicen la absorción, y sostienen que era la mejor salida posible para Bankia, en un momento de incertidumbre por la depresión económica que ha acarreado la pandemia del coronavirus.
«Es una muy buena operación para España», aseguran fuentes de La Moncloa, que resaltan el «sentido de Estado» de este movimiento, en cuyo respaldo Sánchez antepone una visión ortodoxa a los intereses de Unidas Podemos. La formación morada quería impulsar al máximo el papel de Bankia como entidad pública, espoleando el crédito a las pymes, los autónomos y las empresas de la «economía social», facilitando hipotecas «justas» y creando un parque de viviendas protegidas.
La nueva entidad será la mayor de España en activos, empleados y sucursales, y el Estado ostentará, a través del Frob, alrededor del 15% del capital social. Aproximadamente la mitad que la Fundación Bancaria La Caixa. Su presidente, Isidro Fainé, ha sido el artífice de la operación, y el interlocutor con el entorno de Pedro Sánchez.
La gran duda que ha sobrevolado las primeras horas tras el anuncio de la fusión ha sido si el Ejecutivo jugará un papel destacado o, por el contrario, prefiere privatizar pronto la porción que controla. Las fuentes gubernamentales consultadas por este diario son claras: La Moncloa no
tiene, hoy por hoy, ninguna prisa por deshacerse de su porción del banco. El plan del Ejecutivo pasa por «seguir como segundo accionista» a «largo plazo» y «esperar» hasta que se despeje la situación económica para calibrar qué decisiones son las mejores para el contribuyente.
Es decir, Sánchez cuenta con que en un futuro el valor de la acción siga subiendo y se abran ventanas de oportunidad para recuperar una parte de los 22.424 millones que los ciudadanos inyectaron en Bankia en el rescate de la entidad. Pero en el Ejecutivo reconocen que ese futuro no parece cercano, y que «no se recuperará» tal cantidad de ayudas, ni siquiera la mitad.
Así que, insisten, lo que toca es «esperar» y ver por dónde evolucionan la crisis económica, el sistema financiero y la entidad resultante de la fusión (o absorción). El entorno de Sánchez sabe que tanto CaixaBank como Bankia oteaban en el horizonte una caída de la rentabilidad, un incremento de la morosidad y un deterioro de activos por el desplome de la economía española tras la pandemia. Por eso estaban siendo muy castigadas en Bolsa y por eso se apuntaron enormes subidas el viernes, después del anuncio: Bankia, un 32,9% y CaixaBank, un 12,4%.
La decisión de Pedro Sánchez de darle el visto bueno a la operación sin consultarlo con Unidas Podemos tensiona el Gobierno de coalición. No en vano, la formación de Pablo Iglesias venía presionando para que no se acometiera una operación como ésta, ya que reduce la competencia en el sector bancario.
El programa electoral de los morados era meridiano. Hablaba de «impedir la inminente privatización de Bankia», después de que «los españoles y las españolas nos hayamos gastado 60.000 millones de euros en el rescate bancario» a través del cual «los ciudadanos y ciudadanas adquirimos Bankia».
Pero ni la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ni el presidente del Gobierno incluyeron a Podemos en la ecuación. «¿Por qué?». Porque el ala socialista del Ejecutivo ha preferido una fusión defensiva, ante las debilidades de la entidad –compartidas, en parte, con CaixaBank– y ha marcado perfil propio en pos de una imagen «estadista», más allá del debate partidista. «No había otra opción posible», aseguran en La Moncloa.
Sí hubo una posibilidad sobre la mesa, pero se descartó: fusionar Bankia con Sabadell. En el Ejecutivo creen que esta salida habría sido menos conveniente para los intereses públicos. Hay que resaltar que en este caso el Estado sí habría sido el principal accionista de la entidad resultante, con en torno al 40% del capital.
Además, otras fuentes del equipo económico del Gobierno resaltan que el radio de acción de la entidad presidida por Josep Oliu es más acotado, con el principal foco en Cataluña. Sea como fuere, mantener Bankia en su situación actual y convertirla en un banco público, como quería Iglesias, no estaba en los planes del Ejecutivo.
Así que para Calviño y Sánchez es una victoria que la entidad resultante de la fusión vaya a presidirla José Ignacio Goirigolzarri, que cuenta con muy buen cartel tanto en el sector como en el propio Gobierno. Y al que Iglesias quería destituir, como plasmó en su programa: «Con carácter inmediato, se elegirá por tres quintos del Congreso una nueva presidencia de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país».
Además, la fusión-absorción maniata al independentismo catalán y reduce drásticamente su capacidad de influencia sobre el banco catalán por excelencia. El traslado de la sede social de CaixaBank a Valencia ya marcó el paso de la entidad hacia caminos opuestos a los del independentismo. La operación con Bankia apuntala esa tendencia, y aborta, por ahora, el sueño nacionalista de que la joya de la corona del empresariado catalán volviese a Barcelona.
En La Moncloa conocían la operación, pero no la fecha concreta en la que ambos bancos (herederos de las principales cajas catalana y madrileña) iban a informar de la negociación a la CNMV, como obliga la ley. Tanto Goirigolzarri como Fainé estuvieron presentes en el acto del Ibex con Sánchez, el lunes.
Se rechazó la opción de fusionar a Bankia con Sabadell y que el Estado fuera accionista mayoritario