Irene Montero anuncia por sorpresa que las menores podrán abortar sin consentimiento
Quiere reformar la ley para derogar la revisión que hizo el PP en 2015
Otra vez se abre el debate. Y, con él, la polémica. El derecho al aborto, una de las cuestiones que más discusión suscita en la sociedad y en la que se mezclan sin distinción las ideologías, salta de nuevo a la arena pública de la mano de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ayer anunció en el Congreso de los Diputados la inminente reforma de la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo a fin de derogar la revisión de la misma que aprobó el PP en 2015.
Se trata en definitiva, como explicó escuetamente Montero, de garantizar el derecho de «todas las mujeres a decidir libremente» sobre su cuerpo y su maternidad. Y esto lo que implica es suprimir la obligación que existe actualmente de que las jóvenes de 16 y 17 años que deseen abortar deban contar con la autorización de sus progenitores.
«Nuestros cuerpos son nuestros, nosotras decidimos», afirmó Montero tras asegurar que con los cambios, aún sin concreción, que el Gobierno quiere promover, se conseguirá una excelente herramienta para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres e, incluso, para acabar con la violencia machista.
«Reivindicamos», dijo la ministra, «el derecho a la interrupción del embarazo en condiciones de seguridad». «Reivindicamos», añadió, «como tantas voces verdes y moradas en todos los rincones del mundo, el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y reivindicamos una maternidad libremente decidida y sobre todo una vida sexual plena y libre».
El objetivo principal de este cambio, que preconiza la libertad sin cortapisas de todas las mujeres a abortar, es el de suprimir la obligatoriedad para las menores de edad de contar con el consentimiento paterno si desean interrumpir la gestación.
Es decir, lo que pretende Montero es anular esta disposición, incluida en la ley de Autonomía del Paciente pero que hace referencia expresa al aborto. Una limitación introducida por el Gobierno del PP en 2015 después de que el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo se cobrara incluso el sillón ministerial del titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
La ministra no ha precisado si la reforma que quiere promover el Gobierno afectará también a los plazos y las condiciones que la actual norma contempla para las interrupciones voluntarias del embarazo.
La ley actual, aprobada en 2010 y retocada en 2015, establece la posibilidad de abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación. Y, posteriormente, hasta la semana 22 de embarazo, si se da alguno de los dos supuestos siguientes: que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, o que exista riesgo de graves anomalías en el feto.
Más allá de la vigésimo segunda semana, la ley configura dos supuestos excepcionales de interrupción del embarazo. El primero se refiere a aquellos casos en que se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y, el segundo, a aquellos en los que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.
El anuncio de la ministra de Igualdad pilló desprevenidos a los portavoces de los grupos parlamentarios, que apenas hicieron referencia, en el curso del debate, a los propósitos del Gobierno.
No obstante, desde ERC se dio de antemano «todo el apoyo» a la futura modificación, en tanto que desde Vox se criticó con dureza que se aproveche un momento «doloroso», en plena pandemia, para abrir un debate de este tipo, «impregnado de ideología». También el PNV expresó sus dudas acerca de la oportunidad del anuncio, aunque este partido se muestra conforme con la idea de recuperar sin limitaciones el texto de la ley de 2010 impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
La ministra anunció además durante su comparenecia la aprobación inminente de dos reglamentos en los que se detallarán las guías a seguir por las empresas para diseñar sus planes de igualdad, algo a lo que estarán obligadas todas aquellas que tengan más de 50 trabajadores. En estos planes se tendrá que incluir una media salarial desagregada por sexo a fin de detectar la brecha en los sueldos entre hombres y mujeres.