«Llevamos tres meses en espera del ingreso mínimo»
Más de 700.000 familias no saben nada de sus solicitudes para recibir la ayuda
Marcos tiene unos cortes en la mano. Se los ha hecho recogiendo un montón de cristales rotos que hay esparcidos por el interior de la furgoneta desde el golpe del otro día. Es lo que le faltaba a esta caja móvil de 22 años sin faros, sin ITV y con las ruedas tan cansadas como su dueño. «A veces estoy durmiendo y me despierto antes de tiempo a ver si alguien me ha llamado para que recoja algo de chatarra. En estas dos semanas he sacado 21 euros. Vendí 21 y eché 10 de gasolina. Así que en 15 días he ganado 11 euros. Yo soy un tío alegre, pero hay veces que cuesta vivir».
Vivir... Marcos está en el paro. Su mujer, Lola, también. Su hijo, Juan, tiene seis meses. Y su madre, María, cobra una Renta Mínima de Inserción (RMI) de 512 euros mensuales. Viven los cuatro juntos y en esta casa no hay ningún ingreso más. No tienen propiedades, ni trabajo, están inscritos en la búsqueda activa de empleo y el único banco que manejan es el de alimentos.
Hace tres meses que solicitaron el Ingreso Mínimo Vital.
Y ni siquiera les han contestado que no. Porque ni siquiera les han contestado.
Se han cumplido tres meses y medio desde que el Gobierno activó esta ayuda de subsistencia, una promesa sujeta a un presupuesto fijo y con mucha letra pequeña que se publicitó como un logro de la lucha contra la pobreza: 461 euros para el titular de la unidad familiar más 138 por cada miembro. Si sale bien, en casa de la familia Mendoza Moto, 875 euros.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que cerca de 80.000 hogares (74.119) han cobrado ya el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero la oposición política y los colectivos sociales discuten esa cifra. El 31 de agosto, Marea Básica aseguró que, de más de 700.000 solicitudes, se habían resuelto 32.629 (el 4,57%), y de éstas, sólo el 12,7% habían sido favorables, «lo que significa que han sido aprobadas el 0,58% del total presentadas, unas 4.000».
¿Por qué tan pocas? «Porque es un proceso documentalmente complejo. El retraso se debe a búsqueda de facturas y duplicidades en los expedientes, pero a lo largo de septiembre se resolverá y se concederán ayudas con carácter retroactivo. La primera revisión se hará el 15 de septiembre», asegura Escrivá. O sea, mañana.
¿Por qué tan pocas? «Porque el sistema se ha desbordado, hay una carga de trabajo brutal y una evidente brecha digital», dice el CSIF, principal sindicato de funcionarios. «Porque el sistema de la Seguridad Social está en colapso, las solicitudes son complejas y hay brecha digital entre las personas que más lo necesitan», afirma Marea Básica.
El embudo a la entrada del IMV es tan palmario que hasta el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, lo admite sin disimulo: «Hay quien dice que los de Podemos metemos prisa, pero es que llenar la nevera o pagar la luz genera prisa. No podemos decir: ‘Espere usted, porque esto es muy complicado’. No podemos poner excusas».
Así, los últimos datos del Gobierno indican que hay 830.000 expedientes en estudio. Por lo que, aun con las cifras de Escrivá en la mano, cerca de 750.000 familias están esperando la ayuda.
Y ésta es la historia de una de ellas.
Unos días antes de que, el 1 de junio, el real decreto entrara en vigor, Marcos y Lola nos contaron por qué iban a solicitar el IMV. Vivían con la madre de Marcos y acababan de traer a este mundo a su hijo Juan, nacido un 24 de marzo de pandemia y confinamiento. Sin posibilidades de vender chatarra en la calle y con el único ingreso de la RMI de María, 512 euros al mes para cuatro bocas eran las cuentas del hambre. Pollo en vez de ternera, ni un dulce, banco de alimentos, alguna ayuda de los vecinos, nada de ropa nueva, muebles de la calle… El equipaje de la pobreza.
En aquel reportaje, Marcos y Lola encarnaron en un párrafo la necesidad del IMV. «No pediré el ingreso para ahorrarlo, lo pediré para sobrevivir. No irá para ropa o un coche. Irá para comer. Y ojalá lo necesitemos poco tiempo. Porque yo no quiero estar con una ayuda de nadie toda mi vida. Yo quiero tener un trabajo, hipotecar una casa y tener un futuro».
