Illa retuerce la ley para intentar imponer restricciones a Madrid
• El cierre de Madrid que propuso el Ministerio no alcanzó el« consenso» reglamentaria miente exigido en el Consejo Interterritorial • Pero el ministro dio por aprobadas las medidas en base a un precepto legal que no opera en estos casos
El ministro anuncia sin fecha una orden ministerial «de obligado cumplimiento» para confinar la capital y otros nueve municipios El plan del Gobierno había sido rechazado en el Consejo Interterritorial por Madrid, Galicia Andalucía, Cataluña y Murcia La Comunidad acusa a Illa de mentir y declara que no cumplirá la orden porque la ley dice que debe aprobarse «por consenso»
La pugna entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid vivió ayer otro capítulo tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que iba a analizar el plan de restricciones preparado por Sanidad. Tras la misma, Salvador Illa anunció una orden ministerial «de obligado cumplimimiento» para confinar Madrid y otros nueve municipios de la región. El plan fue rechazado por Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla que se mostraron en contra de las medidas anunciadas. Después, el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, acusó a Illa de mentir y anunció que su Gobierno no cumplirá la orden porque se ha tomado sin consenso.
La reyerta política entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid derivó ayer en un nuevo debate rayano en la mecánica cuántica. El acuerdo para restringir la movilidad en 10 municipios madrileños estaba a la vez aprobado –según el Gobierno– y no aprobado –según las comunidades del PP–. Tal es el grado de complejidad que ha adquirido esta pugna sanitario-jurídica. Que tiene –conviene recordarlo– como telón de fondo los peores datos de la segunda ola de coronavirus toda la UE.
¿Qué ocurrió? En pocas palabras, que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad (el órgano de coordinación entre las consejerías de Salud de las regiones y el Ministerio de Sanidad) votó sin unanimidad sobre las medidas que planteó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para homogeneizar los confinamientos perimetrales de ciudades de más de 100.000 habitantes. Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, Ceuta, Cataluña y Melilla se mostraron en contra. El resto –una amplia mayoría de 12 regiones–, a favor. El documento apuesta por restringir la movilidad de las ciudades de más de 100.000 habitantes en las que haya más de 500 contagios acumulados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, y además tengan una tasa de positivos de PCR superior al 10% de los testados, y se encuentren en una región en la que hay más de un 35% de camas de UCI ocupadas. Requisitos que sólo se cumplen en Madrid, la comunidad con peores datos de España.
Pero, entonces, ¿se ha aprobado el cierre de Madrid? ¿Es forzoso? El ministro dice que sí, que al producirse una mayoría, la decisión es «colegiada» y el acuerdo es firme. Y que lo plasmará en una orden ministerial «en los próximos días» que será «de obligado cumplimiento». Pero ocurre que el reglamento del Consejo Interterritorial asegura, en su artículo 14, que las medidas que se acuerden en sus reuniones son siempre «recomendaciones» que se deben acordar por «consenso». Y «consenso» significa, según el Diccionario de la RAE, «acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros». Todos. Cosa que no ha ocurrido. He ahí la raíz del debate.
Pero no acaban aquí las preguntas. ¿Puede el Gobierno forzar a Madrid a aplicar las medidas? Con la normativa en la mano, y sin una intervención, no. El propio Illa acotó que «corresponde a las comunidades transponer la orden ministerial en sus correspondientes diarios oficiales si se ven afectadas por la decisión colegiada». Y añadió que no contempla que Madrid o cualquiera de las otras regiones que votaron «no» se nieguen a aplicar las medidas. Pero no dijo si intervendrá Madrid en ese caso. Desde el equipo de Díaz Ayuso contestan que es «falso» que sea «una decisión colegiada», y se aferran a la literalidad del reglamento.
Más preguntas. ¿Entonces, en qué se basa Illa para afirmar, categórico, que hay un acuerdo regional? Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el Gobierno sí que puede imponer planes conjuntos a todos sus miembros cuando ejerza tareas de coordinación a toda la Administración General del Estado. Pero el Consejo Interterritorial no está sometido a esa prerrogativa, ya que no tiene categoría de Conferencia Sectorial.
