El kirchnerismo vuelve a golpear a la Justicia y a los medios
Tres jueces que investigaban casos de corrupción ligados a Cristina Kirchner son apartados
Regresa un clásico del kirchnerismo a Argentina: su obsesión con la justicia y los medios de comunicación, algo que ya se había visto durante los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Bien firme hoy en la Vicepresidencia y la Presidencia del Senado, Cristina se está mostrando una vez más como la persona más poderosa del país.
Y como una mujer con fortaleza de carácter: con sólo 10 meses en el cargo, la vicepresidenta avanza firme y sin pausa en desmontar las múltiples causas judiciales por corrupción y lavado de dinero en las que está procesada. Esta semana, el Senado vio cómo la mayoría peronista desplazaba de sus cargos a los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. No son magistrados conocidos por el común de los argentinos, pero sí muy peligrosos para Cristina, porque tuvieron o tienen en sus manos causas muy importantes, entre ellas la de los cuadernos de la corrupción, una fabulosa y multimillonaria trama de sobornos en la obra pública en la que se señala a la viuda de Kirchner como jefa. Los tres jueces están ahora en un limbo, ya que se los devuelve a sus anteriores cargos, hoy ya ocupados por otros colegas. Tanto los jueces como la oposición reclaman la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que, como es habitual, se tomará su tiempo para decidir si lo hace y dar a conocer una decisión. Pero Cristina se anotó un tanto.
Todo esto sucede en el contexto de la reforma judicial que anunció un Alberto Fernández crecientemente cristinizado y que rompió casi todos los puentes con sus rivales políticos. Primero le quitó una jugosa tajada de los fondos federales al opositor Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para dárselos a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y delfín de Cristina. Días después, un alcalde peronista denunció a Mauricio Macri por presuntamente violar el aislamiento obligatorio: la casa de fin de semana del ex presidente fue allanada.
Pese a ese clima político tenso, reformar la justicia argentina es una propuesta muy racional, ya que tiene serios problemas de funcionamiento. Lenta, ajena a la era digital y contaminada políticamente en el nivel de los juzgados federales, son muchas las cosas que cambiar.
La reforma judicial tiene ribetes extraños: crea decenas y decenas de cargos de jueces cuando el sistema argentino está virando hacia el acusatorio, con el fiscal como figura preponderante. La oposición denuncia que la reforma de la justicia tiene un único objetivo: garantizar la impunidad de la ex presidenta. El presidente va por otro lado y dice que la justicia se debe una reforma. La que impulsó Fernández de Kirchner hace casi una década terminó siendo declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La del otro Fernández, Alberto, quizás no llegue a tanto: se aprobó en el Senado, pero no es tan sencillo que pase el filtro de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría.
En estas intensas últimas semanas, el Gobierno anunció el congelamiento de las tarifas de la telefonía móvil, servicios de internet y televisión por cable, a los que declaró «servicios públicos». El Grupo Clarín, el mayor del país, es el principal proveedor de esos servicios y señalado y declarado como el enemigo por Fernández de Kirchner durante su Gobierno bajo el lema de «Clarín miente».
Una de las curiosidades del déjà vu kirchnerista con el Grupo Clarín es que fue Néstor Kirchner, el fallecido esposo de Cristina, quien el 7 de diciembre 2007, tres días antes de dejar la Presidencia, firmó la fusión de Cablevisión y el Grupo Clarín, que consolidó el poderío del primer grupo mediático del país, uno de los más grandes del mercado en español.