La venganza del Gobierno: retira el fondo de 5.000 millones para los Ayuntamientos
No aparece en el nuevo decreto, que obvia también un fondo para el transporte público
Fue una derrota histórica. El 10 de septiembre, el Congreso tumbó el real decreto del Ministerio de Hacienda sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos por parte de la Administración Central. Se trataba del segundo decreto tumbado en Congreso con Pedro Sánchez en la Presidencia, de los cincos desde la Transición. Tras ese varapalo, cimentado en la rebelión de los alcaldes de 14 partidos políticos, Hacienda prometió rectificar y anunció el fin de la regla de gasto: los municipios podrían gastar unos 3.000 millones de euros de su superávit. Pero ésa no era la exigencia principal de los alcaldes. Su línea roja era la aprobación de un fondo de ayudas por valor de 5.000 millones de euros. Y que no tuviera aparejada la condición de prestar a Hacienda, a cambio, los ahorros de los consistorios (en total, unos 15.000 millones).
Los ayuntamientos rebeldes exigen también que la mayoría de los fondos no estuviese condicionada a la entrega de los remanentes. Entre otras cosas, porque no todos tienen esos ahorros –los que no los tienen suelen ser los que más ayuda necesitan–. Y porque a las autonomías se les han concedido 16.000 millones sin contrapartidas económicas.
Pese a todo esto, el nuevo decreto que ha redactado Hacienda, a cuyo borrador ha tenido acceso EL MUNDO,
no incluye articular un fondo de 5.000 millones que exigen los alcaldes a cambio de entregar a la administración General del Estado sus remanentes. Tampoco expresa un compromiso de hacerlo. Se confirma así la venganza del Gobierno por el no a su primer decreto. Ya entonces, Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo y presidente de la Federación de Municipios, amenazó con que la negativa en el Congreso podría marcar el adiós al fondo. Y aunque el pasado miércoles el propio Caballero matizaba que «no se puede dar por rechazado de forma definitiva» ese fondo, el decreto no lo contempla.
Esto no sólo no rectifica la posición anterior del Gobierno, sino que supone un retroceso, incluso, con respecto al anterior decreto que hablaba de establecer un fondo del 35% de los 15.000 millones de euros en remanentes de los ayuntamientos. Esto es, los 5.000 millones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya se comprometió, antes de perder la votación, que el 60% del fondo de 5.000 millones no tuviera condiciones. Esto es, 3.000 millones. Los alcaldes del PP –que han liderado la negociación–, ERC, Junts per Catalunya o Ciudadanos se negaron, al parecerles insuficiente y falto de otras medidas. El Congreso también se rebeló: 193 diputados votaron no y 156, sí.
Ahora el PP demanda de nuevo que todo ese dinero se desligue de los remanentes, y propone la creación de una comisión parlamentaria «para buscar, en el plazo de seis meses, una solución consensuada que permita en 2021 que las entidades locales puedan usar sus remanentes sin restricciones finalistas en la aplicación de esos fondos». El PP exige una «garantía» de que los ayuntamientos van a participar de los fondos concedidos por la Comisión Europea.
Y cree que es imprescindible elevar las ayudas al transporte público, con un «fondo extraordinario de 400 millones para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte municipales producido durante el estado de alarma». Y que se haga «con cargo a los Presupuestos Generales del Estado».
Preguntado por el nuevo texto, el vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, asegura que «es claramente insuficiente y poco ambicioso para la actual situación de los ayuntamientos y diputaciones». «Estamos abiertos a negociar, pero también pedimos celeridad al ministerio, pues abocan a una situación crítica a los ayuntamientos», añade.
El nuevo decreto elimina la regla de gasto de Cristóbal Montoro y establece la prórroga para 2020 del destino del superávit de 2019 a «inversiones financieramente sostenibles»,
Tras el golpe en el Congreso, Hacienda había prometido una rectificación
«Es insuficiente para la actual situación de los Ayuntamientos», señalan desde el PP
y permite, excepcionalmente, «prorrogar el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles cuyos proyectos se iniciaron en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018».
El artículo 3 permite que, excepcionalmente, los ayuntamientos destinen a «gastos de 2020» parte del superávit de 2019 no utilizado o, de ser superior, el remanente de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 2019. Eso sí, «siempre que mantengan el equilibrio presupuestario al cierre de este ejercicio».
El borrador también establece medidas de apoyo financiero de las Diputaciones, «a municipios con problemas de liquidez o en riesgo financiero». Por último, contiene un adelanto de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. Por un lado, se les habilita crédito «para poder ejecutar la totalidad de los pagos de las entregas a cuenta correspondientes a 2020». Y, por otro, se activan «transferencias a favor de las entidades locales» para pagarles la liquidación definitiva de 2018, y «para poder aplicar los reintegros a cargo de aquellas otras entidades para las que resulten liquidaciones de signo negativo».