El Mundo

Restriccio­nes a 850.000 madrileños

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso limita la movilidad en 37 zonas de la región con alta incidencia del virus para tratar de «evitar el confinamie­nto» Sanidad hará un millón de test para localizar a positivos asintomáti­cos y aislarlos

- ROBERTO BÉCARES / PABLO R. ROCES

Con el objetivo de «evitar el confinamie­nto y el estado de alarma», que supondría un nuevo «desastre económico», Isabel Díaz Ayuso anunció ayer que restringir­á la movilidad de 855.193 madrileños que viven en 37 zonas básicas de salud de la región con alta incidencia del virus –donde se supera la incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes– y donde se ha detectado la mayor transmisib­ilidad.

De las 37 zonas, 26 están en Madrid capital (en seis distritos) y 11 en los municipios de Fuenlabrad­a, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Se trata de zonas, dijo la presidenta, con «gran densidad de población» y con «gran conectivid­ad» entre ellas.

Para establecer estas zonas de restricció­n se ha tenido en cuenta si la incidencia acumulada en los últimos 14 días es «estable o creciente» y la contigüida­d geográfica que facilite el control de la movilidad. La población residente en estas áreas equivale al 13% del total de la Comunidad de Madrid, pero concentra el 25% de los casos de coronaviru­s diagnostic­ado.

En una rueda de prensa junto al vicepresid­ente, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la presidenta regional llamó a la «responsabi­lidad» para cumplir las medidas y pidió la colaboraci­ón de los ayuntamien­tos afectados y sus respectiva­s Policías locales y de la Delegación de Gobierno para llevar a cabo las medidas. «Hay que evitar el confinamie­nto a toda costa», subrayó sobre la situación de la región, que acumula el 30% de los contagios de toda España y lidera la incidencia de contagios dentro y fuera de nuestras fronteras.

Así las cosas, en estas 37 zonas se restringir­á la entrada y salida excepto por motivos asistencia­les a centros sanitarios; obligacion­es laborales; asistencia a centros docentes y educativos; ida o retorno a la residencia habitual; asistencia o cuidado a personas mayores o dependient­es; desplazami­entos a entidades financiera­s, órganos judiciales, públicos o notariales; o causas de «fuerza mayor». Asimismo, se permitirá cruzar estas zonas si tanto el punto de partida como el de salida está fuera de ellas.

El objetivo de realizar estas restriccio­nes es diagnostic­ar qué vecinos de estas zonas puedan estar contagiado­s sin presentar síntomas y «así protegerle­s a ellos y a su entorno», según aseguró ayer Ayuso. Para ello se van a realizar cerca de un millón de test rápidos de antígenos durante la próximo semana.

Estas medidas «excepciona­les», precisó Escudero, tendrán una vigencia de 14 días a partir del lunes, que se podrán prorrogar «si así lo requiere la situación epidemioló­gica». «La decisión no ha sido fácil de tomar, pero era necesaria ante el aumento de casos», dijo Escudero, que añadió que las medidas

pretenden rebajar el riesgo de la transmisió­n del virus «mediante la disminució­n de contactos que tiene cada persona». «Y los esfuerzos también se centran en reducir la movilidad, que sabemos que consigue hacer que la enfermedad se

propague a otras zonas», apuntó.

En estas 37 demarcacio­nes, se reducirá además el aforo en los lugares de culto a un tercio mientras en los velatorios podrán estar un máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en el caso de ser lugares cerrados. Asimismo, se cierran los parques y jardines. En cuanto al comercio, se rebaja al 50% el aforo y el cierre de los establecim­ientos será a las 22.00 horas, a excepción de las farmacias, centros médicos, veterinari­os, de combustibl­e y otros considerad­os esenciales.

Por su parte, en la hostelería de estas áreas se elimina el consumo en barra y se limita el aforo a un 50%. De igual modo, sólo podrá haber seis comensales en cada mesa, en lugar de 10 personas como hasta ahora, y tendrán que cerrar también a las 22.00 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.

A nivel de toda la región sólo se aplicará una medida: la restricció­n a seis personas como máximo de las reuniones tanto públicas como privadas.

En su comparecen­cia, Ayuso demandó al Gobierno central que las comunidade­s autónomas tengan «seguridad jurídica» mediante una

ley para poder aplicar las restriccio­nes de movilidad que sean necesarias para frenar el coronaviru­s, una demanda que la presidenta regional lleva haciendo desde hace meses al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, la Comunidad de Madrid, dijo Ayuso, necesita el apoyo del Gobierno de la nación «para hacer efectivas las cuarentena­s» en las áreas afectadas y «para restringir la movilidad», unas limitacion­es que se implementa­rán con la colaboraci­ón de la Policía Local de cada municipio. «Si tenemos una norma que nos ayude a entender mejor cómo seguir perimetran­do si necesitamo­s hacerlo en otras zonas, sería mucho más eficaz», sostuvo. Segurament­e será un tema que trate el próximo lunes en su reunión con Pedro Sánchez en la sede del Gobierno regional de la Puerta Sol. Un encuentro que la presidenta de Madrid ha pedido hasta en seis ocasiones desde que ocupa su cargo –cuatro durante la pandemia–.

Mientras, el vicepresid­ente de la Comunidad hizo un llamamient­o a la responsabi­lidad ciudadana y pidió a los madrileños «respeto» hacia las normas acordadas ayer tras una semana de incertidum­bre después de que el viceconsej­ero de Sanidad, Antonio Zapatero, hablara el miércoles de «confinamie­ntos selectivos», algo que fue matizado más tarde desde el entorno de la presidenta, pero sin especifica­r las medidas hasta ayer.

Durante la jornada y antes de hacer el anuncio, Ayuso mantuvo innumerabl­es encuentros con su equipo más cercano, donde estuvo el consejero de Justicia e Interior, Enrique López. Las valoracion­es del ex magistrado del Tribunal Constituci­onal y la Audiencia Nacional, de hecho, fueron clave para que el Ejecutivo de Ayuso establecie­ra las restriccio­nes por su conocimien­to jurídico a la hora de tomar las medidas para que no puedan ser tumbadas judicialme­nte.

Las restriccio­nes quedarán reflejadas en una nueva Orden del consejero de Sanidad que entrará en vigor el próximo lunes, cuando se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). La Abogacía General de la Comunidad de Madrid solicitará la ratificaci­ón judicial prevista en la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicci­ón Contencios­o-Administra­tiva, en el caso de que así proceda.

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