El Gobierno cargará a partir de abril en la factura lo ahorrado ahora en la luz
El Gobierno presentó ayer un paquete de ocho medidas, distribuidas en cinco bloques, con las que pretende abaratar la factura de la luz en un momento en el que los precios de la electricidad en el mercado mayorista están disparados. La idea es inyectar en el sistema el sobrecoste que obtienen las eléctricas por los derechos de emisión de CO2 y establecer un tope temporal en el precio del gas que los usuarios devolverán en facturas futuras, cuando el sistema no esté tan tensionado.
Tanto la minoración del gas como la redistribución de los beneficios extraordinarios de las eléctricas serán medidas transitorias. El precio del gas es clave en la fijación del precio del mercado mayorista. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que se trata de «actuaciones extraordinarias» enfocadas a redirigir un beneficio «totalmente inesperado» de las compañías para bajar los cargos de la factura final que pagan los contribuyentes. Se establece un suelo de 20 euros por megavatio hora para el gas –el precio medio del sistema ibérico desde que entró en funcionamiento en 2017–, y se incluirá un factor alfa del 0,9 para aumentar la proporcionalidad. Esta medida se aplicará hasta el 31 de marzo de 2022, que es cuando el Gobierno espera que se mitigue la escalada de precios y ahí comenzaría la devolución del dinero a las empresas comercializadoras de la energía.
El sistema, explican desde el organismo, es similar al que se establece actualmente con las bombonas de butano. Así, se lamina una subida del gas que, de no recibir este apoyo, se dispararía hasta un 40% de la tarifa final en octubre. Se amortigua el golpe en los dos próximos trimestres –coincidentes con el invierno y su mayor consumo para climatización– y se acompasa en los posteriores. De este modo, lo que no sube ahora es recuperado por las comercializadoras, que asumen el alto coste del gas en los mercados internacionales, más adelante; a largo plazo.
A grandes rasgos, lo que ocurrirá será que las compañías financiarán transitoriamente la diferencia entre lo que subiría el precio de no aplicarse medidas y lo que va a subir en realidad con ellas. Con el GLP envasado [lo que conocemos como bombona] ocurre lo mismo.
El Gobierno cifra en unos 2.600 millones de euros lo que detraerá a las eléctricas por esta crisis. Al tratarse de un mercado mayorista, la electricidad se vende al precio del último producto en entrar en subasta, que está coincidiendo con un gas en precios récord. Los beneficios extra se desviarán a diversas medidas orientadas a reducir la factura para conseguir el objetivo del Ejecutivo, que es dejarla a final de año al mismo nivel al que terminó 2018. O, lo que es lo mismo, unos 600 euros en el caso del consumidor medio de baja tensión (4,1 kilovatios de potencia contratada y un consumo de 2.500 kilovatios hora al año).
Fuentes del sector consideran que la medida es algo precipitada, ya que no termina de resolver el problema sino que retrasa el pago para un momento de menor tensión. El propio Ejecutivo ha insistido en que estas herramientas no harán que deje de dispararse el precio del megavatio hora, que hoy vuelve a pulverizar su precio máximo y se sitúa en 172,78 euros.
En cualquier caso, las medidas serán tanto transitorias como estructurales. Las fiscales, que Sánchez adelantó en una intervención en TVE, consisten en prolongar la suspensión temporal del impuesto de venta de la producción energética del 7% hasta el 31 de diciembre y reducir el impuesto especial sobre la electricidad del 5,11% al 0,5%. Tendrán un impacto inmediato en la factura, aunque desde la asesoría eléctrica Selectra advierten que «es complicado que con los precios que estamos teniendo estos meses se consiga aplacar lo suficiente como para llegar a tener la factura de 2018», al menos al nivel que busca el Gobierno. «Con los precios de la electricidad tan elevados, aunque multipliques por un 10% en lugar de por un 21%, como la cuantía es muy elevada te sale lo comido por lo servido», explica Laura Carvajal, portavoz de la compañía.
A esto hay que unir un bloque de medidas destinadas a la protección de los consumidores vulnerables por la pobreza energética. Se recoge así la figura del «suministro mínimo vital», que quedará recogido en la ley del sector eléctrico y se define como una potencia de condiciones de confort básicas (3,5 kilovatios). Con esta idea de proteger a los más vulnerables también se aplicará un principio de precaución y se aumenta el periodo en el que no se permite el corte de la luz de cuatro a seis meses sobre la notificación
fehaciente de impago de la factura.
Por otro lado, en lo que respecta a la tarifa del gas natural, se introducirá un tope en la metodología de cálculo de la TUR (tarifa de último recurso). Así, se limita el crecimiento para este trimestre y el primero de 2022 a un 5% en cada caso. Desde el ministerio explican que de no tomarse esta medida subirían entre un 20% y un 40% el próximo trimestre, que coincide con el invierno.
En el bloque dedicado a la reforma del mercado eléctrico se van a activar las subastas de contratos de compra de energía a largo plazo, que se articularán como una obligación de vender energía para los cuatro operadores dominantes en generación (actualmente son Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy) y un derecho de acudir como comprador a estas subastas para consumidores directos en el mercado (grandes grupos que compran energía sin necesidad de intermediarios), comercializadoras con cartera de clientes (no pueden pertenecer a los operadores principales; las cinco empresas de mayor tamaño) y las comercializadoras de referencia. El Real Decreto ya anuncia una subasta antes de final de año.
Por último, un bloque sobre la modificación de la Ley de Aguas para que incluya criterios de utilización racional de los recursos hídricos. Se modifica el artículo 55.2 para incluir nuevos criterios en los embalses de más de 50 hectómetros cúbicos (siempre que su uso no sea abastecimiento, regadío ni otros usos agropecuario). El organismo de la cuenca fijará cada año hidrológico una serie de variables (como caudales mínimos o máximos o una reserva mínima).
Desde el Ministerio reconocen que el sector es propenso a la litigiosidad, por lo que no sorprendería que las eléctricas tomasen sus propias medidas ante el paquete. En cualquier caso, consideran que es robusto jurídicamente, por lo que creen que no se podrían tumbar estas herramientas. Por el momento no ha habido movimientos en este sentido, aunque Foro Nuclear ya anunció en un comunicado que seguir adelante con este plan «abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear».