El Ejecutivo estudia regular el teletrabajo sin pactar con sindicatos y empresarios
Yolanda Díaz se escuda en el empeoramiento de las previsiones económicas para tramitar la ley
El Gobierno de Pedro Sánchez también recurre al decreto ley para regular el teletrabajo. La ministra Yolanda Díaz quiere llevar mañana al Consejo de Ministros la nueva norma, sin debate parlamentario y sin haber recabado el apoyo de los empresarios.
MADRID
El teletrabajo pasará con toda probabilidad desde mañana a ser una realidad integrada expresamente y con detalle en la regulación laboral. El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros el nuevo marco legal para que millones de trabajadores del sector privado y las administraciones públicas puedan acogerse a esta modalidad que permite desarrollar sus actividades fuera del centro de trabajo a aquellos profesionales que lo pacten con sus empresas de manera voluntaria, reversible y sin perder derechos que tienen en el modo presencial.
La ley impulsada por el Gobierno establece que las empresas que no dispongan ya de un acuerdo de trabajo a distancia deberán ponerse ya a ello con sus empleados, si las condiciones de la tarea que desarrollan lo permiten.
Eso sí, cuando la implantación del trabajo sea algo excepcional forzado por la pandemia, como sucedió entre los pasados meses de marzo y junio así como vuelve a suceder ahora en distintos puntos de España, la empresa estará eximida de alcanzar un acuerdo específico con los trabajadores que compute el tiempo mínimo presencial, la entrega de equipos o la compensación de los gastos. Precisamente hoy vence la recomendación realizada por el Gobierno el pasado mes de marzo para fomentar el teletrabajo como vía para salvar la actividad laboral durante la pandemia.
Las condiciones incluyen la obligación de las empresas de facilitar a sus empleados los equipos para trabajar así como el abono de los gastos que supongan, una compensación que se fijará por convenio. Además, regula la flexibilización horaria, la prevención de riesgos laborales en la vivienda de los trabajadores, así como su derecho a la intimidad y desconexión digital.
La norma ha mutado su carácter a la de un Real Decreto Ley cuyos detalles han sido negociados en las últimas semanas para ser rematados hoy en respectivos acuerdos con sindicatos y empresarios. Desde el pasado mes de junio, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha impulsado por la vía urgente la nueva regulación, que finalmente establece que el trabajo a distancia se produce cuando como mínimo un 30% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestada bajo esta modalidad. El periodo de referencia para alcanzar este umbral será de tres meses, es decir, 19 días de trabajo o una media semanal de 1,5 días fuera de la oficina.
Precisamente el umbral a partir del cual se formaliza el teletrabajo ha sido uno de los escollos para alcanzar un acuerdo, ya que los empresarios consideraban que el 20% inicial era excesivamente bajo. De hecho, el pasado jueves empresarios y sindicatos mantuvieron una negociación ajena al Gobierno para tratar de matizar las maneras de aplicar el nuevo marco.
Fuentes conocedoras de este proceso indicaron la semana pasada que, dado lo avanzado del acuerdo, Díaz está dispuesta a llevarlo ya mañana al Consejo de Ministros con independencia del grado de adhesión que aún pueda ganar entre empresarios y sindicatos. Desde el pasado mes de junio, el texto ha pasado de ser un anteproyecto de ley que debía ser debatido antes de entrar en vigor a tomar la forma de un Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia que invertirá este proceso al entrar en vigor para posteriormente poder ser enmendado.
Así como ha contado con el apoyo decidido de los sindicatos, no ha sido lo mismo por el lado de las patronales CEOE y Cepyme, que entienden que es una materia a regular que no precisa la urgencia que exige Díaz. Desde un principio,entre los empresarios ha cundido la idea de que la nueva norma invade facultades de organización del trabajo que les corresponde en sus negocios y otorga mayores poderes a los sindicatos al establecer que el teletrabajo debe ser pactado en todas las empresas con la representación de los trabajadores. En concreto, obvia el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores por el que la dirección de la empresa puede acordar modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo.
Formalmente, las razones con que se justifica esta urgencia son la contracción del PIB y unas proyecciones del Banco de España que, según avanzó el organismo la semana pasada, sólo permitirá retornar a niveles de actividad próximos a los anteriores en 2022. La actual tasa de desempleo, la incertidumbre acerca de la evolución de la pandemia y la retroalimentación de estos factores de incertidumbre sobre los riesgos y debilidades estructurales del mercado de trabajo español son otros de los factores que hacen necesario «potenciar de una manera ordenada, urgente y con garantías el uso del trabajo a distancia».
Así, la nueva ley será aplicable sobre todas las empresas en un plazo de veinte días salvo que tengan convenios en vigencia que regulen el trabajo a distancia. Si es así, deberán aplicarlo cuando dichos convenios se renueven y, en el caso de que los acuerdos no establezcan un plazo de duración concreto, deberán ser aplicados en el plazo de tres años, es decir, en otoño de 2023.