Borrell pide a Maduro que retrase las elecciones para enviar observadores
• Josep Borrell presiona al líder chavista para que retrase los comicios de diciembre • El Alto Representante supedita el envío de observadores internacionales a «cambios importantes» en la celebración de las elecciones
Josep Borrell sigue con su plan venezolano, tras recibir ayer el «apoyo fuerte» del Grupo Internacional de Contacto (GIC). El Alto Representante de la Unión Europea (UE) trasladó a los ministros de Exteriores que seguirá trabajando «por una solución negociada para Venezuela», sólo unas horas después del demoledor informe de la Misión de Naciones Unidas, que señala directamente a Nicolás Maduro como responsables de crímenes de lesa humanidad.
«Sólo cambios importantes en las condiciones y el calendario podrían permitir el despliegue de una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE)», concluyó Borrell, una forma de presionar a Caracas para que retrase los comicios previstos para el 6-D.
El ex ministro de Exteriores español apoyó al dirigente opositor Henrique Capriles durante las negociaciones secretas con el hijo de Chávez, que provocaron la liberación de 50 presos políticos y el indulto para 60 dirigentes y perseguidos políticos. Capriles también exige que Maduro retrase las elecciones a marzo para continuar con su respaldo a la lista La Fuerza del Cambio, presentada al margen de la mayoría opositora creada en torno a Juan Guaidó.
El presidente interino, con el sostén de 37 partidos opositores y del Parlamento democrático quienes apuestan por la abstención, ha lanzado en las últimas horas varios mensajes a Borrell. Entre ellas una frase que revoloteó durante la comparecencia telemática de este último: «Si reducimos nuestras exigencias beneficiamos al represor».
El Grupo de Contacto está conformado por los europeos España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Suecia y Holanda y los americanos Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, estos cuatro integrantes a su vez del Grupo de Lima, alianza antichavista que ha combatido duramente al régimen bolivariano.
Previamente, la ministra Arancha González Laya valoró el demoledor informe de la ONU como «preocupante», porque «muestra una serie de violaciones de derechos humanos después de que se quebrara el orden democrático en Venezuela». No obstante, adelantó que Borrell había conseguido «una serie de avances», pero que no se «ha llegado al final». Para el Partido Popular Europeo, «es imposible [la celebración de] unas elecciones libres bajo un régimen violador de derechos humanos».
El informe de la Misión de Naciones Unidas ha desnudado la política revolucionaria para violar derechos humanos y señalado a sus principales instigadores: Nicolás Maduro y
sus dos generales favoritos, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol. Ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, desapariciones y represión violenta contra las protestas conforman el catálogo del horror chavista.
Un «hito», como resumió Amnistía Internacional, que provocó reacciones
en cadena de distintos actores políticos. Alemania, por ejemplo, fue mucho más concluyente que la ministra española: «Maduro debe entregar el poder al presidente interino legítimo», según Jürgen Hardt, portavoz parlamentario en política exterior. «Un criminal de lesa humanidad», acusó directamente Iván Duque
a su archienemigo Maduro. «El informe de la ONU es lapidario, Venezuela es una dictadura pura y dura», acusó por su parte el canciller chileno, Andrés Allamand. Para Brasil, el régimen bolivariano no tiene condiciones ni legitimidad para conducir elecciones limpias. El Gobierno de Brasilia realizó una petición internacional para trabajar en común en la «extinción» del régimen.
Tras las primeras respuestas balbuceantes de Caracas, se apostó por el mismo guion que en denuncias precedentes: atacar a quienes lo redactaron y descalificarlo acudiendo a su «falta de rigor metodológico». Una vez respondió el canciller Jorge Arreaza, los distintos altavoces del chavismo en España y en el mundo iniciaron una campaña de control de daños. En paralelo, el fiscal chavista, Tarek William Saab, comunicó la puesta en marcha de una investigación contra Juan Guaidó, por el robo de activos financieros del Estado venezolano. Sobre las atroces torturas, los cientos y cientos de ejecuciones y demás atrocidades, nada de nada.
El Parlamento democrático exhortó ayer a la Corte Penal Internacional (CPI) a que actúe contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad «cometidos de forma sistemática por la dictadura».
La Misión de la ONU recomienda en sus conclusiones que sus Estados Miembros actúen contra quienes dirigieron las violaciones. Luisa Ortega, la fiscal legítima exiliada hoy en Bogotá, apunta que la sombra del caso Pinochet se cierne ahora sobre el hijo de Chávez.