El juez imputa a Jorge Fernández y limita la investigación a Interior
Descarta de momento citar a Mª Dolores de Cospedal
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy, deberá comparecer el próximo 30 de octubre como investigado ante el juez Manuel García Castellón por el caso Kitchen, que investiga el espionaje a Luis Bárcenas supuestamente pagado con fondos reservados. El magistrado no la llamado de momento ni a María Dolores de Cospedal ni a su marido, como pedía el fiscal de Anticorrupción. El objetivo del operativo era robar a Bárcenas material comprometido para altos cargos del PP, incluido Rajoy.
Jorge Fernández Díaz, ex titular del Ministerio del Interior, es el primer ministro imputado por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, acordó ayer citarlo como investigado el próximo 30 de octubre en la Operación Kitchen.
En esta causa, se investiga la «operación parapolicial» diseñada desde el departamento de Interior para vigilar al ex tesorero del PP tras confesar éste la financiación irregular de la formación conservadora en la Audiencia Nacional. Según los investigadores, el objetivo que perseguía este operativo era robarle a Bárcenas material comprometido para altos cargos del PP, entre ellos del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Un día antes que a Fernández Díaz, el juez interrogará al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien ya compareció en dos ocasiones en la Audiencia Nacional pero se acogió a su derecho a no declarar al encontrarse la causa bajo secreto de sumario.
En esta ocasión, Martínez, al que se le atribuye indiciariamente una «posición preeminente en la planificación y puesta en marcha» de la Operación Kitchen, está dispuesto a colaborar con la Justicia y explicar todo lo que sabe al juez.
En el auto, notificado ayer, el juez apuntó al Ministerio de Interior como «el órgano desde donde se pudo desplegar» esta operación de espionaje contra Bárcenas que se prolongó entre los años 2013 y 2016 y centró las pesquisas en el departamento que dirigía Fernández Díaz. De ahí que rechazase por el momento imputar a la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Manuel García-Castellón considera por el momento prematuro acordar dichas imputaciones, optando por centrarse en averiguar las órdenes que presuntamente se dieron desde Interior para llevar a cabo una guerra sucia contra el ex tesorero tras confesar que había una caja B en el PP.
En el auto, el magistrado explica que, en línea con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, resulta «necesaria, útil y pertinente» la comparecencia de Fernández Díaz, toda vez que las investigaciones practicadas hasta el momento permiten situar el centro nuclear de la operación en el Ministerio del Interior, «desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad».
El juez añade que así se desprende de los audios registrados al comisario José Manuel Villarejo, así como de los mensajes de móvil incorporados a la causa. A medida que avanzaba la investigación judicial sobre la Operación Kitchen en la Audiencia Nacional, Francisco Martínez tomó una decisión que ha desencadenado en la imputación de su anterior jefe. Protocolizó ante notario los mensajes que se intercambiaron Fernández Díaz y él sobre este dispositivo policial. Uno de ellos, fechado el 18 de octubre de 2013, remitido al ex ministro de Interior decía lo siguiente: «La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así) ese material lo había dado B (en referencia a Bárcenas) a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica. Es decir, que no sería información para que el J (juez) a efectos de su publicación...; es lo que ha dicho, insisto y es muy probable que esa fuera la intención. Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información. Veremos. Te informo». Esos volcados de información los facilitó el comisario Enrique García Castaño.
Por otro lado, García-Castellón considera como un dato importante que pesa contra la ex cúpula del Ministerio en la investigación de esta operación, el pago a Sergio Ríos Esgueva de cantidades mensuales abonadas con cargo a la partida de fondos reservados, lo que según el instructor, «evidencia el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores del organismo». Asimismo, el juez subraya que el hecho de que el chófer de la familia Bárcenas obtuviera una plaza como funcionario de Policía tras superar un proceso de oposición, requería necesariamente de la participación de «cargos con capacidad de influencia suficiente en el Ministerio del Interior».
Según consta en el sumario de esta causa de corrupción, la operación fue sufragada con la partida de fondos reservados. En el espionaje a Luis Bárcenas se gastaron al menos 53.000 euros de dinero público en pagos al chófer del ex tesorero, Sergio Ríos Esgueva, que fue captado como confidente.
Sobre el uso fraudulento de fondos reservados, en el auto se alude a la declaración testifical que prestó en 2019 Miguel Ángel Bayo, agente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, quien expuso las «disfunciones e irregularidades» en la gestión y el control de los fondos que habrían permitido «la utilización ilícita de los mismos tanto para la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como para el enriquecimiento personal de altos mandos policiales».