«Educación está legalizando la ignorancia»
Profesores cargan contra Celaá por permitir obtener el título en ESO y Bachillerato sín límite de suspensos
Los profesores están indignados con el real decreto aprobado el martes por el Gobierno que permite pasar de curso y obtener los títulos de la ESO y Bachillerato sin límite de suspensos. «Se está legalizando la ignorancia», resume José Sánchez Tortosa, profesor de Filosofía de Madrid, que advierte de que la norma «vacía de valor las titulaciones escolares por igualación, ofrece una retórica populista con el cebo de la inclusión y, como consecuencia, deja sin formación académica sólida a los estudiantes sin recursos».
«Pasamos de la devaluación a la degradación final», avisa Andreu Navarra, profesor de Lengua y Literatura de Barcelona, que considera que la medida, que deja en manos de las autonomías los criterios de evaluación, promoción y titulación hasta que acabe la crisis del Covid, sólo echa más leña al fuego del «analfabetismo» en que se encuentran muchos alumnos. «Hay estudiantes de 2º de la ESO que leen con dificultad. Llegan a Bachillerato y no saben buscar el sujeto de una frase. Si bajamos aún más los niveles, tendremos una ciudadanía degradada».
«Este decreto es peor que un aprobado general, porque ningunea la enseñanza, solivianta al profesorado, transmite al alumnado el mensaje de que no sirve de nada esforzarse porque le van a aprobar igual y se va a utilizar para maquillar las estadísticas», expresa Mario Gutiérrez, responsable educativo de CSIF. Este sindicato ha pedido la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, por «ocultar» el texto al Consejo Escolar del Estado, a las autonomías y a los sindicatos.
Hay malestar también en UGT y CCOO, que no entienden por qué, si se reunieron el lunes con el Ministerio, nadie les explicó lo que el Consejo de Ministros iba a aprobar el día siguiente. Censuran que Celaá no haya bajado la ratio en este real decreto, aunque defienden las medidas sobre evaluación, promoción y titulación que en él se recogen dada «la situación excepcional» en la que se encuentra la escuela este curso por el Covid.
Pero la situación es mejor que en primavera, ya que los colegios están abiertos... «No se ha garantizado la presencialidad plena y tenemos a muchos alumnos en semipresencialidad que reciben parte de su enseñanza a distancia», objeta Maribel Loranca, responsable de la Federación de Enseñanza de UGT.
Algunos profesores consideran que el real decreto es una forma del Gobierno de «huir hacia adelante» ante el «fracaso» de «no haber podido garantizar» una presencialidad total en las escuelas. «Prometieron poner un refuerzo educativo para que los alumnos recuperaran las lagunas que tenían del curso anterior y no lo han hecho, como no han dado formación online a los docentes ni han repartido los 500.000 ordenadores que dijeron que iban a enviar, que no llegarán hasta enero. Así que han decidido que se apruebe a todo el mundo», opina Gutiérrez.
El sindicato Anpe habla de «una vulneración del principio de igualdad de oportunidades del alumnado» que generará también «inseguridad jurídica» en los profesores, porque no van a tener respaldo legal a la hora de tomar la decisión de aprobar o suspender a un estudiante. También acusa a Celaá de «dejación de funciones» porque, recuerda, «es competencia del Estado la expedición de títulos académicos, y los criterios de promoción y titulación deberían ser comunes para todo el territorio nacional, como ha ocurrido hasta ahora».
Hasta STES dice que «el Ministerio hace otra vez gala de su falta de liderazgo y traslada a las autonomías una competencia que es suya, porque dejarlo en manos de las CCAA lo único que genera es una gran confusión normativa y una inseguridad jurídica enorme». «Ya se hizo el año pasado y se creó una confusión monumental», recuerda su portavoz, José Ramón Merino.
En la patronal de colegios privados Cicae también creen que «no es positivo que los alumnos reciban a comienzo de curso el mensaje de la promoción a pesar de los suspensos»: «No podemos rebajar el nivel educativo y no podemos permitir que esta generación vea mermada la exigencia para promocionar de curso porque condicionaremos el futuro académico de esos alumnos».