... y ante los agentes sociales: los ERTE ya no consumirán paro
El Gobierno recula ante sindicatos y empresarios y reestablece el contador a cero de los ERTE
Las negociaciones a tres bandas del Gobierno con los agentes sociales para prorrogar más allá del 30 de septiembre el esquema de apoyo a las rentas de trabajadores y empresas afectados por las medidas para frenar la pandemia tomarán velocidad esta semana. De cara a facilitar un acuerdo lo antes posible, el Ministerio de Trabajo ha vuelto a incluir en las negociaciones el contador a cero para el derecho a prestación por desempleo de los trabajadores incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Así lo confirmaron ayer distintas fuentes del diálogo social a EL MUNDO.
En esta nueva ronda de negociaciones, las cuestiones presupuestarias son las que marcarán la pauta. El coste de las distintas medidas de apoyo desplegadas en los últimos seis meses por los Ministerios de Economía, Trabajo y Seguridad Social supera los 20.000 millones de euros y la recuperación intensa o en forma de V que se barajaba inicialmente tras el fin del estado de alarma se ha frustrado tras un verano desastroso para el sector turístico y protagonizado por los rebrotes. «Si no hay presupuesto no se pueden imponer normas», explicaban ayer fuentes del diálogo social.
La vuelta a la mesa de negociación del contador a cero supone una corrección relevante respecto a la propuesta inicial del Gobierno, que plantea desde hace meses la necesidad de pactar distintas fórmulas para acotar los costes presupuestarios de su plan de ayudas a empresas y trabajadores. Tras sacar adelante la primera prórroga de los ERTE en el último minuto, los ministros Yolanda Díaz y José Luis Escrivá aspiran ahora a recibir el respaldo de los agentes sociales con un mayor margen de tiempo, si bien hay dudas de que pueda lograrlo sin hacer concesiones. A tenor de las palabras de la propia Díaz, el plazo del nuevo esquema superará probablemente el mes de diciembre y entrará en 2021.
La semana pasada empresarios y sindicatos recibieron de Trabajo la propuesta de emprender una nueva fase más restrictiva en los esquemas de protección de rentas vigentes desde el pasado mes de marzo. En ella, el Gobierno dejaba fuera del esquema el contador a cero, es decir, que el tiempo pasado por un trabajador en ERTE no consumiera tiempo ganado a través de cotizaciones para percibir la prestación del paro en caso de despido. Se trata de uno de los puntos que más han destacado los sindicatos de los acuerdos firmados hasta ahora. El pasado mes de abril, los ERTE llegaron a afectar a 3,4 millones de personas y, a día de hoy, según el Ministerio de Trabajo, hay un total de 700.000 trabajadores incluidos en suspensiones de empleo de los que 640.000 lo son por causas de fuerza mayor.
Todos ellos están protegidos ya que los acuerdos firmados hasta septiembre incluyen una cláusula que penaliza la destrucción de empleo. Así, los despidos objetivos con una indemnización de 20 días por año trabajado se convierten en despidos improcedentes con una indemnización de 33 días por año trabajado, una cláusula que se mantiene en el nuevo esquema a pesar de que los empresarios la consideran innecesaria. Las negociaciones deben asimismo anular cláusulas anteriores como la que señala que el importe de la prestación baja del 70% al 50% a partir de los seis meses en suspensión de empleo. También aclarar en qué situación laboral quedan los progenitores de niños que por decisión de las autoridades autonómicas deban permanecer en casa para evitar riesgos de contagio.
Trabajo y Seguridad Social mantienen otro punto relevante y es el de su «modelo de protección diferencial», que distingue sectores especialmente castigados por las consecuencias económicas de la pandemia. Con este modelo, empresas y trabajadores
En las nuevas negociaciones, los Presupuestos marcarán la pauta
de áreas económicas como el turismo podrían verse beneficiadas del mantenimiento de las ayudas mientras que negocios relativos a otras actividades quedarían a expensas de demostrar que su situación merece el mismo tratamiento.
Entre los representantes de sindicatos esta propuesta tampoco es vista como aceptable. Con distintos grados de rechazo, para algunos la propuesta de protección diferencial debería ser lo suficientemente flexible como para ser actualizada a través de una comisión de seguimiento que pudiera extender las ayudas a empresas que demostraran pérdidas de negocio relevantes.