Hoy, tres meses después, hay que saber qué pasa en casa de la familia Mendoza Moto.
Marcos: «Estamos peor que en junio. La furgoneta está rota, no tiene luces, no tengo 80 euros para pasar la ITV y ya no puedo salir a buscarme la vida con ella. El niño va creciendo y necesita ropa y calzado, y ahora ya come potitos. A mí me da igual una tortilla, pero para el niño quiero lo mejor. Tenemos que ponerle dos dosis de una vacuna que cuesta 220 euros y no sé de dónde vamos a sacarlos. Y hay que seguir pagando el alquiler, la luz, el gas, la comunidad y el agua. Yo antes que pagar la ITV prefiero dar de comer a mi hijo. Comprendo que es no ir con la ley, pero ¿qué hago?».
Lola: «Mi hijo cogió un virus y estuvo ingresado una semana en el Niño Jesús. Yo lo veo crecer y siento que cada vez necesita más cosas».
Marcos y Lola son gitanos. A Marcos siempre le gustó la mecánica, pero nunca pudo trabajar entre coches. Se apuntó al paro y sigue sin suerte. «He ido a todas las ofertas que me han salido. Y siempre es lo mismo: cuando te ven, te dicen que ya te llamarán. No me gusta decirlo, pero influye que soy gitano. La última vez fue una oferta de carretillero. Nos presentamos muchos, yo tenía carnet de conducir desde hacía seis años y cogieron a gente con experiencia de uno. Es muy duro pasar por todo eso».
Los portes esporádicos de chatarra fueron una ayuda de a 10 euros la semana para esta unidad familiar, que no pudo pedir otra ayuda social hasta que nació Juan. Por eso, cuando el Gobierno aprobó el IMV, en esta casa hubo alegría. Sin embargo, las condiciones hacen que Marcos, Lola y Juan no sean considerados una unidad familiar distinta a María, por lo que la petición del IMV es única y abarca a los cuatro. E implica que si el IMV es concedido, la RMI de María desaparecerá.
«Ese concepto es un obstáculo para la promoción social de una familia. Si Marcos y Lola se quieren independizar o reciben un piso de protección oficial, se tienen que ir sin recibir el IMV. En las capas empobrecidas, lo común es que en una casa vivan varias familias, una abuela con hijos y nietos o padres con hermanos y cuñados o nueras… El IMV no está encaminado a abandonar la pobreza. Tiene flecos. Su diseño revela que los políticos no conocen la realidad de la pobreza o la ignoran una vez conocida. Y no sé qué es peor en gente que legisla para la erradicación de la pobreza». Habla Roberto Bordas, un arquitecto que cambió el trazo fino de los chalets por la tinta gruesa de las chabolas en defensa de los derechos de los más pobres desde la Asociación Apoyo.
Así que el 23 de junio, Bordas reunió la documentación de la unidad familiar Mendoza Moto y les ayudó a presentarla. La solicitud incluyó muchos datos sobre los habitantes de esa casa. La familia presentó una declaración jurada de no haber recibido ningún ingreso en 2019 (la RMI no se tiene en cuenta), los sellos que acreditan que Marcos y Lola están inscritos en el SEPE en búsqueda activa de empleo, cuánto pagan de alquiler (75 euros) y el inexistente valor de bienes o propiedades.
Y, por fin, la semana pasada, la Administración les contestó. Pero no fue la central, sino la autonómica. Y con malas noticias. Bordas: «Marcos y Lola solicitaron una RMI en mayo, pero la Comunidad de Madrid la ha dejado en suspenso y les ha dicho que de contestar sería denegatoria porque la unidad de convivencia aún no tenía seis meses de vigencia ya que el niño tenía sólo dos meses, y porque se ha cruzado la solicitud del IMV. O sea, el niño de cero a seis meses no come y el IMV les está bloqueando otra posible ayuda».
Volvemos a la casa de María, Marcos, Lola y Juan. «La tele la compré en Wallapop por 10 euros, la mesita la encontré en la calle, las sillas nos costaron 20 euros y el canapé es un regalo de mi suegra. El móvil lo encontré en la chatarra. Por la noche la gente tira muchas cosas y yo salgo a buscarlas. Lo que la gente tira, yo lo recojo. Lo que para la gente es mierda, para nosotros es algo de vida».
Su aprobación en mayo fue publicitada como el gran logro social del Gobierno
Tres meses después, las solicitudes que se han resuelto ni siquiera llegan al 10%