El Gobierno rectifica y abre por sorpresa el grifo del gasto a CCAA y ayuntamientos
• El Gobierno rectifica y abre el grifo a ayuntamientos y comunidades con la suspensión de las reglas fiscales durante dos años • Se ahorra la sensible votación en el Congreso de la senda de déficit en la tramitación de los PGE
Hacienda ha suspendido todas las reglas fiscales para los años 2020 y 2021. La responsable del Ministerio y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció ayer miércoles la medida por la que se activa la cláusula de salvaguarda de la Comisión Europea, y que supone una decisión totalmente «extraordinaria» con la que se tratar de hacer frente a la crisis del coronavirus.
Las consecuencias son numerosas y todas ellas muy relevantes. Por una parte, «quedan sin efectos los objetivos de estabilidad y de deuda pública de 2020 y 2021 y tampoco se aplicará la regla de gasto para esos ejercicios», y el Gobierno ya no tendrá que someter a votación en el Congreso la senda de déficit. Este paso, básico para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), podría generar problemas al Ejecutivo, de modo que Hacienda allana el camino para la tramitación del las cuentas.
Además, «se suspende la exigencia de que comunidades autónomas y entidades destinen sus superávit a amortizar deuda y los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite a las inversiones financieramente sostenibles». Y a todo ello se suma que los ayuntamientos podrán «recurrir a sus remanentes de tesorería para colaborar así en la reconstrucción económica y social», una petición que ha sido realizada en numerosas ocasiones por la entidades locales, que desató un enfrentamiento en el seno de la Femp y que acabó suponiendo un duro revés para el Gobierno en el Congreso cuando trató de sacar adelante un decreto por el que se crearía un fondo de 5.000 millones.
Ahora, tras el fracaso y todo un proceso de enfrentamientos, Hacienda rectifica y con la suspensión de las reglas fiscales permitirá a los ayuntamientos acceder a los hasta 14.000 millones de superávit acumulado. «Era una sinrazón que los ayuntamientos tuviesen dinero en el banco y no lo pudiesen poner al servicio de sus ciudadanos», señaló Montero, que es precisamente el argumento que todas las formaciones políticas plantearon para exigir el uso de los fondos.
En este contexto, comunidades y ayuntamientos contarán con una cantidad muy elevada de recursos para confeccionar sus presupuestos, lo que según Montero servirá para «que las Administraciones puedan poner la totalidad de sus recursos al servicio de los ciudadanos» pero también en un descontrol del gasto y los recursos. Por ello, la ministra apeló a la «responsabilidad» de los diferentes ámbitos en el uso de los recursos y quiso insistir en el compromiso «incuestionable» del Gobierno con la estabilidad presupuestaria, a lo que añadió que su compromiso es el de «reducir el déficit los próximos años».
Sin embargo, no se antoja ni mucho menos descabellado que algunos ayuntamientos y, especialmente, comunidades, dado que su capacidad de inversión es notablemente más elevada, puedan incurrir en grandes gastos que vayan incluso más allá de las necesidades de la crisis. La medida de Hacienda, además, se produjo el mismo día en el que el Banco de España comunicó que la deuda pública repuntó hasta el 110% del Producto Interior Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año, muy cerca del 115% previsto por el Gobierno para este año y que, probablemente, debería revisar al alza.
Es, por supuesto, el dato más elevado de la Historia, suponen 1,29 billones de euros y representa un incremento de 14 puntos respecto al cierre de 2019.