Iglesias, al Supremo por mentir al juez para sacar «ventaja electoral»
García Castellón concluye el ‘caso Dina’ y le atribuye tres delitos: daños, revelación de secretos y denuncia falsa Al ser aforado, remite la investigación al Alto Tribunal: «Vio una oportunidad para lograr un rédito electoral» «Se presentó como víctima
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón concluyó ayer la instrucción del caso Dina con la atribución al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias de los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y de daños informáticos. El magistrado acusa a Iglesias de haber hecho una utilización espuria de la Justicia a través del robo del móvil de su ex asesora Dina Bousselham para sacar «rédito electoral». Al tratarse de un aforado, García Castellón remitió la investigación al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si solicita al Congreso el suplicatorio para continuar con el proceso. Pedro Sánchez respaldó ayer a su vicepresidente, mientras que Pablo Casado pidió su cese inmediato.
«El análisis de los hechos permite concluir que el proceso Dina se usó fraudulentamente por Pablo Iglesias para tratar de lograr algún tipo de ventaja electoral, pese a conocer el carácter falsario de las acusaciones que pretendía sostener (...) Faltó a la verdad con un relato en el que aparecía como víctima de una persecución política», subraya el titular del Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la exposición razonada que remitió ayer al Tribunal Supremo solicitando que abra causa penal contra el vicepresidente del Gobierno.
En la exposición contra Iglesias, adelantada por EL MUNDO, el magistrado sostiene que el líder de Unidas de Podemos pudo cometer presuntamente delitos de denuncia falsa y/o simulación delito, descubrimiento y revelación de secretos –con agravante de género– y delitos de daños informáticos en el denominado caso Dina. El juez acusa al vicepresidente segundo del Ejecutivo de haber hecho una utilización espuria de la Justicia a través del robo del móvil de su ex asesora Dina Bousselham. «Consciente y planificada actuación falsaria desplegada por Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales», reza la resolución.
A lo largo de 63 páginas, GarcíaCastellón hace un análisis exhaustivo de la instrucción de esta pieza separada, cuya instrucción dio ayer por concluida por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declaró su incompetencia para investigar los hechos que no estuvieran relacionados con los negocios opacos del comisario José Manuel Villarejo. En este sentido, el juez explicó que había tratado de agotar al máximo la investigación para no causar indefensión al aforado.
El magistrado relata que bajo las instrucciones dadas por el vicepresidente Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, se disfrazó la desaparición del teléfono de Dina «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo», para publicar en el digital Okdiario, chats de la formación «en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos». Además, el juez cree que la personación como perjudicado en esta pieza separada y su denuncia tenían una finalidad «estrictamente de oportunidad política».
La Audiencia Nacional también considera partícipe de la estrategia de Podemos a la ex coordinadora del equipo jurídico del partido y diputada Gloria Elizo y a los letrados Raúl Carballedo y Marta Flor, quienes habrían actuado de común acuerdo con Pablo Iglesias.
El origen de este procedimiento, explica el magistrado, es el robo del teléfono móvil de Bouselhan el 1 de noviembre de 2015, que contenía una tarjeta de memoria mini SD. De acuerdo con la investigación, el contenido de la tarjeta llegó a manos Villarejo a través del director de la Revista Interviú, Alberto Pozas y el subdirector, Luis Rendueles, quienes a su vez entregaron una copia al director del Grupo Zeta Antonio Asensio, que él mismo entregó a Iglesias en enero de 2016.
Según señala el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, el vicepresidente del Gobierno al recibir la tarjeta SD de Bousselham comprobó que en ella se almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella. «Pese a ello se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015», reza el documento judicial.
El magistrado recoge que «Pablo Iglesias detenta esa tarjeta durante un periodo de tiempo que no ha sido posible determinar. Es, precisamente, durante este tiempo, cuando, en un momento dado, Iglesias con ánimo de dejar la tarjeta inservible para su destino natural, procedió a inutilizar el dispositivo, impidiendo con ello tanto el almacenamiento de la información así como la posibilidad de acceder y recuperar los datos allí guardados». Pero es más, a lo largo de la exposición razonada donde Manuel García-Castellón enumera los indicios «cualificados» contra el aforado, explica que el líder de Podemos sabía de antemano que fue Dina Bousselham quien «envió» las imágenes de los chats internos del partido que aparecieron publicados en Okdiario.
Para el instructor, Iglesias vio en la aparición de los archivos Dina 2 y Dina 3, incautados a Villarejo, «una oportunidad para lograr un rédito electoral» en las elecciones generales del 28-A. «Aparentó ser víctima de una actuación de Villarejo» y ordenó al equipo jurídico de Podemos simular que existía una «conexión material y temporal» entre los archivos del móvil de Bousselham publicados por Okdiario y la desaparición del teléfono de su ex asistente «a sabiendas de la falsedad». Además, el instructor considera a Bousselham y su marido Ricardo Sa Ferreira como autores de un posible delito de falso testimonio. De hecho, a lo largo de su escrito, García-Castellón también destaca como un hecho relevante la comparecencia ante el propio juez,
El juez también pide que sean imputados Dina y su marido por falso testimonio
Acusa a la diputada Elizo y a los abogados de Podemos de concierto con Iglesias
el 26 de marzo de 2019, de Bousselham en calidad de testigo y perjudicada, quien «faltó a la verdad en sus manifestaciones, al igual que hizo su marido tres días más tarde».
«Ambos hechos –la declaración de Dina y su marido y la actuación de Iglesias– se entienden conexos a la actuación desplegada por los servicios jurídicos del partido Podemos para construir ante el órgano judicial un relato coherente con las instrucciones dadas por el secretario General del Partido», concluye el magistrado.
La Sala de lo Penal del Supremo tiene que decidir ahora si abre una investigación a Iglesias y a los abogados Elizo, Carballedo y Marta Flor, además de a Bousselham y su marido por haber actuado de «común acuerdo» con el aforado.
Es altamente probable que antes de decidir sobre esta cuestión, el Supremo dé traslado a la Fiscalía que encabeza la ex ministra de Justicia y fiscal general del Estado Dolores Delgado para que informe sobre la admisión o inadmisión a trámite de la citada exposición razonada. De todos los delitos que el juez atribuye a Iglesias el que mayor quebradero de cabeza le puede suponer es la denuncia falsa o simulación del delito que es independiente de que Bousselham decida actuar penalmente contra su ex jefe o exculparlo.
Además, en otro auto dictado ayer, el juez acordó continuar el procedimiento contra el ex comisario Villarejo, el ex director de Interviú Alberto Pozas y el periodista Rendueles por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, dando 10 días al fiscal y las acusaciones personadas para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.