¿Y por qué no tiene esa categoría? Porque el Gobierno no quiso. El equipo de Pedro Sánchez diseñó un real decreto en el mes de junio para que el Consejo Interterritorial funcionase como Conferencia Sectorial y así poder imponer sus resoluciones en materias de coordinación, pero, a los pocos días, dio marcha atrás y no lo presentó. ¿Por qué? Porque los partidos nacionalistas e independentistas no aceptaron que, por real decreto, se le pudieran imponer decisiones desde el Gobierno central
Así que ni el Consejo Interterritorial puede imponer normas de coordinación ni una orden ministerial tiene suficiente rango para forzar a las autonomías a adoptar las medidas «recomendadas».
¿Y el Gobierno, más allá del Consejo Interterritorial, no podría imponer las medidas a Madrid? Sí. Pero tendría que intervenir, de facto, la sanidad de la comunidad. Puede hacerlo de cuatro maneras: aplicando el artículo 155 de la Constitución (cosa descartada por completo), declarando el estado de alarma regional (tampoco está sobre la mesa), o bien utilizando dos leyes que le habilitan a tomar medidas drásticas en situaciones de extrema urgencia.
La primera de ellas es la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, cuyo artículo 65 se especifica que la declaración de «actuaciones coordinadas» como las que se presentaron ayer se deben ratificar en el Consejo Interterritorial excepto en «situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias» por parte de Sanidad y se les informará «de manera urgente de las medidas adoptadas» a las regiones afectadas.
La segunda es la Ley General de Salud Pública: «Corresponde a la autoridad sanitaria estatal (...) la adopción de cuantas medidas de intervención especial en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población, y siempre que la evidencia científica disponible así lo acredite».
MADRID: «NO ES VÁLIDO»
Preguntado por si va a aplicar la orden de Illa, el consejo de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insistió en que ésta «no ha sido aprobada por consenso», por lo que «jurídicamente no es válida». «Ila ha tratado de imponer medidas que van en contra de muchos españoles», afirmó Escudero, que aseguró que Madrid en esta crisis ha actuado con «lealtad y colaboración» y no así el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «No entendemos la imposición, el Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid, no por luchar contra el virus».
Illa señaló: «Ellos mismos dijeron que había un acuerdo. No me corresponde a mí explicar las razones por las que ha habido un cambio de posición». El problema es que fue el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Ciudadanos) el que habló de pacto, y no el PP. Illa añadió: «No contemplo que una decisión colegiada que, además, afecta a la salud pública, no sea llevada a término por la Comunidad de Madrid».
ANDALUCÍA: «ES ARBITRARIO»
La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía votó en contra porque considera que los criterios de Sanidad son «totalmente arbitrarios», informa Teresa López Pavón desde Sevilla. El consejero Jesús Aguirre señaló que «Andalucía ha votado en contra porque este documento ha sido rechazado por los técnicos y expertos andaluces en las ponencias de Salud Pública y Alertas sanitarias que se han reunido esta mañana».
CATALUÑA: «ES PAPEL MOJADO»
La Generalitat asegura que el documento nace de un pacto bilateral con Madrid que ellos no reconocen y que es «papel mojado», porque ellos aplican más medidas. Según Alba Vergés, consellera de Salud catalana, «lo más preocupante, lo más triste, es que Madrid continúa sin actuar».
MURCIA: «ESPERABAN SUMISIÓN»
Murcia votó que «no», tras apuntar una abstención por «error», según fuentes regionales. «La cuestión es que no se puede imponer un plan y presumir de cogobernanza, sobre todo cuando la experiencia está en la gestión de las autonomías que son las que están viviendo el día a día del virus y quienes mejor saben como atajarlo», subrayan desde Murcia. «No puedes plantear un documento cerrado y esperar sumisión, sin escuchar las aportaciones y sugerencias».
GALICIA: «OBVIA PARÁMETROS»
Galicia rechazó la propuesta porque «obvia muchos de los parámetros recogidos en el documento elaborado por el Comité clínico de expertos de la comunidad gallega». El Conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, señaló que Galicia lleva conjugando los datos de «hasta 10 parámetros, con sus correspondientes indicadores».