Justicia paralela
SUCEDE en nuestro país algo inquietante: amparados en la idea de que las sentencias judiciales son susceptibles de crítica siempre que se las acate, como si eso se pudiera elegir, algunos actores políticos se han aficionado a deslegitimarlas en horario de máxima audiencia, acompañando sus grandilocuentes comparecencias de acusaciones a particulares e insinuaciones de prevaricación. Si una sentencia casa mal con la estrategia o el discurso de un partido, sus líderes se dan permiso para arrojar la sombra de la sospecha sobre los jueces, naturalmente sin haber tenido contacto con las pruebas y a menudo sin conocer los argumentos jurídicos expuestos en el fallo. Es ingenuo pedir tal cosa: no se trata de eso. El objetivo es aprovechar la conmoción social que causan los delitos más chocantes para minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, distorsionando la realidad para que se ajuste a la ideología y recoger de paso –si hay suerte– un puñado de votos.
Así pudimos comprobarlo la semana pasada, cuando el moderado Errejón se adentró de lleno en el proceloso terreno que la ministra de Igualdad suele cubrir en régimen de exclusividad. Sus comparecencias fueron deprimentes: no solo acusó de asesinato a un señor de Motril cuya esposa había fallecido por causas naturales, circunstancia que no le libró de ser detenido preventivamente a las primeras de cambio, sino que exigió el indulto para Juana Rivas arguyendo que si secuestró a sus hijos fue para prevenir la violencia del padre contra ellos... a pesar de que en esta larga historia no ha habido rastro alguno de la misma. O sea: los hechos probados deben ceder ante los argumentos prefabricados y que paguen justos por pecadores. Si hay que socavar la presunción de inocencia o difamar a un particular, sometiéndolo a la consiguiente presión social, no se ve cuál es el problema: nadie puede oponerse a que los buenos triunfen sobre los malos.
Todos los partidos políticos han contribuido a tal estado de cosas, aunque unos lo hagan más que otros: ninguno dejó de arremeter contra los jueces cuando La Manada y Vox pide cadena perpetua cada semana. En el caso de Podemos y sus epígonos, la descripción del poder judicial como residuo franquista-patriarcal funciona como resto activo de su fase populista. Víctimas, familiares y falsos culpables son así usados como simples medios para un fin. ¡Todo vale! Pero ya vale.