Pedro Sánchez tolera un nuevo ataque de sus aliados al Rey pero culpa a la oposición
Acusa al PP de inventar «amenazas ficticias» contra la Corona / Batet no lo impide apelando a la libertad de expresión
La ofensiva de la izquierda política contra el Rey llegó ayer al Congreso de los Diputados. La Corona corrió vapuleada de mano en mano –Rufián llegó a decir que el Rey es el 53º diputado de Vox– sin que el presidente del Gobierno ni la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet, hicieran nada para impedirlo. Sánchez, incluso, llegó a culpar a la oposición de los ataques a Felipe VI. El Rey, lo que representa, su labor, la forma de Estado recogida en la Constitución, era el arma arrojadiza que faltaba por utilizar en la batalla política.
Si quedaba un terreno por tantear para el combate, las fuerzas parlamentarias lo patearon ayer con fruición. El Rey, lo que representa, su labor, la forma de Estado recogida en la Constitución, era el arma arrojadiza que faltaba por utilizar en la batalla política y al final estalló como una bomba de racimo en todo el Hemiciclo.
La Corona corrió de mano en mano, lanzándosela unos a otros bajo una catarata de acusaciones e improperios alentada por el silencio del presidente del Gobierno, que evitó defenderla del ataque de sus propios socios, y la pasividad de la presidenta del Congreso que no supo poner freno a un rifirrafe que acabó cayendo en la ofensa a manos del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
Que los populares tenían la intención de asaetear a Sánchez por su permisividad ante el acoso que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, prodigan últimamente a la monarquía y al Rey, era cosa sabida. Que le urgirían a reprobar estas actitudes, también. Lo que no se esperaba es que el presidente del Gobierno se zafara del envite y lanzara los reproches y las culpas como un bumerán contra la oposición.
Pedro Sánchez calificó la lista de reproches que enhebró el líder de la oposición, Pablo Casado, de simples «inventos». «Amenazas ficticias», dijo, en un intento de apartar de un manotazo la acusación de que Felipe VI «maniobra» contra el Gobierno y rompe con su deber de «neutralidad»; el llamamiento de Iglesias a los suyos para arremeter contra la Monarquía y alentar un cambio de régimen que, en su opinión, desea la mayoría social; el acercamiento y las concesiones a formaciones que pretenden la ruptura del Estado o no condenan el terrorismo e, incluso, el cuestionamiento abierto a un poder judicial que, aseguran, está «secuestrado por la derecha» y se ha divorciado de la «legalidad democrática».
Nada hizo mella en el presidente, ni siquiera que Casado le acusara sin tapujos de pretender «subvertir el orden constitucional por la puerta de atrás» al no oponer la más mínima resistencia a los ataques al Jefe del Estado y, además, dar luz verde al secesionismo para que prosiga en su camino de «ruptura democrática».
Para Sánchez todo estos argumentos se resumen en uno: «Provocación» de la derecha a un Gobierno que «protege el presente y el futuro de los españoles» ante un PP que pretende «erigirse en defensor de la Corona» como antes, dijo, «pretendió erigirse en defensor de la unidad de España» y, zanjó: «No vaya por ese camino; ya ve cómo acabamos».
Pablo Iglesias, en el foco de la arremetida parlamentaria, siguió la estela del presidente. Lejos de templar ánimos acusó a los populares de «reivindicar 500 años de Monarquía», incluidos los periodos absolutistas, y no creer que «el fundamento del poder soberano reside en el Parlamento».
Desafiante, aseguró que la derecha «hace mucho daño a la monarquía parlamentaria» porque «la utiliza para escudarse» y la «identifica con sus ideas». Y ya crecido, añadió un consejo como «republicano»: «Le están restando años de vida, no nos quiten el trabajo».
Fue la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la que se enfrentó al vicepresidente segundo con más contundencia echándole en cara su rauda transformación en «miembro de la casta» y que aproveche «el momento de dolor de los ciudadanos y la debilidad del país por la pandemia» para «imponer su agenda sectaria, atacar al Rey e intentar convertir España en una república bananera».
Para entonces, Pedro Sánchez ya había abandonado el Hemiciclo de manera que no presenció la actuación final del portavoz de ERC. Gabriel Rufián entró también al rifirrafe acusando a Felipe VI del ser «el diputado 53 de Vox», un Rey que «sólo ha sido votado por una persona: Francisco Franco».
Las protestas, los gritos y pataleos que suscitaron estas palabras rayanas en la ofensa, a duras penas fueron contenidas por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien, sin embargo, no dudó, frente a la queja formal de Ciudadanos, en ampararlas bajo el socorrido derecho a la libertad de expresión porque, dijo, «no son insultos directos contra nadie».