Moncloa trata de acotar la crisis a la esfera jurídica
El propósito es proteger a la coalición tras la polémica y los choques por la ‘ley del sí es sí’
El Gobierno trata de hacer un control de daños ante la polémica provocada por la proliferación de rebajas de sentencias condenatorias por abusos sexuales tras la entrada en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual. El propósito de Pedro Sánchez es acotar la crisis al ámbito jurídico, trazar una suerte de cortafuegos que amaine el temporal que esta polémica judicial ha desatado en el PSOE, donde se han alzado muchas voces de cargos y líderes territoriales pidiendo modificar la norma. «Es un debate jurídico y se debe resolver con argumentos jurídicos», es la posición que defienden en La Moncloa.
El propósito que se persigue es circunscribir la polémica al ámbito judicial tratando de sacar del foco el político –las posibles deficiencias en la elaboración de la ley; los choques en el seno del Gobierno; la agudización de la pugna en el sector de Unidas Podemos...– en un intento de salvaguardar la coalición. Evitar daños mayores que causen más zozobra y compliquen más ese propósito de llegar unidos a las próximas elecciones. Y, a la vez, apaciguar los ánimos de un partido socialista en el que hacía tiempo que no florecía la crítica de manera coral y clara como en esta ocasión.
El mensaje es el que trasladó hace una semana desde Bali el presidente del Gobierno: confianza en los jueces y los tribunales, dejar trabajar al Tribunal Supremo y a la Fiscalía para que unifiquen doctrina y dejar como ultimísima opción el cambiar la ley. Apartar el choque frontal que se aceleraba con la pretensión manifestada públicamente por cargos gubernamentales y territoriales del PSOE y el rechazo rotundo de Igualdad a cualquier retoque de la normativa.
La estrategia pasa por descargar en el poder Judicial la solución al embrollo jurídico creado por el poder Ejecutivo y el poder Legislativo. «Hay que esperar», era el propósito que se hacían en La Moncloa ante la tempestad desatada. La situación era compleja, pues la norma es una de las banderas de la coalición, que el propio Sánchez ha enarbolado en más de una ocasión. Es más, en los últimos días en Podemos, dentro de la situación delicada, exponían que contaban con el aval del presidente.
Las rebajas de condenas que se han conocido en los últimos días han desatado en el seno de la coalición de Gobierno sino la más importante, sí una de las crisis más importantes que ha vivido. Un asunto que perturba al Gobierno, que admite la «alarma social» y que concede a la oposición un flanco de ataque. El PSOE sabe que en la sesión de control de hoy en el Senado, Alberto Núñez Feijóo empleará esta baza como argumento de desgaste. Será en el contexto de una pregunta parlamentaria, no un debate como los últimos que Pedro Sánchez y el líder, por tanto, un debate más acotado en tiempo y forma. Lo que sí hará el jefe del Ejecutivo es poner el énfasis en defender la norma como una «conquista» de las mujeres, contraponiendo que los avances en derechos y feminismo se consiguen con gobiernos socialistas en La Moncloa y no con el PP. En el Ejecutivo se hará énfasis, además, en que los populares no apoyan estas leyes e, incluso, las recurren al Tribunal Constitucional. El mensaje de respuesta al PP será que el Gobierno está comprometido en «proteger a las víctimas, a las mujeres y a las menores».
Sánchez llegará al debate respirando tras ver como su estrategia recibe algo de oxígeno. Por un lado, ha cesado el fuego amigo, al menos público, en la coalición tras su mediación. Por otro lado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó ayer un decreto para unificar la respuesta de los fiscales en lo que atañe a la revisión de condenas. Su posición avala el mensaje defendido por Igualdad y asumido por La Moncloa: se huye del marco de una rebaja automática de condenas y se dicta que no se modificarán cuando la pena impuesta pueda dictarse con el nuevo marco penal.
Consideran que es un «debate jurídico» y que debe resolverse en ese marco