La declaración de Calvente deja a Iglesias cerca de ser acusado por denuncia falsa
Sus revelaciones al juez sobre el «montaje» del ‘caso Dina’ colocan al vicepresidente en una situación jurídica delicada
Pablo Iglesias ha quedado en una situación jurídica delicada tras la declaración ante el juez del caso Dina del ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente. El vicepresidente del Gobierno está más cerca de una posible acusación por denuncia falsa.
Hace años el juzgado estrella de la Audiencia Nacional era el Central de Instrucción número 5 que capitaneaba el ex magistrado Baltasar
Garzón. Todos las causas mediáticas recaían entre las viejas paredes amarillentas de la segunda planta de la antigua sede de la Audiencia. Las decisiones de Garzón, al que algunos apodaban El Mago (por el rey mago Baltasar), acaparaban día sí y día también las portadas de los principales periódicos del país. Ahora esa atención la atrae otro togado, Manuel García Castellón, quien probablemente no imaginaba en mayo de 2017, cuando decidió dejar su plaza de juez de enlace en Italia, que tendría un imán para los casos más delicados del tribunal más mediático de España. Del escandaloso espionaje a Luis Bárcenas en la operación Kitchen a la confesión del ex abogado de Podemos José Manuel Calvente en el caso Dina, las investigaciones del juez preocupan a derecha e izquierda.
Anticorrupción le pidió días atrás que cite a declarar como imputados en Kitchen a los ex ministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal. El juez, que según fuentes próximas quiere actuar con cautela, dará primero la oportunidad de explicar los pormenores de la guerra sucia contra Bárcenas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. El ex número dos de Interior, investigado en esta causa, le entregó en marzo una batería de mensajes que protocolizó ante notario comentando con su superior los pormenores de la «operación parapolicial». Martínez ya ha transmitido a su círculo más cercano que no va a asumir solo las responsabilidades penales derivadas de Kitchen. Ese marrón no se lo va a comer solo.
Según diversas fuentes de la investigación consultadas por EL
MUNDO, al ex ministro lo salvó la pandemia, porque cuando el juez acordó la entrada y registro en el domicilio de Martínez, un día antes de que se decretara el estado de alarma, encima de la mesa estuvo la posibilidad de también registrar la vivienda de Fernández Díaz. Pero en un momento en el que el coronavirus avanzaba a la velocidad del rayo, juez y fiscales optaron por limitar el dispositivo en Martínez. Sin embargo, tras analizar los mensajes aportados por el ex secretario de Estado, la citación como investigado del ex ministro se da por segura en la Audiencia. Cuestión distinta es la de María Dolores de Cospedal, contra la que pesan unos indicios más endebles; de ahí que su imputación por ahora sea incierta.
Junto a la patata caliente de la operación Kitchen, García Castellón deberá decidir próximamente qué salida procesal da al caso Dina, aquel en el que se investigaba la difusión del contenido del móvil robado a la ex asesora de Pablo Iglesias y que ha acabado situando en la diana al vicepresidente del Gobierno como autor de un posible delito de denuncia falsa y otro de daños informáticos.
La declaración del ex jefe del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, confirmando lo que detalló en una entrevista con EL MUNDO, es decir, que el caso Dina fue un «montaje» para obtener «beneficio político», sitúa a Iglesias en una situación jurídica delicada. La supuesta maniobra de las cloacas del Estado para dañar la imagen del líder de Podemos puede tornarse en un ejemplo de utilización espuria de la Justicia. Tras los cambios de versión de los hechos de su ex asistente Dina Bousselham, la Fiscalía pidió en mayo retirar a Iglesias la condición de perjudicado y el juez lo acordó. No podía considerarse al líder de Podemos víctima del ex comisario Villarejo en este procedimiento. Después, el 24 de junio, este periódico reveló chats internos de la formación morada en los que el abogado purgado advertía de que los mensajes del móvil de Bousselham procedían de una «filtración» y no de «un robo».
Calvente, que relató que él y su familia sufren amenazas, no se achantó en sede judicial. El testimonio del letrado que causó más impacto en el juzgado fue su explicación sobre la existencia de un grupo organizado en Podemos que incita al odio en redes sociales contra aquellos personajes incómodos para el partido. Por ejemplo, los jueces que los investigan. «Fue un relato escalofriante».