El Gobierno eleva la carga sobre la clase media con la subida fiscal

L A pesar de lo que trata de defender el Gobierno, la subida fiscal que planea va mucho más allá de los «ricos» y «las rentas altas» L El IVA de las bebidas azucaradas, el impuesto a los plásticos o la ‘tasa Tobin’ recaerán sobre el usuario

El Plan Presupuestario enviado a Bruselas, y con el que el Ejecutivo prevé recaudar 9.000 millones, hace recaer esta subida fiscal, sobre todo, en la clase media a través del consumo.

«Este Gobierno no subirá los impuestos a la clase media». Tanto el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han repetido esta frase en incontables ocasiones hasta convertirla casi en un mantra. Pero la realidad es que, como evidencia el Plan Presupuestario que el pasado jueves remitió el Ejecutivo a Bruselas, la clase media sí va a sufrir de manera directa el incremento fiscal que quiere llevar a cabo Hacienda y con el que pretender recaudar más de 9.000 millones en dos años.

La denominada nueva fiscalidad verde es un claro ejemplo. Más allá de sus reconocidos beneficios para el medio ambiente, resulta igualmente indudable que buena parte del incremento de ingresos será soportado por la clase media. Así, el impuesto sobre envases de plástico aportará 491 millones de euros, cifra a la que hay que sumar otros 1.361 millones entre 2020 y 2021 que el Gobierno no detalla pero que incluye en ese mismo epígrafe de fiscalidad verde. Sin embargo, si se atiende a los antecedentes, en este punto podría ir incluido el incremento al gravamen del diésel, medida que nuevamente recaería sobre la clase media.

Algo muy similar ocurre con el «incremento del tipo impositivo en el IVA a las bebidas con azúcares o edulcorantes añadidos», que pasará del 10% al 21%. El Gobierno justifica este aumento como una herramienta para «fomentar hábitos más saludables» y desincentivar el consumo de estos productos, pero al mismo tiempo aportará 400 millones en los dos próximos ejercicios que se antoja complicado salgan sólo de los bolsillos de «los que más tienen».

Numerosísimas han sido ya la advertencias del efecto que tendrá el impuesto sobre determinadas transacciones financieras o Tasa Tobin. El Ejecutivo ya quiso incluir esta figura en anteriores presupuestos, y asociaciones, expertos e incluso algunas entidades financieras ya apuntaron que, de un modo u otro, el recargo se trasladaría al usuario. Y entre esos usuarios hay, sin duda, muchos ciudadanos de clase media que invierten en «acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones». Sus operaciones serán ahora gravadas con un 0,2% y Hacienda estima que recaudará 850 millones.

Tampoco parece ni mucho menos imposible que las empresas afectadas trasladen al usuario la Tasa Google o impuesto sobre determinados servicios digitales, que al igual que la Tasa Tobin ha superado ya la tramitación parlamentaria y entrará en vigor el próximo mes de enero, y con el que el Gobierno espera ingresar 968 millones.

Pero hay más porque el Plan Presupuestario no detalla buena parte de la subida impositiva que planea el Ejecutivo. Fuentes de Hacienda señalan que los cerca de 2.000 millones de euros que suman las medidas en el ámbito de la imposición directa e indirecta forman parte de la negociación entre PSOE y Unidas Podemos, y que se plasmarán en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que la responsable del Ministerio, María Jesús Montero, quiere aprobar en Consejo de Ministros antes de que acabe el presente mes de octubre.

Las conversaciones entre Montero

y el responsable económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, han girado en torno a las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que incluye entre sus consejos el revisar de manera integral la fiscalidad de los planes de pensiones. Esto supone un indudable apoyo para ambas formaciones, que ambicionan desde hace tiempo la eliminación de los beneficios de estos vehículos de ahorro. Y aunque la Autoridad Fiscal aboga más por la apuntada revisión, cualquier modificación o eliminación impactaría sobre los cerca de siete millones y medio de partícipes. «Y en España», apuntan los que defienden la necesidad de no modificar la fiscalidad de los planes, «no hay siete millones y medio de ricos».

Por otra parte, el Gobierno habría decidido aplicar los cambios que pretende llevar a cabo sobre el impuesto de Sociedades ya después de 2021, según informa la agencia EFE. El Ejecutivo quiere aplicar un tipo mínimo del 15% en esta figura, que sería del 18% en el caso de las entidades bancarias y las compañías petroleras. De hecho, Montero ha señalado en varias ocasiones que la gran reforma del impuesto de Sociedades se acometerá a lo largo de la legislatura y no tanto en 2021, y que las medidas económicas que se aprueben no pueden dañar a las empresas ni poner en peligro la inversión. Sin embargo, la ambiciosa recaudación proyectada por el Ejecutivo sí deja una apuerta abierta a que haya modificaciones para este impuesto.

Además, la también portavoz del Gobierno aseguró, en una jornada organizada por el Grupo Prisa, que la normativa europea impide rebajar el IVA de las mascarillas. Esta medida ha sido reclamada por el Partido Popular, Ciudadanos y diferentes colectivos, ante lo que Montero esgrimió que el reglamento a nivel comunitario «prohíbe que se pueda bajar» este impuesto. «No es decisión del Gobierno de España, es una cuestión del reglamento europeo», insistió.

VISTO BUENO DEL PNV

En un ámbito más político, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, apuntó ayer que le parece positivo el esquema de los Presupuestos que le ha planteado Montero, aunque añadió que «quedan cosas por trabajar».

«Hemos hablado y las próximas semanas tendremos que profundizar en los detalles. Tras ponerse de acuerdo los dos partidos del Gobierno [PSOE y Unidas Podemos], me ha presentado cuál sería el esquema o la columna vertebral de los Presupuestos», apuntó Esteban en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia y recogida por Europa Press.

El PNV es un socio indispensable para el Gobierno en la aprobación de los presupuestos, al igual que ya lo fue para el Ejecutivo del PP. De hecho, su voto fue tan crucial para la aprobación de las cuentas de Cristóbal Montoro que todavía siguen vigentes, como para que apenas unos días después saliese adelante la la moción de censura sobre Rajoy.