Sánchez dio la orden «personal» tras negociarla con Iglesias
Un sector del Gobierno cree que se entierra la posibilidad de pacto con el PP L «La decisión fue del presidente exclusivamente»
El presidente accedió a la presión de Podemos para lanzar una reforma del Poder Judicial que elude todos los controles
La coalición y sus socios podrán nombrar un gobierno de los jueces a su medida con solo la mayoría absoluta del Congreso
La maniobra desconcierta a los ministros más moderados y los magistrados de la UE critican el acoso a la independencia judicial
Una decisión «exclusiva» y «personal» del presidente del Gobierno, tras la presión de Pablo Iglesias, llevó ayer al PSOE y a Podemos a registrar en el Congreso una proposición de ley para desbloquear de forma exprés la renovación del CGPJ, rebajando la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara y dejándola en la mitad más uno de los votos. Así, la coalición gubernamental y sus socios podrán nombrar magistrados a su medida en el órgano de gobierno judicial. La excusa del Gobierno es neutralizar el bloqueo del PP a su renovación. Los populares, Ciudadanos y Vox anunciaron que recurrirán esta decisión porque «quiere acabar con la separación de poderes». La maniobra del presidente ha desconcertado a los miembros más moderados del Ejecutivo y ha puesto en guardia a magistrados de la Unión Europea.
Una «decisión exclusiva» y «orden personal» del presidente del Gobierno Pedro Sánchez llevó ayer al PSOE a registrar junto con Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley para reformar de forma exprés la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el objetivo de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de recabar el apoyo de las tres quintas partes de las Cámaras, es decir, de una mayoría cualificada.
Distintas fuentes gubernamentales consultadas por EL MUNDO aluden al «hartazgo» existente en Moncloa por la negativa una y otra vez del Partido Popular a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces si se dota de cuota de representación en este órgano a la formación de Pablo Iglesias. Un bloqueo institucional que en diciembre cumplirá dos años y a raíz del cual Gobierno y oposición se han lanzado todo tipo de acusaciones en las últimas semanas.
Asimismo, desde el sector socialista del Gobierno se destaca la «presión absoluta» ejercida por Podemos para sacar adelante esta maniobra en clara respuesta al veto lanzado por el líder del PP, Pablo Casado, a su formación. Las fuentes consultadas subrayan el papel jugado por Iglesias, quien, al borde de la imputación en el Tribunal Supremo, ha logrado este atajo para reformar la Ley del Poder Judicial. Dichas fuentes hacen hincapié en que sus «presiones» han surtido efecto.
Por otro lado, algunas voces dentro del sector más moderado del Ejecutivo consideran que este movimiento es un «desastre» de cara a pactar la renovación con los populares. «Si había alguna posibilidad de renovación con el PP ya no la hay. Se ha esfumado en las últimas horas», afirman. No en vano una parte del Gobierno apostaba por tratar de reconducir la negociación con Casado cuando se celebrara la moción de censura de Vox. Por su parte, otras fuentes apuntan a que «es evidente» que este movimiento dificulta un pacto con el PP, aunque confían en que se acuerde la renovación antes de que la reforma legal entre en vigor.
Fuentes gubernamentales reticentes a la propuesta de modificación del sistema de elección del Consejo apuntan a que es «letal» tanto la situación de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces ejercida por el PP como poder transmitir a la ciudadanía una imagen de «manoseo de la Justicia».
Además, en algunos miembros del Gobierno llega a suscitar «dudas» que el Tribunal Constitucional validase en un futuro que los miembros de procedencia judicial y los juristas de un mismo órgano fueran designados de acuerdo a mayorías distintas en el Parlamento.
Lo cierto es que con este movimiento el Ejecutivo pretende lavarse las manos haciendo que sean los dos grupos parlamentarios que le sostienen en la Cámara –PSOE y Unidas Podemos– los que, utilizando el instrumento de la proposición de ley, apadrinen la iniciativa de reforma del CGPJ. El hecho de que sean las fuerzas parlamentarias las que presenten, mediante proposición de ley, la iniciativa tiene una trascendencia mayor, ya que ello implica, además de imprimir más velocidad a toda la tramitación legislativa –podría estar aprobada en dos meses–, suprimir la obligatoriedad, que sí ha de cumplirse cuando la propuesta parte del Gobierno, de contar con los preceptivos informes de órganos constitucionales: Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado. Estos informes no son vinculantes pero, en esta ocasión, la posición que pudieran reflejar respecto a las intenciones del Gobierno sería especialmente importante por cuanto estas afectan al propio funcionamiento del Poder Judicial.
Con la propuesta registrada por las fuerzas gubernamentales cada una de las Cámaras elegirá en votación única y por mayoría de tres quintos a seis vocales provenientes de la carrera judicial, pero a esto se añade: «Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se podrá efectuar una nueva votación, 48 horas después, en la que la Cámara
La reforma de la LOPJ podría estar aprobada en el plazo de dos meses
correspondiente elegirá los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta».
Por su parte, el PP y Vox anunciaron ayer que presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra esta modificación legal, mientras que la Judicatura recibió con estupor e indignación la noticia.
Por su parte, el registro de la proposición de Ley pilló por sorpresa a los propios aliados parlamentarios del Ejecutivo, que fueron contactados hace días por el Gobierno para tantear su disposición a modificar la fórmula de elección de los vocales del CGPJ a fin de que no sea necesario ineludiblemente contar para ello con una mayoría cualificada del Congreso, lo que otorga al primer partido de la oposición en estos momentos capacidad de veto sobre el nombramiento de nuevos consejeros.
Todos los aliados de Pedro Sánchez se mostraron de acuerdo, hasLa
ta el punto de llegar a firmar una suerte de manifiesto apoyando la todavía incipiente propuesta. Sin embargo, a partir de ahí el Ejecutivo ha trabajado al margen de sus socios, convencido de que contará con el respaldo firme de todos ellos. De confirmarse finalmente este apoyo, la iniciativa podría contar con hasta 188 votos a favor.
La portavoz parlamentaria del
PSOE, Adriana Lastra, justificó ayer la decisión del Gobierno por la actitud «intransigente y obstruccionista» del Partido Popular. El objetivo es «proteger la institución y asegurar su funcionamiento», aseguró. Esta reforma, añadió, «es equivalente a la que promovió el PP en el 2013 para asegurarse de que el Consejo seguía funcionando si una de las dos Cámaras no cumplía con su obligación de renovar a los miembros del CGPJ».
Por otro lado, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, hizo hincapié en la «necesidad de proteger al Poder Judicial del desprestigio y la falta de legitimidad» que, en su opinión, padece ahora, tras llevar dos años con el mandato caducado.
El anuncio causó «estupor» e «indignación» en la Carrera Judicial